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VENEZOLANOS PRESOS, SE HIZO JUSTICIA

Como adelantó el portal Letra Roja, los venezolanos Antonio Urbina y Coral Rojas podrían recuperar su libertad en cualquier momento.

Desde hace semanas, en este espacio relatamos la historia de esta pareja, presa injustamente en una cárcel mexicana.

Resulta que Coral y Antonio denunciaron al colegio West Hill por irregularidades en la educación de sus hijos.

No obstante, lo que los sudamericanos no sabían es que atrás de esta institución educativa se encuentran el contratista José Maríoa Riobó y su mujer, la magistrada Yasmín Esquivel Mossa.

Este par movilizó todos los recursos a su disposición con tal de detener y mantener en prisión a Coral y Antonio.

Sin embargo, todo apunta a que los venezolanos pronto recuperarían su libertad.

Según Letra Roja, este jueves hoy le tocó la revisión del amparo 138/2015 en el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal. En dicha revisión se ordenó la libertad de la pareja. Ya sólo se espera la notificación del Juzgado 60 penal del Distrito Federal.

No cabe duda, en ocasiones, la justicia funciona. En este caso, se hizo justicia.

GORDILLO, PRESA POR DECISIÓN POLÍTICA

Como ya se ha comentado, un Tribunal Federal negó la prisión domiciliaria a la señora Elba Esther Gordillo.

De acuerdo con el magistrado Luis Pérez de la Fuente, debido a que la señora Gordillo fue detenida antes de los 70 años –tenía 68–, no podrá gozar del beneficio antes mencionado.

Sin duda, el juez tiene algo de razón. El artículo 55 del Código Penal Federal establece que “cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años de edad, el juez podrá ordenar que la prision preventiva se lleve a cabo en el domicilio”. De modo que, si la señora Gordillo fue detenida a los 68, no podría continuar su sentencia en casa.

Sin embargo, como explicó el Doctor Vicente Fernández a La Otra Opinión, el mismo artículo 55 dice: “una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad, a juicio del juez o tribunal que la imponga de oficio o a peticion de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesario que se compurgue dicha pena”.

Es decir, que el argumento del juez es válido pero insuficiente.

Por eso la pregunta, ¿qué mantiene a Elba Esther Gordillo en prisión?

Aquí creemos que la señora Gordillo sigue en la cárcel por decisión política. Aquí pensamos que la ex lideresa magisterial se convirtió en el preso político de este sexenio. Y aquí dudamos que Elba Esther recupere su libertad, al menos en este sexenio.

De hecho, como también dijo el Doctor Fernández –académico del Tec de Monterrey–, lo que sigue para la señora Gordillo es tratar de ampararse en otro tribunal y, en caso de recibir otra negativa, deberá apelar a otro tribunal colegiado a la misma Suprema Corte de Justicia.

No obstante, concluyó el experto, el proceso podría tomar hasta un año.

En resumen, legalmente, la señora Gordillo debería continuar su sentencia en casa. Sin embargo, todo indica que las presiones política la mantendrán en prisión por una temporada.

AYOTZINAPA; LO IMPERDONABLE

Nadie podría negar que lo ocurrido en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, es imperdonable.

Nadie podría negar que el secuestro y asesinato de 43 estudiantes es imperdonable.

Y nadie podría negar que la colusión de las autoridades municipales y estatales en este crimen es imperdonable.

Tampoco nadie podría estar en contra de la esperanza de encontrar a los 43 estudiantes.

Nadie podría ser ajeno al dolor de los padres de estos jóvenes.

Y nadie podría solapar que una situación parecida se repita. Eso también sería imperdonable.

Sin embargo, sería igualmente imperdonable que la tragedia de 43 jóvenes se convierta en un pretexto para vandalizar, para robar y para destruir propiedad pública.

Sería igualmente imperdonable que la crisis de Iguala se use para secuestrar y cancelar la verdadera educación en una escuela normal.

Sería igualmente imperdonable que la desaparición de 43 estudiantes sirva para dañar instituciones y para destruir la imagen y la credibilidad de la autoridad.

Sería igualmente imperdonable que esta masacre aplaste el futuro de decenas –e incluso centenas– de jóvenes.

Sería igualmente imperdonable que lo ocurrido en Guerrero permita que vividores de la protesta y de la manifestación –como los supuestos expertos de la CIDH y el resto de organizaciones que los arropan–, se llenen los bolsillos de dinero y obtengan raja política.

Eso también sería imperdonable.

¿PADRES DE NORMALISTAS O ACARREADOS?

Este jueves se reunieron el presidente Enrique Peña Nieto y los que dicen ser familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

Al encuentro acudieron 110 personas que dijeron tener relación con los estudiantes desaparecidos.

A su vez, estuvieron presentes los titulares de la secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras dependencias.

Finalmente, al evento también llegaron los peritos del grupo especial de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según se dijo, el presidente escuchó 22 intervenciones. Entre los oradores destacan el grupo de expertos –quienes agradecieron a las autoridades que colaboraron con la investigación y al presidente por instruir que se agregue su informe a la averiguación oficial–; los padres de familia, la procuradora Arely Gómez y el propio Enrique Peña.

Curiosamente, durante el tan anunciado encuentro, en medio de las intervenciones de las víctimas y de las autoridades, algunos de los padres se quedaron dormidos.

Es decir, que la reunión que muchos exigieron durante meses, que el encuentro por el que muchos se rasgaron las vestiduras y la exigencia que tuvo a muchos en las calles… les valió madre.

¿Cómo debemos entender que los supuestos padres de los normalistas, luego de gritar por cielo, mar y tierra que querían ver al presidente, se quedaron dormidos durante la reunión?

Aquí creemos que eso sólo se entiende de una forma: más que familiares de los normalistas, al encuentro con Peña Nieto llegaron acarreados.

Y es que, así como durante los mítines, las giras, las marchas y los bloqueos hemos visto a todo tipo de farsantes que se dicen heridos por la masacre de Iguala pero, en realidad, son sólo vividores de la protesta; todo indica que al encuentro con el presidente acudieron farsantes y acarreados a los que la desaparición de 43 normalistas parece no importar.

