Hace días, el periódico Excélsior publicó que la Confederación de Cámaras Industriales de México —CONCAMIN— tiene la intención de proceder de manera jurídica en contra de los estados y municipios que mantienen adeudos con los empresarios afiliados.
De acuerdo con el mismo diario, los gobiernos locales adeudan 120 mil millones de pesos a cerca de 40 mil proveedores de bienes y servicios.
En consecuencia, si las autoridades no cubren sus pasivos, los industriales están dispuestos a demandar.
Por otro lado, este lunes, el SAT exhibió a los 269 ayuntamientos, cuerpos policíacos y organismos de agua que no han cumplido con sus obligaciones fiscales.
De esta cifra, 249 entidades son gobiernos municipales.
Y para rematar, están los casos de Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Colima, donde los gobernadores salientes —Guillermo Padrés en Sonora, Rodrigo Medina en Nuevo León, Marcos Covarrubias en BCS y Mario Anguiano en Colima–, dejan deudas varias veces mayores a las que encontraron cuando llegaron al poder.
¿Qué significa que las autoridades mexicanas no paguen sus deudas?
En opinión del Doctor Macario Schettino, estamos ante una mala costumbre de los gobiernos: la tendencia a pedir prestado, decir que pagarán y nunca saldar sus pasivos.
En entrevista para La Otra Opinión, Schettino comentó que esta situación orilla a los proveedores del gobierno a incrementar sus precios –previendo que no les pagarán el monto total de las deudas–, y eso, además, aumenta los costos de operación del Estado.
Pero el asunto va más allá, según el economista, el grosero endeudamiento de los estados obedece a la falta de contrapesos en los gobiernos locales. Es decir, que mientras que a nivel federal se han construido diques al otrora poder excesivo del presidente, en las entidades nadie pone un alto a los gobernadores caciques.
De hecho, el mismo Macario Schettino señaló que los empresarios del norte no se enfrentan con las autoridades por temor a perder negocios. Mientras que en el sur, el fenómeno se repite por miedo a perder la vida.
El esquema anterior, señaló el experto, demuestra que las autoridades mexicanas operan igual que hace más de 200 años. Y es que, en los hechos, los gobernadores funcionan igual que hizo Agustín de Iturbide en 1822; es decir, sin contrapesos.
El escenario expuesto podría mejorar, concluyó Schettino, si el Sistema Nacional Anticorrupción funciona como se espera. Es decir, si los gastos estatales llegan a manos de la Auditoría Superior de la Federación, entonces es muy probable que los gobernadores se controlen. De lo contrario, el poder absoluto –y absolutamente corrupto– de los mandos estatales, seguirá convirtiendo en deuda un porcentaje importante de las arcas locales.
