Por primera vez –luego de un año–, el gobierno federal parece interesado en defender su versión de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Como sabe, luego de un año de permitir que la culpa de la tragedia de Iguala cayera en los hombros del presidente. Luego de un año de dejar que cualquiera –con un par de argumentos improvisados– ponga en duda la investigación de la PGR. Y luego de un año de hacer como que no ven y tampoco escuchan a los críticos del gobierno federal; el Gobierno de la República finalmente responde a sus detractores.

En esta ocasión, la defensa de la “verdad histórica” corrió a cargo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien durante su comparecencia en el Senado dijo que:

• El gobierno federal no busca una verdad oficial que convenga de forma política sino que buscan encontrar simplemente la verdad.
• La investigación sigue abierta para dar con los responsables y no habrá “ni perdón a culpables, ni olvido a las víctimas”.
• Durante este año se han detenido a 111 personas implicadas en el caso de los 43.
• El gobierno y la sociedad se encuentran del mismo lado. El titular de Segob repitió el argumento del presidente Peña en su reunión con los padres de los normalistas.
• Se está definiendo una iniciativa con el objetivo de evitar la colusión entre autoridades y criminales.

Además, en otros temas que lesionaron la imagen del gobierno federal –como la fuga del Chapo Guzmán–, Miguel Osorio expresó:

• Este hecho le costó al país el esfuerzo por parte de las instituciones de seguridad que lo aprehendieron.
• Entre los principales retos a los que se enfrenta el sistema penitenciario se encuentra la recaptura de “El Chapo”.
• “Hoy las instituciones se encuentran coordinadas, comparten información como no se había hecho antes y cuentan con los más avanzados sistemas de inteligencia, son instituciones que funcionan día y noche para aprehender nuevamente a Joaquín Guzmán Loera”.

De acuerdo con información que circula en medios, los partidos políticos ya se repartieron las presidencias de las 56 comisiones ordinarias de San Lázaro.

Es decir, que ya se sabe de qué tamaño será la tajada del pastel de cada una de las bancadas.

Como seguramente sabe, una comisión ordinaria es aquella que se especializa en el análisis y la discusión de temáticas específicas. Por ejemplo, en el Congreso existen comisiones de seguridad pública, de energía, de educación y de otros asuntos relevantes en la agenda nacional.

Sin embargo, a pesar de que muchos políticos han hecho un gran escándalo por el reparto de comisiones, lo cierto es que son pocas las mesas de trabajo que tienen alguna importancia.

Es decir, que de las 56 sólo operarían entre 10 y 15. El resto serían premios de consolación, espacios para la burocracia o premios para algún político afortunado.

Pero, ¿por qué decimos que sólo 10 ó 15 comisiones serían relevantes? Simple, porque ése es el número de grupos de trabajo que sirven como interlocutores con el gobierno federal. Las demás son sólo parte del botín.

Y es que una comisión es, al final del día, un espacio de poder; es fuente de influencia y es un incentivo económico. Después de todo, los diputados que presiden o que pertenecen a una comisión se llevan una tajada extra.

Por eso tantos partidos parecen preocupados por quedarse con el mayor número de espacios. Una vez más se confirma que en el Congreso prevalece la mentalidad del centavismo.

Pero el cochinero no termina aquí.

Además del sobresueldo para los integrantes de una comisión, además de los nulos resultados de la mayoría de las comisiones y además de que sólo una de cada cinco comisiones serviría de algo; existe un escándalo mayor.

Resulta que, por primera vez, llegaron al Congreso un experto en Defensa Nacional y otro en Marina.

Entre las diputaciones plurinominales del PRI destacan la de Virgilio Daniel Méndez Bazán, ex subsecretario de la Defensa Nacional y la de Carlos Federico Quinto Guillén, ex subsecretario de la Marina.

¿Y por qué son relevantes estos nombres?

Porque cualquiera con un poco de sentido común pensaría que los diputados Méndez y Quinto Guillén son los indicados para presidir las comisiones de Defensa Nacional y de Marina.

Sin embargo, todo indica que no será así.

Dicen los que saben que esos botines ya tienen dueño y que esos dueños no serán los ex subsecretarios de Defensa Nacional y Marina.

¡De ese tamaño es la mentalidad de los diputados mexicanos..!