Si hacen falta más pruebas de que la supuesta búsqueda de los 43 es una faramalla con tintes políticos, basta revisar las ocho exigencias de los presuntos padres de familia:

  1. Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto.
    • ¿En qué momento alguien ha negado esto?
    • ¿Quién ha puesto en duda que el caso sigue abierto?
    • ¿Acaso alguien, en algún momento, dijo que el asunto estaba resuelto? La respuesta, evidentemente, es no.
  2. Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones.
    • ¿Y la investigación de la PGR?
    • ¿Y los vínculos e intenciones políticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
    • ¿Y la inconsistencias en su reporte?
    • ¿Y las trampas de los mal llamados expertos?
  3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están sus hijos y otra que investigue el montaje con el que se les pretendió engañar.
    • De nueva cuenta, el mismo error: una instancia internacional no está facultada para llevar a cabo la labor de un ministerio público en México. Estos oportunistas exigen que se rompa la ley.
  4. Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de la tecnología.
    • ¿No es eso lo que la PGR hizo desde un inicio?
    • ¿No es eso lo que implica la investigación pericial?
    • ¿No es eso lo que se ha venido haciendo desde el arranque de las investigaciones?
  5. Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de sus compañeros ejecutados extrajudicialmente. Trato digno a las víctimas.
    • ¿Acaso esperan que el Estado reconozca las ejecuciones extrajudiciales?
    • Por donde se vea, esta demanda es una trampa en donde la autoridad queda mal acatando la exigencia o ignorándola.
  6. Respeto a la Normal Rural Raul Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas.
    • ¿De qué otra forma, si no es con una tolerancia excesiva, se explican el año sin clases en la normal, los vehículos secuestrados, los miles de pesos en mercancía robada y las decenas de marchas violentas impunes.
  7. Mecanismo de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos y privacidad.
    • ¿No es eso lo que han hecho la PGR y la Segob?
    • ¿Acaso esperan una línea directa con el presidente?
    • ¡Siguen los absurdos..!
  8. Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México.
    • De nuevo un discurso estéril. Exigencias huecas, sin sentido e imposibles de cumplir. A todas luces, estamos ante las demandas de un grupo que sabe que la autoridad nunca terminará de cumplir lo que piden y que podrán seguir medrando con la tragedia de los 43.

¿Así o más claro? Hace mucho que la autoridad dejó de negociar con los familiares de los normalistas. Hace mucho que los interlocutores en el caso Iguala son vividores del poder. Hace mucho que el gobierno federal se ha dejado engañar. ¿Hasta cuándo permitirá el presidente que le tomen el pelo? ¿Hasta dónde dejarán crecer la mentira?

“Becas” a vagoneros: el fraude de los 23 millones

¿Sabía usted que, en febrero de 2014, el Sistema de Transporte Colectivo Metro –entonces a cargo de Joel Ortega–, y la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal anunciaron un programa de “becas” a vagoneros? ¿Sabía que se destinaron más de 40 millones de pesos para costearlo? ¿Y sabía que nadie en el gobierno de Miguel Ángel Mancera dio cuenta de qué sucedió con las llamadas “becas”?

Aquí va la historia.

El programa, que se dio a conocer dos meses después del aumento a la tarifa del Metro –en diciembre de 2013–, fue un intento del Gobierno capitalino por convencer a los vagoneros de abandonar sus negocios ambulantes al interior de los convoyes del Metro. Además, evidentemente, se buscaba aplacar las críticas. Y es que no pocos dudaron que el incremento de precios se traduciría en una mejora del servicio, como aseguró el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

Fue así que el GDF decidió que uno de los primeros problemas que debían resolver –en el STC Metro– era el del ambulantaje.

Antecedentes

Como seguramente recuerda, los “vagoneros” comenzaron a circular en el Metro durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En cuestión de años, pasaron de ser sujetos “tolerados” –una economía informal y, en muchas ocasiones, ilegal– a dueños ensoberbecidos de vagones y pasillos. Sobran las imágenes que ponen evidencia los abusos de algunos de estos comerciantes. Las golpizas a usuarios y otro tipo de agresiones eran cosa de todos los días. Todo esto frente a una policía amedrentada –y hasta cómplice– por las hordas de vagoneros.

La situación disparó el número de quejas sin que el gobierno en turno –ya fuera el de Mancera o el de Marcelo Ebrard– diera una solución definitiva. Ebrard trató, pero el fracaso se hizo evidente sin que el perredista mostrara voluntad real por atacar el problema. Al final del día, los vagoneros, como el resto de los ambulantes, son clientela electoral.

Los intentos fallidos

Mancera dio el primer paso –uno débil y que, con el tiempo, se confirmó de escasa viabilidad– cuando miembros de su gabinete anunciaron el pomposo “Programa para la integración a la economía de los comerciantes al interior del Sistema Colectivo Metro”.

La dependencia que llevaría a cabo el programa sería la Secretaría de Desarrollo Económico y los recursos provendrían del Sistema de Transporte Colectivo.

Salomón Chertorivski, Secretario de Desarrollo Económico (SEDECO), informó en su momento que el programa buscaba sacar a los vagoneros de las instalaciones del Metro “por solicitudes de los propios usuarios”.

¿Cómo lograrlo?

El plan que estableció el GDF fue capacitar a estos vendedores para que  lograran integrarse a la economía formal y, en consecuencia, liberaran el espacio del que se habían adueñado; para ello, la SEDECO organizaría cursos acompañados por una “beca” de 2 mil 018.70 pesos mensuales para los vagoneros que quisieran tomarlos.

Las críticas no se hicieron esperar. El programa se vio como un intento de soborno a los que desafiaban la ley. Populismo a cargo del erario.

De acuerdo con la solicitud de información 0103000053015 realizada a la SEDECO a través del portal INFOMEXDF, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal no. 1812 se publicó la autorización del programa: el inicio sería el 6 de marzo de 2014 y concluiría el 31 de diciembre del mismo año.

El STC Metro transfirió $40 millones 458 mil 915 pesos a la secretaría a cargo de Chertorivski para que ésta echara a andar el programa. De ese total, se erogaron 23 millones 419 mil 242 pesos entre gastos administrativos y de pago de “becas” mensuales.

Asimismo, el STC Metro entregó a la SEDECO un padrón de 2 mil 689 vendedores ambulantes que operaban en sus instalaciones. El número de inscritos fue sólo de mil 824 personas; sin embargo, la cifra se redujo consistentemente.

