Desde que surgió el conflicto por la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hemos sido partícipes de la trama de una verdadera telenovela.
Si bien es cierto que de manera inicial López Obrador dijo como candidato que suspendería la obra, la verdad es que conforme avanzaba la campaña, fue matizando su dicho y llegó incluso al extremo de decir que la decisión se revisaría, dando a entender que podría ser susceptible de cambiar.
Más aún, al reunirse con empresarios, López Obrador fue todavía más lejos: afirmó que si se hacía con recursos privados, no había inconveniente para continuar la obra, que consideraba, podría concesionarse.
Tales asertos infundieron confianza en los inversionistas y los trabajos continuaron, pero ganado el proceso electoral, volvió a tomar fuerza la idea de cancelar las obras en Texcoco, debido a las presiones ejercidas por Rioboó y los patrocinadores de López Obrador, que consideraron imposible dejar pasar la oportunidad de medrar al amparo de la figura presidencial.
De esta manera y para no tener que cargar con el costo político proveniente de la determinación de suspender las actividades de construcción, fue que López Obrador, ya presidente electo, mencionó que se efectuaría una consulta popular, para que fuera el pueblo bueno y sabio, quien decidiera que hacer y el pudiera de éste modo, lavarse las manos.
Solo que el presidente electo no consideró el universo ideal de usuarios a consultar: en vez de consultar a especialistas en construcción, aerolíneas, pilotos y viajeros frecuentes, optó con preguntar a gente que en su vida ha abordado una aeronave.
Pero el problema de la consulta no fue solo el universo a encuestar, sino también las formas y los tiempos: primero porque al no tratarse de una autoridad legítimamente constituida, la consulta carecería de legalidad.
En segundo lugar, porque al no ser una institución autorizada por ley para convocarla, los resultados no serían vinculantes.
En tercer lugar, porque no se definieron con criterios precisos los sitios donde serían ubicadas las mesas receptoras de votación, ni la metodología para dar seguridad y certeza a la encuesta.
En resumidas cuentas, la actividad fue una farsa, como demostró que hubiese gente que pudo sufragar en tres y hasta cuatro ocasiones, sin dificultad alguna, lo que demostró la vulnerabilidad del ejercicio y su nulo nivel de confianza.
Si a todo lo anterior, añadimos la promoción que a la opción de Santa Lucía hicieron los personeros de López Obrador, el resultado era por mucho, de pronóstico reservado.
Y el problema de la ubicación del nuevo aeropuerto no radica solamente en la ubicación y en las mayores o menores comodidades de acceso, radica básicamente en las condiciones de seguridad para los usuarios, merced al lugar para edificar sus pistas, sus instalaciones y su orientación, para efecto de calcular las condiciones del viento, situación medular para aterrizajes y despegues, que por si nadie lo había notado, implica la integridad de las vidas humanas involucradas.
Pero todavía más, si consideramos que cancelar las obras de Texcoco puede generar desasosiego e incertidumbre en el empresariado nacional e internacional, podemos decir que estamos ante un parteaguas que defina la viabilidad o el fracaso de un proyecto de gobierno, aún en ciernes.
Hacemos votos para que el presidente López Obrador rectifique. Nadie puede competir exitosamente en una carrera y ganar el certamen, si antes de iniciar la justa, se dispara un balazo en el pie…
Dios, Patria y Libertad