Hace días, el diario estadounidense Wall Street Journal hizo público el temor de que criminales organizados operen definitivamente en el Distrito Federal.

Es decir, que contrario a las versiones de Miguel Mancera, de su Procurador y de su secretario de Seguridad Pública, en la capital del país sí operarían células de carteles criminales.

El asunto cobra relevancia cuando se conoce la detención de Gary Pavel López, uno de los principales distribuidores de droga en la Colonia Condesa.

Y es que –de acuerdo con información oficial–, Gary Pavel López habría comenzado su carrera criminal con la venta de drogas a estudiantes de preparatoria.

De hecho, en 2008, el mismo Gary Pavel López terminó en prisión, luego que lo sorprendieron traficando estupefacientes afuera del CCH Azcapotzalco.

Entre 2008 y el martes pasado –fecha en que lo detuvieron–, Gary Pavel López abandonó la prisión, regresó al tráfico de drogas y se convirtió en uno de los distribuidores de sustancias ilegales más influyentes del cotizado barrio Condesa.

¿Cómo entendemos esta situación?

¿Qué significa que un delincuente pasó de vender droga afuera de una escuela, a la prisión, a la distribución masiva de narcóticos en no más de siete años?

Evidentemente, la ascenso en la cadena criminal de Gary Pável López no se entendería sin la existencia de una sólida cadena criminal en la Ciudad de México.

Es decir, que un criminal –como Gary Pavel López–, no habría pasado de vender estupefacientes en escuelas a ser uno de los mayores distribuidores de droga en la capital del país si no existirá una estructura con cimentos firmes, estrategias definidas y métodos de operación bien establecidos.

Por eso –y a la luz de las revelaciones del Wall Street Journal–, sólo queda preguntar, ¿cuántos delincuentes como Gary Pavel López operan en la capital del país?

¿Cuántos carteristas terminan convertidos en capos de la droga?

¿Cuántos asaltantes de poca monta se “gradúan” de la escuela del crimen y terminan siendo líderes de sus propias bandas de criminales?

Frente a esta información, ¿el jefe de gobierno sigue convencido de que en el Distrito Federal no operan los criminales organizados?

Hace días, el periódico Excélsior publicó que la Confederación de Cámaras Industriales de México —CONCAMIN— tiene la intención de proceder de manera jurídica en contra de los estados y municipios que mantienen adeudos con los empresarios afiliados.

De acuerdo con el mismo diario, los gobiernos locales adeudan 120 mil millones de pesos a cerca de 40 mil proveedores de bienes y servicios.

En consecuencia, si las autoridades no cubren sus pasivos, los industriales están dispuestos a demandar.

Por otro lado, este lunes, el SAT exhibió a los 269 ayuntamientos, cuerpos policíacos y organismos de agua que no han cumplido con sus obligaciones fiscales.

De esta cifra, 249 entidades son gobiernos municipales.

Y para rematar, están los casos de Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Colima, donde los gobernadores salientes —Guillermo Padrés en Sonora, Rodrigo Medina en Nuevo León, Marcos Covarrubias en BCS y Mario Anguiano en Colima–, dejan deudas varias veces mayores a las que encontraron cuando llegaron al poder.

¿Qué significa que las autoridades mexicanas no paguen sus deudas?

En opinión del Doctor Macario Schettino, estamos ante una mala costumbre de los gobiernos: la tendencia a pedir prestado, decir que pagarán y nunca saldar sus pasivos.

En entrevista para La Otra Opinión, Schettino comentó que esta situación orilla a los proveedores del gobierno a incrementar sus precios –previendo que no les pagarán el monto total de las deudas–, y eso, además, aumenta los costos de operación del Estado.

Pero el asunto va más allá, según el economista, el grosero endeudamiento de los estados obedece a la falta de contrapesos en los gobiernos locales. Es decir, que mientras que a nivel federal se han construido diques al otrora poder excesivo del presidente, en las entidades nadie pone un alto a los gobernadores caciques.

De hecho, el mismo Macario Schettino señaló que los empresarios del norte no se enfrentan con las autoridades por temor a perder negocios. Mientras que en el sur, el fenómeno se repite por miedo a perder la vida.

El esquema anterior, señaló el experto, demuestra que las autoridades mexicanas operan igual que hace más de 200 años. Y es que, en los hechos, los gobernadores funcionan igual que hizo Agustín de Iturbide en 1822; es decir, sin contrapesos.