El llamado “Programa para la integración a la economía de los comerciantes al interior del Sistema Colectivo Metro” se integró por varios tipos de capacitación. La respuesta a la solicitud número 0103000053015 menciona que hubo tres tipos de capacitaciones:

  • Capacitación para la Autonomía Económica, dividida en dos fases con duración de un mes.
  • Capacitación para el Empleo, dividida en dos fases con duración de tres meses.
  • Capacitación para el Desarrollo de Habilidades gerenciales, dividida en dos fases con duración de tres meses.

No obstante, la solicitud #0103000050615 precisa que, además de estos cursos, hubo uno más de Capacitación para la Constitución  de Cooperativas.

La tabla de respuesta fue la siguiente.

Tablas-capacitación

Por otra parte, el pago de becas –en lo cual se gastaron 14 millones 600 mil 170 pesos– se realizó de forma mensual con montos de 2 mil 018.70 pesos, salvo el primero y último pagos que fueron quincenales y por un monto de mil 9 pesos cada uno. La suma de éstos es de 2 mil 018 pesos, es decir, el equivalente a un mes. Ninguno de los inscritos recibió más de seis “apoyos”.

De acuerdo con la solicitud #0103000050615, mil 824 personas –el total de inscritos– recibieron el primer pago. Pero otra solicitud –con folio 0103000052915– hecha a la misma dependencia revela que fueron 2 mil 516 las personas que recibieron el primer depósito. El número supera la cifra inicial en 742 beneficiarios.

Si las cifras de la solicitud #0103000050615 son correctas, el total erogado por el GDF en el primer depósito –que fue quincenal, como ya se anotó– habría sido de un millón 988 mil 707 pesos. Si, por el contrario, los números de la solicitud #0103000052915 son los reales, el gasto habría sido de dos millones 743 mil 194 pesos. La diferencia es de poco más de 750 mil pesos. ¿Qué pasa con los datos de la SEDECO?, ¿se pagó a ambulantes que no se inscribieron?

El fracaso

El 30 de mayo de 2014, Patricia Mercado, entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, declaró que el GDF actualizaría el padrón de vagoneros y cancelaría la beca a aquéllos que siguieran operando en las instalaciones del Metro. “Si tienes gente que se está capacitando (y) que está en los vagones, lo vamos a revisar porque simplemente si regresan al vagón se acaba el curso y se acaba la beca”.

Esto fue el principio de un fracaso que se iría consumando con el paso de los días.

La respuesta a la solicitud #0103000052915 evidencia una deserción constante de los vendedores que inicialmente se inscribieron al curso.

La primera fase de la capacitación se dio a personas con todas sus capacidades motoras. En ella se inscribieron 2 mil 317 vendedores. La segunda se diseñó especialmente para personas con “capacidades diferentes” y el total de inscritos fue de 249. Es decir, 2 mil 516 beneficiarios en total.

El primer pago de la fase I se realizó el 28 de febrero de 2014 y cayó en las cuentas de 2 mil 317 beneficiarios; marzo vio una disminución considerable de asistentes a los cursos, por lo que el segundo pago sólo llegó a mil 580 personas. Para el 15 de agosto, cuando se realizó el séptimo pago, 529 cobrarían su última “beca”.

 

# de pago Monto Mes de pago Total de depósitos hechos Monto total erogado en pagos
1 1090.30 pesos 2da. quincena de febrero 2317 $2,526,225,10
2 2018.70 pesos Marzo 1580 $3,189,546.00
3 2018.70 pesos Abril 1235 $2,493,094.50
4 2018.70 pesos Mayo 645 $1,302,061.50
5 2018.70 pesos Junio 563 $1,136,528.10
6 2018.70 pesos Julio 539 $1,088,079.30
7 1090.30 pesos 1a. Quincena de Agosto 529 $576,768.70
Total: $12,312,303.20

En la segunda fase, o especial, diseñada para capacitar a personas con capacidades diferentes, los resultados fueron similares.

# de pago Monto Mes de pago Total de depósitos hechos Monto total erogado en pagos
1 1090.30 pesos 2da. quincena de mayo 249 $271,484.70
2 2018.70 pesos Junio 244 $492,562.80
3 2018.70 pesos Julio 237 $478,431.90
4 2018.70 pesos Agosto 184 $371,440.80
5 2018.70 pesos Septiembre 165 $333,085.50
6 2018.70 pesos Octubre 161 $325,010.70
7 1090.30 pesos 1a. quincena de Noviembre 162 $176,628.60
Total: $2,448,645,00

De las tablas se concluye que:

  • En la primera fase, 22.83% de quienes recibieron el primer pago concluyó su capacitación, sin que el gobierno haya anunciado sanción alguna contra los desertores.
  • La fase especial fue concluida por 65% de quienes recibieron el primer pago. Tampoco se supo de sanciones.
  • El gasto total por ambas fases, considerando los números de la solicitud #0103000052915, fue de 14 millones 760 mil 948 pesos, cifra que se aproxima, pero no coincide con la reportada en la solicitud #0103000050615 —14 millones 600 mil 170 pesos. ¿Por qué hay diferencias?, ¿por qué siguen las inconsistencias en números dados por una misma dependencia?

Sin rendición de cuentas

Muchos vieron en el “Programa para la integración a la economía de los comerciantes al interior del Sistema Colectivo Metro” un acto de simulación que estaba destinado al fracaso. Otros lo calificaron de populismo puro. Y algunos más se limitaron a criticar el gasto que pudo evitarse con aplicar la ley. Y, al parecer, todos tenían razón.

Aunque el gasto fue millonario —23 millones 419 mil 242 pesos en total–, el número de deserción fue altísimo y no hubo consecuencias para nadie. ¿Por qué no se exigió a desertores la devolución de recursos?, ¿por qué no se les penalizó de alguna forma a quienes se llevaron dinero público sin cumplir sus compromisos?

Por otro lado, las cuentas que entrega el gobierno son inexactas y poco claras, al tiempo que nadie explica las diferencias de miles de pesos que existen en sus cifras. ¿Por qué la SEDECO entrega información contradictoria?, ¿cuál de todas sus versiones es la real?

Y, en último lugar, todo indica que el gobierno no se tomó el tiempo para medir los resultados del programa. Nadie sabe si los cursos rindieron algún fruto para quienes los tomaron y menos si se cumplió el objetivo: disminuir el número de ambulantes en el Metro. No hubo el menor análisis de resultados.

