Según dijo ayer el presidente López Obrador, lo importante en el caso Lozoya es que comparezcan todos los involucrados en la denuncia, que, aseguró, son más de 70, más allá de que avance la judicialización de ese proceso. En la misma lógica, dijo que lo importante es que se mantenga el debate sobre la consulta respecto al juicio a los expresidentes y que la Suprema Corte decida la viabilidad de la misma, una consulta, a todas luces, viciada legalmente de origen.
Todo recuerda, cada vez más, al proceso que encabezó Pablo Chapa Bezanilla en 1995. En un momento de grave crisis económica (la peor que ha sufrido el país, con excepción de la actual), con las repercusiones del levantamiento zapatista, de los asesinatos de Colosio y de Ruiz Massieu, con la ruptura del grupo hegemónico del salinismo, la investigación seguida por el entonces fiscal, Chapa Bezanilla, decidía primero quiénes debían ser los responsables de la crisis y los asesinatos y después armaba las investigaciones para tratar de confirmarlo. No es igual, Chapa llegó a usar como falsa informante a una bruja, mientras la actual administración utiliza a un delincuente confeso, como Emilio Lozoya, pero el espíritu es el mismo. Distracción, ajustes de cuentas políticos y, si se puede, algo de justicia.
Todo esto ocurre mientras nos acercamos a los 600 mil contagios de covid-19 y hemos superado ampliamente las 60 mil muertes, algo que hace apenas dos meses se consideraba un “escenario catastrófico” para el país. El fracaso de la estrategia López-Gatell ya ha sido señalado, formas diplomáticas aparte, incluso por la Organización Panamericana de la Salud. Tres datos, entre muchos otros, son clave para exhibir el desastre: en el país se aplican 4.5 pruebas por cada millón de habitantes, una de las tasas más bajas a nivel global. Los siete estados que no se incorporaron al Insabi tienen mucho mejores cifras de fallecidos sobre el número de contagiados que los que están bajo cuidado del propio Insabi. Y mientras en los grandes hospitales privados, como el ABC o Ángeles, la cifra de defunciones con respecto a los pacientes intubados es de poco menos de 7%, en los del IMSS es del 50 por ciento. Sobran camas, sí, pero porque la gente muere en sus casas porque no hay pruebas suficientes para que muchos lleguen al hospital, sobre todo en el ámbito público.
Si ésta de por sí es una catástrofe social, otra mayor se cierne sobre México: la crisis económica, que sigue profundizándose sin que se adopte alguna medida de contingencia y cuando se habla desde la propia mañanera de una recuperación a todas luces inexistente.
Según el Inegi, la caída del PIB en el segundo trimestre de este año fue la más alta de la historia: un 18.7 por ciento.
Para poner en su dimensión esta cifra y si consideramos que por cada punto que cae el PIB se pierden unos 250 mil empleos, tenemos que, sólo en el segundo trimestre del año se han perdido unos 5 millones de empleos reales. Esta misma semana, el presidente López Obrador, para ejemplificar la recuperación económica, dijo que en agosto se llevaban creados 66 mil empleos. A este ritmo, para recuperar los empleos perdidos en tres meses necesitaríamos poco más de 70 meses, o sea, todo un sexenio, pensando que no aumentara la población económicamente activa.
Tampoco hay inversiones. Al contrario: las empresas mexicanas han invertido este semestre cinco mil millones de dólares, pero en el exterior, un aumento del 316% respecto al año anterior. ¿Qué quiere decir?, que, ante la situación económica y la falta de un programa de recuperación, las inversiones de muchas empresas mexicanas se están haciendo fuera del país, y esto es independiente del alto porcentaje de personas que han pasado sus ahorros a dólares.
El proyecto económico de la administración se apoya en el regreso de Pemex y la CFE como monopolios estatales en la generación de energía e hidrocarburos, desplazando energías limpias y productores privados. Pero lo cierto es que las pérdidas registradas por ambas empresas en lo que va de este año son, sencillamente, inmanejables. Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 44 mil 300 millones de pesos en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, la pérdida acumulada en los primeros seis meses de 2020 es histórica, al ubicarse en más de 606 mil millones de pesos. La producción de la petrolera estatal ha sido, en julio, la más baja de los últimos 40 años.
Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad, en el primer semestre del año, registró pérdidas por más de 95 mil millones de pesos, un 9 mil por ciento más que en 2019, pero, además, firmó una renovación del contrato colectivo de trabajo con su sindicato, el SUTERM, donde reduce el tiempo laboral y la edad de retiro a un costo para la empresa de 161 mil millones de pesos.
Es hora de dejar el show y aplicar un verdadero programa de recuperación económica, sanitaria y de seguridad, basado en una política de concertación y unidad. Lo demás es descabellado.