El escenario expuesto podría mejorar, concluyó Schettino, si el Sistema Nacional Anticorrupción funciona como se espera. Es decir, si los gastos estatales llegan a manos de la Auditoría Superior de la Federación, entonces es muy probable que los gobernadores se controlen. De lo contrario, el poder absoluto –y absolutamente corrupto– de los mandos estatales, seguirá convirtiendo en deuda un porcentaje importante de las arcas locales.

Desde hace días circula un video en donde el ex canciller Jorge Castañeda llama a poner un alto a las declaraciones anti-latinos de Donald Trump.

En una modesta grabación, Castañeda censura el silencio del gobierno federal ante los constantes ataques del magnate estadounidense.

Y en ese contexto, Jorge Castañeda invita a un puñado de “mexicanos de excepción” a promover una campaña de spots en medios de Estados Unidos. Según explicó, en estos videos, las y los mexicanos talentosos demostrarían que el señor Trump se equivoca y que en el país existen motivos para estar orgullosos.

Sin duda, el señor Castañeda tiene razón.

Sin duda, en México abundan las historias de éxito.

Y sin duda, Donald Trump se equivoca al menospreciar a los mexicanos.

No obstante, Jorge Castañeda no dice toda la verdad. O si lo prefiere, el ex canciller intenta tomarnos el pelo. ¿Por qué?

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Porque es falso que el gobierno federal ha guardado silencio frente a los ataques de Trump. Por un lado, al gobierno de la República no le corresponde debatir con un empresario que no ocupa un cargo en el gobierno. Por el otro lado, los llamados del presidente en contra del populismo –tanto en el Informe de Gobierno como en la Asamblea General de la ONU–, son cuestionamientos a todo tipo de líderes populistas. Es decir, que también alcanzan a Donald Trump.

Pero eso no es todo, el señor Castañeda también olvida explicar que su campaña no es en contra de Trump sino a favor de Jorge Castañeda.

Y es que podrán decir misa, pero lo cierto es que el ex canciller intenta subirse a un tema controvertido para construir su candidatura independiente a la presidencia de la República.

Después de todo, las leyes a favor de los candidatos independientes, los rumores de una candidatura independiente apoyada por intelectuales y ex funcionarios públicos y el diseño de un escenario que favorezca las candidaturas sin partido son, en buena medida, impulsados por Jorge Castañeda y por sus cercanos.

Por eso, más allá de cuestionar a Trump, lo que Castañeda hace con su video es tratar de sumar adeptos. Y si no, al tiempo.

Hace días, en este espacio, el Doctor Samuel González Ruiz —ex asesor de la ONU—, comentó que Emilio Álvarez Icaza –el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, caería en un conflicto de interés al opinar sobre el caso Iguala y sobre la investigación que realizaron peritos patrocinados por la misma CIDH.

De acuerdo con González Ruiz, el artículo 17, párrafo 2, inciso A del Reglamento de la CIDH dice que “los miembros de la comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la comisión en los siguientes casos: a) si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado”.

Además, González Ruiz sostiene que los vínculos de Álvarez Icaza con organizaciones sociales de Guerrero lo inhabilitarían para pronunciarse al respecto.

En respuesta, el propio Emilio Álvarez Icaza aseguró que no existe conflicto de interés. El titular de la CIDH explicó que el impedimento aplica para comisionados de la OEA y no para el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, James Cavallaro, relator para México y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldó a Álvarez Icaza. Según Cavallaro, existiría un mal manejo mediático de la participación de Emilio Álvarez en el caso Iguala. Y concluyó con que “el reglamento de la Comisión es muy claro en el sentido de que nacionales, cuando son comisionados, no podemos participar en los asuntos de nuestros propios países”.

¿Quién tiene razón?

En entrevista para La Otra Opinión, la Maestra Arlene Ramírez Uresti –académica del Tec de Monterrey–, explicó que el posible conflicto de interés se reduce a un tema de interpretación.

Por un lado, el reglamento de la OEA no fija limitantes específicas al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que como bien señala Álvarez Icaza, la prohibición explícita es para los comisionados. La figura del titular de la dependencia cae en un vacío legal.