Tanto el STC Metro, como la SEDECO desconocen el número de “vagoneros” que operan en 2015. La SEDECO responde que esa dependencia operó el programa, pero no se encargó de generar el padrón, que le fue entregado por la gente del STC Metro; por lo tanto, no es parte de sus obligaciones levantar un nuevo padrón. El STC Metro, de igual forma, evade la responsabilidad y asegura que el ente obligado a actualizar el padrón es la Secretaría de Gobierno.

Siguiendo el desorden, el Mtro. Marco Antonio Muñoz Valdez, Gerente de Seguridad Institucional del Metro, responde a la pregunta “Cuántos comerciantes informales al interior del metro se tuvieron registrados hasta el 1 de enero de 2015?” de esta manera.

“…es preciso señalar que está prohibido el ejercicio del comercio informal dentro de las instalaciones de este Organismo, tal y como lo prevé el marco normativo que rige a esta Red de Transporte:

  •         El Derecho de Creación del Sistema de Transporte Colectivo, Artículo 1º.
  •         Reglamento de Transporte del Distrito Federal, Artículo 13 fracción XIV.
  •         Decreto que establece las reglas a que deberá sujetarse la vigilancia de las instalaciones destinadas a la prestación del servicio público de transporte de pasajeros a cargo de los organismos descentralizados denominados Sistema de Transporte Colectivo, Servicio de Transporte Eléctricos y Metrobús y sus inmediaciones; Artículo 1 y 3.
  •         Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (METRO)
  •         Ordenanza de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para la seguridad del Sistema de Transporte Colectivo, presentada por la Comisión de Gobierno; Artículos Tercero, Quinto y Sexto.
  •         Manual de Organización Institucional del Sistema de Transporte Colectivo.
  •         Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

En virtud de lo antes expuesto y por ser una de las facultades de esta Gerencia, se realizan diariamente dispositivos de seguridad a lo largo de toda la Red de Servicio, con personal de vigilancia en conjunto con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objeto de evitar y/o erradicar el comercio ambulante dentro de las instalaciones y/o material rodante; razón por la cual NO se cuenta con registro alguno de comerciantes informales.

Respuesta a la Solicitud de Información con folio 0325000080515.

Así, de acuerdo con las autoridades del STC Metro, no hay un padrón de vagoneros –a pesar de que anteriormente se había reconocido su existencia y de que fue la base para arrancar el programa de “becas”–  porque vender en el metro es ¡ilegal!

Al final, las dependencias del GDF sólo se ponen de acuerdo en una cosa: en que nadie sabe nada del asunto. Excepto, claro, que el gobierno de Miguel Ángel Mancera gastó más de 23 millones de pesos –o los echó a la basura– en un programa que a nadie le importó evaluar.

Anexos:

 

 

 

 



TEXTO E INVESTIGACIÓN, POR DANIEL VARGAS

 

La Otra Opinión sobre Ayotzinapa

En La Otra Opinión, Ricardo Alemán ha dado cuenta de las incongruencias del informe elaborado por el GIEI sobre el caso Ayotzinapa y ha criticado la recepción que distintos medios ha hecho de éste.

Por este motivo, se reproducen íntegramente los textos de Ricardo Alemán sobre el tema.



 

Peña y los 43. ¿quién gana?

24 de septiembre de 2015

Todos saben que hoy se lleva a cabo la reunión de padres de “los 43” y Enrique Peña Nieto. Lo que nadie sabe es la utilidad de esa reunión.

¿Para qué un encuentro entre el presidente y familiares de los 43? ¿Qué beneficio tendrá esa reunión en el esclarecimiento de los hechos? ¿No es sólo un encuentro mediático? ¿No será un ejercicio para medir fuerzas entre Peña y los verdaderos “titiriteros” de los 43?

Las partes podrán decir misa, pero todo apunta a un espectáculo mediático sin utilidad práctica. ¿Por qué?

Porque si bien Enrique Peña es jefe del Ejecutivo, jefe del Estado y del gobierno, además de presidente de los mexicanos, también es cierto que no es Ministerio Público, tampoco Procurador de Justicia y menos juez o ministro de la Corte. Peña Nieto tampoco es perito, forense especializado en incendios y/o desaparecidos, en secuestros y tampoco es mago.

Por tanto, Peña Nieto no puede hacer otra cosa que escuchar a los padres de los normalistas, exigir a las dependencias del Ejecutivo a su cargo que aceleren las indagatorias y preparar el tercer peritaje. Y nada más.

Y frente a esa realidad, la pregunta obliga. ¿Entonces por qué familiares de los 43 quieren una entrevista con Peña Nieto; para qué? Lo cierto es que asistimos a un espectáculo político y a un circo mediático en donde los “titiriteros” de los 43 –entre los que se encuentra Emilio Álvarez Icaza–, quieren enviar el mensaje político de que tienen al gobierno de Peña contra las cuerdas.

¿Para qué y para quién el mensaje? Está claro. A los “titiriteros” de “los 43” no les importa lo que diga el presidente o lo que resulte del encuentro. Lo que buscan es hacer crecer la percepción social de que el de Peña Nieto es un gobierno débil, vencido y culpable de un crimen que –en rigor–, implica de manera directa al PRD, a Morena y AMLO.

¿Y a quien conviene que el de Peña sea visto como un gobierno débil y derrotado? Le conviene a aspirantes presidenciales como AMLO, entre otros.

En el fondo, la reunión entre el presidente y familiares de los 43 será un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque detrás de “los 43” está el grupo radical que calificó a Peña Nieto de “Espurio”, ignorante e inepto. Y porque el grupo que tripula a “los 43” maneja posturas irreductibles. Es decir, nunca aceparán la verdad de lo ocurrido, porque el negocio no es defender la verdad histórica sino medrar con la muerte.

Sin embargo, el escándalo pudiera dar un vuelco si el gobierno federal destapa la cloaca detrás de “Los Emilios”; los amigos Emilio Álvarez Icaza y Emilio Rabasa.

Resulta que desde su posición diplomática, Rabasa es padre de “la brillante idea” de crear un grupo de la CIDH para el caso Iguala. El favor lo recibió con beneplácito su amigo Álvarez Icaza, quien vio la oportunidad de cobrar viejos agravios.

