Cuando se quiere explicar el grado de impunidad y por ende de violencia, que ejercen los grupos del crimen organizado, de la mano con su penetración en esferas de poder, hay que regresar a algunos casos del pasado que lo explican y son absolutamente actuales. Uno de esos casos es el de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del ex gobernador de Michoacán y actual dirigente de Morena, Leonel Godoy.
Todo empezó un 26 de mayo del 2009, cuando la Policía Federal, entonces al mando de Genaro García Luna, llevó a cabo un operativo en Michoacán, en el que detuvieron, entre otros importantes personajes del gobierno local, incluyendo los mandos de seguridad estatal, a 12 alcaldes por sus vínculos con el crimen organizado. Fue el célebre michoacanazo.
Con ese golpe se desmembraba buena parte de la red de protección política que La Familia había logrado crear en el estado. Había pruebas documentales contra la enorme mayoría de los detenidos, desde testimonios de testigos protegidos hasta intercepción de llamadas telefónicas, así como también confesiones de delincuentes detenidos previamente. Los partidos, en particular el PRD que gobernaba el estado con Leonel Godoy, protestó duramente por la detención de los alcaldes y de otros funcionarios estatales. También, porque se había iniciado proceso contra uno de los medio hermanos del gobernador, Julio César, candidato a diputado federal, cargo al que días después fue electo.
Las presiones partidarias, la increíble inconsistencia de los jueces y otro tipo de “acuerdos”, lograron que con el paso de los meses todos los acusados estuvieran en libertad pese a las pruebas en su contra. El de Julio César fue un caso diferente porque estaba prófugo y había sido electo diputado federal.
Sobre el hermano del gobernador Godoy pesaba una orden de captura por su relación con el líder de la Familia y luego de los Templarios, Servando Gómez, con quien fue grabado mientras éste explicaba cómo financiaba su campaña electoral. Para no ser detenido necesitaba fuero. Por eso, un año después, fue ingresado en forma clandestina a la Cámara de Diputados en la cajuela del automóvil de una legisladora, escondido durante dos días en las oficinas del entonces coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, eludiendo así la acción de la justicia, para que Godoy rindiera protesta como diputado federal, tuviera fuero y no pudiera ser detenido. No sólo eso, el nuevo legislador, acusado de narcotráfico, fue incorporado de inmediato a la comisión de seguridad y justicia de la cámara baja.
El gobierno federal inició una acción de desafuero contra el legislador y en ese contexto, entre otras pruebas, se divulgó una grabación de una de las pláticas que Servando Gómez, La Tuta, mantuvo con Godoy, brindándole apoyo y recursos. Finalmente, Godoy fue desaforado con el voto de 435 legisladores, pero le dio tiempo de escapar y, permaneció prófugo hasta que ahora aparece pidiendo su libertad porque presuntamente ha prescrito el delito por el que se le había librado orden de aprehensión.
En aquel entonces, el PRD sabía, desde antes de las elecciones de julio del 2009, cuando Julio César Godoy fue elegido diputado, de las pruebas que existían en su contra por su relación con el cártel de la Familia. El PRD y el gobernador Godoy decidieron mantenerlo como candidato a pesar de haber tenido acceso a las pruebas que existían en su contra. Pasada la elección y presentada su orden de aprehensión, Julio César Godoy se dio a la fuga, protegido por el partido y el gobierno local, que nunca hizo nada por localizarlo. Un año después decidieron que era hora de darle fuero y lo ingresaron a San Lázaro, lo llevaron al pleno y le tomaron protesta para darle fuero.
Cuando comenzó el proceso de desafuero en la sección instructora se divulgó públicamente una de las grabaciones con Servando Gómez, La Tuta. Había otras 48 grabaciones, muchas de ellas más comprometedoras que la escuchada públicamente, además de otras pruebas testimoniales que hundieron a Godoy. Pero incluso así se le permitió escapar y estar escondido hasta el día de hoy, cuando argumentando que prescribieron sus delitos, demandó el levantamiento de su orden de aprehensión. Seguramente le será concedida, y otra historia de poder, crimen y corrupción quedará impune. Tanto para Godoy como para quienes fueron sus cómplices.
Tabasco: no me quiero meter
Mientras la gente sufre bajo el agua en Tabasco, el gobernador Adán Augusto López acusa de la tragedia a la CFE y a Manuel Bartlett, por el desfogue de la presa Peñitas, al tiempo que también denuncia al actual director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, por una obra realizada como contratista particular en Villahermosa, en el malecón del río Grijalva, que en lugar de con cemento fue rellenada con unicel, provocando filtraciones que amenazan a la capital del estado. Bartlett dice que la acusación “le da risa” y el Presidente asegura que “no se quiere meter en ese tema”. Todo es de pena ajena.