Aun así, tomando en cuenta el activismo social de Emilio Álvarez, la Maestra Ramírez Uresti reconoció que él no era la mejor opción para investigar el caso.

No obstante, la Presidencia de la República avaló a los peritos de la CIDH y ese reconocimiento basta para que los análisis del grupo de expertos –así como sus conclusiones– tengan validez.

Finalmente, la especialista expuso que el organismo responsable de validar o invalidar la labor de Álvarez Icaza es la OEA. En otras palabras, que la denuncia de una organización civil o del propio gobierno federal obligaría a la Organización de Estados Americanos a evaluar el escenario y a emitir una opinión. Sin embargo, concluyó la profesora Ramírez Uresti, debido al costo político que esto implicaría, es poco probable que la administración de Enrique Peña decida cuestionar el trabajo de la Comisión.

En este espacio creemos que si bien la ley no menciona –explícitamente– al secretario ejecutivo, la prohibición a los comisionados debería alcanzar al titular de la organización.

Después de todo, los vínculos de Álvarez Icaza con organizaciones civiles, su activismo y la cercanía que mantiene con instituciones directamente relacionadas con el caso Iguala, perfilan un grave conflicto de interés.

Y eso no es todo. Emilio Álvarez Icaza es un mexicano con derechos plenos. O si lo prefiere, que puede votar y ser votado. Por ello, no sería extraño que el titular de la CIDH tenga aspiraciones políticas y aproveche el descrédito del caso Iguala para construir una campaña a algún cargo de elección popular.

Luego de una severa crítica a los que él llama columnistas del poder; luego de referirse a algunos analistas como miembros de una mensajería de élites y luego de asegurar que existen plumas al servicio del gobierno –con el dinero y la información suficientes para “operar ofensivas periodísticas concertadas”–; Agustín Basave también dijo que existe la intención de frenar su llegada a la dirigencia nacional del PRD.

En su colaboración en El Universal, el diputado federal Agustín Basave escribió: “Tengo la impresión de que el gobierno federal no quiere que yo sea presidente del PRD”. Y horas más tarde, ratificó sus dichos en este espacio.

En entrevista para La Otra Opinión, el diputado sugirió que existen paralelismos entre los argumentos de sus detractores. Estas coincidencias, continuó Basave, no serían fortuitas. En realidad, sentenció, existiría una intención política –orquestada desde Los Pinos–, para lesionar su imagen en los previos a la elección interna del PRD.

En opinión del también académico, al evitar que se convierta en el dirigente nacional del PRD, el gobierno federal intentaría anular un escenario de oposición real pues, explicó, en la Presidencia gustan más de partidos sumisos.

Por lo anterior –y tomando en cuenta la trayectoria “antipeñista” de Basave–, el perredista sostiene que habría manos interesadas en bloquear su repentino ascenso a la presidencia del Sol Azteca.

Finalmente, Agustín Basave expuso que, de llegar a la dirigencia del partido, intentará construir puentes con otras agrupaciones y se asegurará de oponerse al gobierno federal. Y es que, a su parecer, la ética y el pragmatismo lo obligan a tomar esa postura. Por un lado, Basave no comulga con las ideas del presidente y por el otro, la impopularidad de la gestión de Peña Nieto lo llevan a asumir una posición contraria a la del gobierno de la República.

Evidentemente, nadie podría afirmar o negar la versión de Basave. Al menos no con certeza. Como él mismo explicó, se trata de una percepción.

Lo cierto es que así como existen elementos para pensar que alguien intentaría evitar que llegue a la dirigencia nacional del PRD, también hay indicios de lo contrario. Tal parece que existen manos y voces interesadas en llevar a Basave a la presidencia nacional del PRD. ¿Por qué?

Porque las modificaciones al estatuto del PRD –realizadas hace semanas por el Consejo Nacional del partido–, fueron un saco a la medida para Basave.

Porque el mismo Agustín Basave reconoció que se trató de medidas que favorecen su proyecto político.

Y porque, hace meses, el Doctor Basave negó tener interés en coordinar la bancada de los diputados amarillos. En esa ocasión dijo que al carecer de militancia en el partido, no tendría la trayectoria para liderar a los legisladores. Meses después, Basave no va por la coordinación de bancada; ahora aspira a dirigir todo el partido, ¿qué cambió?