Pero también resulta que al “meter su cuchara” en el caso de “los 43”, Álvarez Icaza no solo violenta el artículo 101.7 del Reglamento del Personal de la OEA –al incurrir en un claro conflicto de interés–, sino que el cochinero alcanza al grupo de dizque expertos de la CIDH.

Y es que entre los “titiriteros” que tripulan a “los 43” y a la CIDH, están Cencos, Alianza Cívica, MPJD, la Open Society, Abogados Democráticos, Centro Prodh y otras organizaciones estrechamente vinculadas con Álvarez Icaza y con algunos de los dizque expertos que hoy estarán con Peña Nieto y con familiares de los normalistas muertos.

¿Hasta cuando el gobierno federal destapará esa cloaca? ¿Quién gana hoy? Al tiempo.

Tomado de El Universal



Los 43: el rentable negocio de la muerte

23 de septiembre de 2015

Resulta no sólo vergonzoso, sino de náusea, que el secuestro y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa se haya convertido en grosero negocio para políticos inescrupulosos que convierten en votos el dolor y la muerte; negocio de pingües bonos económico para dizque “expertos” de la CIDH y supuestos “científicos” argentinos que reclaman su tajada; negocio para vividores de depredadoras ONGs y hasta negocio turístico global para padres de los normalistas.

Y es que a nombre de los normalistas muertos se justifica todo lo imaginable; el saqueo, la depredación, la renta política, los votos de muerte y hasta se promueven venganzas personales. El eslogan de “Los 43” parece que justifica todo lo injustificable, menos la memoria de los normalistas muertos.

En realidad lo más importante para los vividores de esa causa no es el castigo a los culpables y tampoco la manoseada memoria de los estudiantes, sino el jugoso negocio de la manipulación de la muerte.

¿Saben por qué los normalistas fueron secuestrados en Iguala?

Porque antes de ser llevados “al matadero”, los jóvenes ya eran usados como “carne de mitin y protesta” por líderes venales y directivos escolares sinvergüenzas; porque al momento de ingresar a la normal de Ayotzinapa los muchachos ya eran carne de cañón de grupos guerrilleros y bandas del crimen organizado. Incluso en el último momento de su vida los normalistas fueron el pretexto ideal –la manipulación–, entre bandas del crimen organizado como los Rojos y Guerreros Unidos.

Pero los 43 no sólo fueron manipulados antes y durante su muerte. En realidad la memoria y la muerte de los normalistas fue convertida en el mejor negocio de un puñado de vividores de la tragedia y la muerte; los mismos que han manipulado Tlatlaya, el caso Narvarte y muchos otros. ¿Lo dudan?

1.- Paradójicamente y gracias a la manipulación de la muerte de los 43, AMLO –el verdadero culpable de que los Abarca despacharan en la alcaldía de Iguala–, hoy es el verdadero ganador de la muerte de los normalistas.

2.- Y es que igual que hizo con las raterías de Bejarano, Ponce e Imaz, AMLO convirtió el crimen de los 43 en bandera ensangrentada para su causa, a pesar de haber prohijado la tragedia.

3.- Y fue tal el éxito de la estrategia engañabobos diseñada por AMLO –y tal la torpeza del gobierno de Peña Nieto–, que la crisis de los 43 se puede convertir en la tumba de la gestión del mexiquense.

4.- Hoy la causa de “Ayotzinapa” es una bandera ensangrentada que da votos, imagen, credibilidad y prestigio a AMLO y a los radicales de su establo político.

5.- Pero no es el único ganador. Decenas de ONGs se han subido al negocio de la muerte de los 43, porque mantener vivo el engaño del supuesto crimen de Estado significa dinero; significa mantener vivo un negocio de millones de dólares.

6.- Porque mafias como la CNTE y grupos clandestinos como el EPR y otros, tienen en la muerte de los 43 una bandera que explotarán por décadas; que justificará por años el vandalismo, la violencia y la vigencia de rancios grupos clandestinos y sectores radicales.

7.- Porque para cierta prensa la bandera de los 43 es la coartada perfecta para golpear a las instituciones y –con ello–, estirar la mano de la depredación del dinero público.

Pero la causa más jugosa y la manipulación más vergonzosa del manoseo político de “los 43” la veremos en la elección presidencial de 2018.

Y es que así como en 2012 vimos la renta electoral de “la guerra de Calderón”, en 2018 veremos la renta electoral de “los 43”. Al tiempo.

Tomado de El Universal



 

Los 43: ¿no que no? ¡se derrumba la mentira histórica!

17 de septiembre de 2015

Aquí dijimos que el grupo de dizque expertos de la CIDH faltaba a la verdad. Dijimos que engañaban a la sociedad mexicana. Dijimos que el dizque informe sobre los normalistas desaparecidos no tenía nada de científico y dijimos que los supuestos especialistas no eran más que pillos que solo venían por un puñado de dólares.

Dijimos que una revisión puntual del dizque informe permitía concluir que en realidad no informaba nada; que era un documento “engañabobos” y que se había realizado con un claro fin político. Dijimos que desde la directiva de la CIDH el mexicano Emilio Álvarez Icaza vengaba afrentas políticas y que había regalado un informe a modo –elaborado por dizque expertos–, a los enemigos del gobierno de Peña Nieto.

Y dijimos que un informe serio demostraría, tarde o temprano, que los “expertos” de la CIDH no eran ni expertos ni independientes y mucho menos confiables.

Desde entonces –y luego de demostrar que el PRD, Morena y AMLO sabían que en Iguala se disputada el “negocio” del narcotráfico y siempre guardaron silencio–, los perdedores de siempre lanzaron la más feroz campaña de desprestigio, insultos e infamias contra del autor de este espacio.

Pero como no pueden engañar a todos todo el tiempo, ayer una de las instancias más reconocidas del mundo realizó un verdadero informe científico y más pronto de lo esperado confirmó que el dizque informe de los dizque expertos de la CIDH era un documento engañabobos.

Resulta que la Universidad de Innsbruck, Austria, reveló que luego de analizar los restos carbonizados recuperados por la PGR en el basurero de Cocula, confirmó la identidad de otro de los normalistas desaparecidos. El segundo identificado entre las cenizas encontradas en el basurero de Cocula, en donde los farsantes de la CIDH dijeron que no se pudo incinerar a los normalistas.

Se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz, el segundo de los 43 que se encontraba desaparecido. En su momento la misma universidad identificó a Alexander Mora Venancio, cuyos restos carbonizados también fueron arrojados al Río San Juan por los matarifes de la banda de los Guerreros Unidos, luego que los cuerpos de los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Es decir, que asistimos a la segunda confirmación científica, avalada por verdaderos expertos –de la Universidad de Innsbruck–, de que en el basurero de Cocula sí fueron incinerados los normalistas; confirmación de que la verdad histórica de la PGR es correcta y confirmación de que el grupo de dizque expertos de la CIDH no sólo actuaron de mala fe sino que mintieron y engañaron a los mexicanos. Y también se confirma que, por todo eso, los dizque expertos deben ser expulsados del país.

Pero luego del ridículo que hicieron los “expertos” de la CIDH; luego de la vergüenza de los perdedores de siempre –sembradores de odio que apuestan por la destrucción de las instituciones–, las preguntas obligan.

¿Con qué cara los dizque expertos de la CIDH van a seguir en México? ¿No es tiempo de echarlos y exhibir y denunciar ante el mundo que se han prestado para desestabilizar a las instituciones mexicanas?

¿Qué tiene que decir Emilio Álvarez Icaza? ¿La CIDH no va a decir nada sobre el vergonzoso y alevoso proceder de sus “expertos”? ¿Quién va a pagar el descrédito al que sometieron “los expertos” al Estado mexicano, a sus instituciones y al gobierno mexicano?

¿Qué van a decir los “perdedores de siempre” sobre la mentira histórica con la que engañaron a millones de mexicanos?

Al tiempo.

Tomado de El Universal.



 

Los 43, la doble moral del PRD y Morena

16 de septiembre de 2015

A casi un año de la tragedia de Iguala, -que tiene en calidad de desaparecidos a 43 normalistas de Ayotzinapa-, la exigencia de justicia es generalizada.

Y tienen razón todos aquellos que exigen no sólo la aclaración del caso, el castigo a los responsables y también la aparición con vida de los desaparecidos.

Tienen razón todos los que exigen justicia.

Sin embargo, entre buena parte de la clase política de la llamada izquierda e incluso buena parte de la sociedad existe una doble moral que hará difícil, sino es que imposible, aclarar el crimen.

¿A qué nos referimos?

Está claro, para todo aquel que quiera verlo, que la responsabilidad política de la tragedia es de Andrés Manuel López Obrador, en tanto impulsor de la llegada de Abarca a la alcaldía de Iguala. Doble moral.

Está claro que para empezar toda investigación seria del caso lo primero que se tiene que hacer es reconocer la responsabilidad política de las llamadas izquierdas. Lo curioso es que a un año de distancia nadie, ni el PRD, ni Morena, ni AMLO, ni “Los chuchos” han reconocido su responsabilidad. Doble moral.

También es evidente que existe culpa de los gobiernos estatal y municipal. Es decir, que todo el cabildo de Iguala -y no sólo su presidente municipal-, son culpables. Sin embargo sólo están en prisión el alcalde y su esposa. Doble moral.

Otra responsabilidad fundamental es del ex gobernador Ángel Aguirre. Basta recordar que el PRD y Morena, incluso el propio López Obrador, salieron en defensa de Ángel Aguirre -en no pocas ocasiones-, cuando la tragedia ya se había producido. ¿Quién va a castigar la responsabilidad del ex gobernador? Doble moral.

La doble moral no solamente impera en la llamada izquierda y en sus líderes. No, también aparece buena parte de la sociedad. ¿Por qué razón si todos saben que Abarca fue impuesto por AMLO, apoyado por el PRD, nadie quiere aceptar esa responsabilidad? ¿Por qué esa doble moral de buena parte de los ciudadanos que, en lugar de exigir castigo de los culpables políticos como AMLO, Morena y el PRD, hoy gritan que se trata de un crimen de Estado? Doble moral.

Y en el colmo del cinismo en días recientes el ex dirigente del PRD y líder de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, propuso la creación de una fiscalía especial para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas. ¿Por qué Zambrano no propuso una fiscalía apartidista para enjuiciar su gestión, las gestiones anteriores, y el papel de AMLO en el manoseo político electoral de guerrero?

Lo cierto es que en el caso de los 43 impera la doble moral entre la política y la sociedad.

Al tiempo.

Tomado de la Silla Rota



 

Los 43, AMLO y el narco

15 de septiembre de 2015

De los cientos de preguntas que no respondió el Grupo de Expertos de la CIDH, tres son clave en la desaparición y muerte de los normalistas.

1.- ¿Quién impuso a los Abarca en la alcaldía de Iguala?

2.- ¿Nadie detectó vínculos entre el PRD, Morena y el narco?

3.- ¿Nadie investigó al rector de la Normal de Ayotzinapa y a líderes por presuntos vínculos con el crimen organizado?

La primera pregunta la respondimos aquí el 28 de octubre de 2014, cuando probamos que Abarca fue impuesto como alcalde por AMLO. Además, cuando se produjo el crimen, la señora Abarca era precandidata de Morena para sustituir a su esposo en la alcaldía de Iguala.

Nada de eso aparece en la investigación de la CIDH y tampoco la declaración de Jesús Zambrano –formulada el 27 de octubre de 2014–, cuando dijo: “Con el aval de Andrés, Lázaro Mazón impuso a Abarca”. ¿Nada importó a la CIDH? ¿Tenían línea los “investigadores” para no tocar ese tema?

La segunda pregunta la respondimos el 1 de febrero de 2015, en especial ligas de AMLO con el crimen organizado. ¿Lo dudan?

1.- En noviembre de 2014 todo estaba listo para que Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, se convirtiera en candidato de Morena al gobierno estatal. El grupo de Los Chuchos sabía las pillerías y lo denunció ante la PGR. Frente a la denuncia AMLO se quedó callado. La PGR lo detuvo acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

2.- En 2005 AMLO dio su bendición a Juan Ignacio García Zalvidea como alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo. En su gestión “El Chacho” robó a manos llenas y fue preso por peculado y presuntos vínculos con narcotraficantes.

3.- También en Quintana Roo, AMLO impulsó a Greg Sánchez a alcalde de Benito Juárez, quien fue detenido en 2010 por vínculos con los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, y luego de presiones políticas, Greg salió libre, dejó el PRD y se fue al PT. Dijo: “El PT es la verdadera izquierda, el partido que siempre ha arropado a Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha estado con Greg Sánchez luchando hombro con hombro”.

4.- En abril de 2008, en Quintana Roo, Marco Antonio, “El Puma”, Mejía López, director del penal de Benito Juárez, fue detenido por presuntos vínculos con Los Zetas. “El Puma” formó parte del gobierno de AMLO como Subdirector de Operativa y de Servicios. En 2006 fue nombrado coordinador de seguridad en la campaña presidencial del tabasqueño.

5.- En septiembre de 2008, mientras “El Puma” era director del penal, entregó la concesión de alimentos a Rafael Marín Mollinedo, colaborador de AMLO en el GDF. El “negocito” se hizo a petición de Nicolás Mollinedo, el mítico chofer de AMLO. Cuando estalló el escándalo del vínculos con Los Zetas, López no dijo ni pio.

6.- El 23 de septiembre de 2010, la bancada de AMLO presentó al narcodiputado Julio César Godoy. Con la ayuda de Alejandro Encinas, Godoy tomó posesión en San Lázaro y con ello garantizó impunidad. Nadie culpó a AMLO de lo que fue una venganza contra Calderón.

7.- En mayo de 2013, cuatro maestros de la CNTE fueron detenidos por el secuestro de niños oaxaqueños. Los “maestros” secuestraban para financiar al EPR. Según la prensa oaxaqueña, Morena y la CNTE realizaron numerosas manifestaciones para exigir la liberación de los delincuentes.

8.- En diciembre de 2014 Miguel Ángel Almaraz salió de prisión. Almaraz era líder del PRD en Tamaulipas, luego de coordinar la campaña de AMLO en 2006. Fue preso en 2009 por encabezar banda vinculada a Los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina.

¿Y el crimen de Estado? Al tiempo.

Tomado de El Universal



 

Los 43; ¿los mataron por narcos?

14 de septiembre de 2015

El 7 de octubre de 2014 –10 días después del crimen de Iguala–, en el Itinerario Político deslizamos la hipótesis de que algunos líderes de los normalistas estarían vinculados con bandas del narcotráfico. Por eso habrían masacrado a los estudiantes.

La hipótesis provocó que nos lincharan. Hoy, gracias al “Informe” de “expertos” de la CIDH, la versión podría ser probada por la autoridad federal; entre los normalistas había narcos. Va el texto casi integro del Itinerario Político del 7 de octubre de 2014.

“Sin embargo, si apelamos al modus operandi de los hechos ocurridos en Iguala hace diez días, podemos suponer que, en efecto, en la persecución y masacre de los normalistas participó un grupo de sicarios del crimen organizado.

“Y es que los estudiantes que habían secuestrado camiones para regresar de Iguala a Chilpancingo, no fueron victimas de una reprimenda policial, tampoco de un escarmiento ejemplar. No, desde el momento que secuestraron camiones se desató una persecución con la clara intención de matarlos.

“Pero no se quedó en un susto, reprimenda policial o escarmiento ejemplar. No, luego de la persecución y la primera balacera contra estudiantes, un supuesto jefe criminal –presunto pariente del alcalde y del titular de Seguridad Pública–, ordenó el secuestro y posterior masacre de los normalistas.

“Hoy se sabe que desde la primera persecución y balacera, uno de los normalistas no sólo fue alcanzado por las balas, sino desollado y hasta le sacaron los ojos. También se sabe que algunos de los 28 cuerpos localizados en las fosas clandestinas fueron desmembrados, desollados y les sacaron los ojos; además de que les prendieron fuego en la fosa y los sepultaron.

“¿Qué significa que persigan a normalistas, que los maten, que sus cuerpos sean desollados y les saquen los ojos? Ese modo de barbarie es propio de un grupo criminal que sabe que un cuerpo martirizado de esa manera se convierte en un mensaje para sus enemigos. Es mucho más que una venganza.

“Y aquí es donde aparecen los paralelismos. ¿Qué ocurrió cuando desaparecieron los jóvenes del Bar Heaven? Sí, los secuestraron, torturaron y asesinaron, para luego sepultarlos en una fosa clandestina. ¿Y cuál fue el mensaje del crimen? Si hacemos memoria, recordaremos que fue una venganza contra un grupo rival, por una disputa de territorio y por el asesinato de un narcomenudista.

“En el caso de Iguala, en Guerrero, parece claro que si el móvil del crimen hubiese sido político, no habría sido necesario matar a medio centenar de personas; tampoco martirizarlas como lo hicieron los matarifes especializados en causar dolor y miedo. Un mensaje político no requiere de terror y menos de barbarie. También parece claro que si se trató de un intento por calentar la plaza –sea en contra del gobierno estatal, del municipal o de alguno de los grupos clandestinos que cohabitan en Guerrero–, el resultado fue distinto; más que calentar la plaza la incendiaron.

“Pero aparece una duda clave a la que pocos han puesto atención. ¿Qué hacían en Iguala un centenar de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, si su centro de influencia y activismo está en la capital, Chilpancingo? ¿Por qué secuestrar autobuses en Iguala, si los pudieron secuestrar en la capital del estado; en la autopista, en otros municipios?

“Una pista que podría ser la punta de la madeja es que líderes de los normalistas podrían estar involucrados con grupos criminales adversarios a los “Guerreros Unidos”. Y el móvil del crimen colectivo podría ser un ajuste de cuentas entre bandas del narcotrafico. Y los jóvenes serían el mensaje. Al tiempo”. ¿No que no?

Tomado de El Universal



 

Los 43 y la rentable industria del desprestigio

13 de septiembre de 2015

La del desprestigio político, la mentira, el engaño y el odio ya es una de las industrias más rentables en México.

Es una industria que lo mismo tira secretarios de Estado –como el titular de Conagua–, que obliga a la renuncia de jefes de instituciones que no pueden con escándalos provocados por “hijos incómodos” –como el de Profeco–, y hasta crea groseras patrañas como el supuesto ataque a la libertad de expresión, en el crimen de la colonia Narvarte.

Pero la del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio también es una industria rentable para fines políticos, ideológicos y electorales, como el caso de los 43 normalistas secuestrados y presuntamente asesinados.

En éste caso la novedosa industria fue tan eficaz que consiguió lo impensable; hizo responsable al gobierno federal –a los ojos de miles de ciudadanos–, de un crimen como el de Iguala, en donde los verdaderos responsables son los políticos de Morena y del PRD y los culpables son integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, gracias a la eficacia de esa moderna industria, se hizo el milagro de convertir en crimen de Estado un asesinato a manos de matarifes del narcotráfico. Y el éxito de la nueva industria fue tal que hoy el gobierno federal se tambalea a causa de un misil envenenado.

SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN.

Y es que, como saben, la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio tiene en la sensación y la percepción sociales sus principales objetivos; a los que lanza verdaderos obuses envenenados que están muy lejos de la realidad, pero que hacen más daño que la propia realidad.

Además, la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio tiene en la moderna tecnología su principal herramienta de difusión. Nos referimos a las redes sociales. Así, un misil envenenado con odio, mentira o engaño logra el desprestigio social, intelectual, moral y hasta racial de un ciudadano, un político o un gobernante, en cuestión de segundos.

Y no importa la seriedad, la validez o despropósito con el que fue inoculado el misil; no importa si se trata de una patraña, una mentira o un invento contra tal o cual ciudadano, político o servidor público. Lo que importa es que pega directo en la sensación y la percepción sociales y –por ese solo hecho–, el contenido del misil se convierten en realidad; por el sólo hecho de circular en las redes sociales.

De esa manera, para las mayorías ciudadanas –y para los usuarios de redes–, todo lo que circula en las redes es real, verídico y cierto. A pocos les importa verificar la veracidad de lo que se dice en redes. Tiene valor y validez porque lo mueven aquellos que suponen superioridad moral y ética.

Y en el nuevo circo todo marca no solo tendencia entre los usuarios sino que construye sensación y percepción social. Como saben, la sensación es la respuesta a un estímulo, en tanto la percepción es la primera aproximación al conocimiento, a los hechos, las ideas, a través de los sentidos.

DEL FRUADE DE 2006 AL CRIMEN DE ESTADO DE 2015.

De esa manera, una campaña para desprestigiar, debilitar o tratar de tirar adversarios, enemigos, contrincantes u odiados, no requiere más explicación y más prueba que un tuit o un feis salidos de la supuesta o real superioridad moral, política, ética o periodística. Y si tienen dudas, las pruebas abundan.

La noche del 6 de julio de 2006 se construyó uno de los mitos más espectaculares de la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio. Los perdedores de siempre –perdedores en esa elección–, inventaron un supuesto fraude que hoy –gracias a la sensación y la percepción social–, muchos siguen creyendo. Algo parecido ocurrió con la elección de 2012 en donde misiles engañabobos también hablaron de fraude. Hasta hoy nadie ha podido probar dichos fraudes. Todo quedó en percepción estimulada por las redes.

Otro caso de proporciones escalofriantes –estimulado por burócratas del Cisen, hoy despedidos–, es el de Tlatlaya, en donde según el juez de la causa no existe una sola prueba de ejecución extrajudicial pero que no dictamina por temor al juicio mediático. Resulta que Militares enfrentaron a criminales, a los que mataron, pero hoy los uniformados son culpables mientras familiares de los verdaderos criminales piden indemnización.

También producto de una venganza política fue el juicio mediático contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio aniquiló, sin contar con una sola prueba. La misma industria del descrédito fue empleada a favor de la conductora despedida por MVS, quien pretendía convertirse en víctima y hasta trató de cobrar una fuerte indemnización, gracias a un mecanismo similar; el de la victimización.

LOS 43 Y EL GOBIERNO PARALIZADO.

Pero el caso más exitoso de la industrias del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio es el de los normalistas de Ayotzinapa. Todos saben que el alcalde de Iguala fue impuesto por AMLO y por el PRD. Todos saben que la responsabilidad legal es del municipio y del gobierno perredista de Guerrero. Pero hoy muchos no solo crucifican al gobierno federal sino que acusan que se trató de un crimen de Estado.

¿Por qué razón se llegó a un estado de cosas que parece de locos?

1.- Porque la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio –que está en manos del México bueno, ese que tiene en AMLO a su mesías–, ha tenido un éxito rotundo; porque esa industria no solo es boyante sino que parece incontenible y porque es una industria que se prepara para su mayor éxito; 2018.

2.- Porque el gobierno federal, los gobiernos estatales y los partidos políticos no solo son ignorantes de una tecnología y una metodología que no entienden y no quieren entender, sino que no se han dado cuenta que viven la metáfora de la rana y el agua tibia.

3.- Porque el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó rotundamente en la estrategia de contención de la industria del desprestigio. Y fracasó porque no existe una real estrategia de redes sociales y porque sus voceros no entienden que no entienden nada de control de daños.

Basta ver la reacción del gobierno federal desde el momento que se produjo la tragedia de Iguala, hasta hoy, para entender que son error tras error, lo que ya es un horror.

A lo largo de un año nadie ha podido explicar a la sociedad que el gobierno estatal y municipal son responsables, que el crimen organizado es culpable y que no es un crimen de Estado.

Y si no pueden con eso, menos pueden con la nueva y exitosa industria. Al tiempo.

Tomado de El Universal



 

Ilegal y hasta delictivo el informe de “expertos”

9 de septiembre de 2015

Está claro que el gobierno mexicano solicitó la intervención de la CIDH para esclarecer el crimen de normalistas en Iguala, lo que confirma la debilidad del Estado.

Es claro que el grupo de expertos tienen el aval de la CIDH para encontrar la verdad en la desaparición de los jovenes, lo que habla del descrédito de los expertos mexicanos en la materia.

Pero lo que no queda claro son las facultades legales que ampararon entrevistas e interrogatorios a testigos y actores de los hechos –motivo de una averiguación previa–, que realizaron los “expertos” foráneos.

¿Con qué fundamentos legales –nacionales y/o internacionales–, los “expertos” o “peritos” recabaron las testimoniales? ¿Qué valor jurídico tiene la prueba testimonial en un dictamen pericial como el del GIEI? ¿Con qué facultades actuaron y actúan “expertos” y/o “peritos” de la GIEI, que en los hechos asumieron facultades de Ministerio Público o Juez?

Para empezar, se debe aclarar que todo peritaje es un dictamen que se sustenta en consideraciones y conclusiones. Y si el peritaje no se ajusta a reglas legales y principios internacionales, sus consideraciones y conclusiones son irrelevantes.

Además, todo dictamen pericial –independiente de su naturaleza o materia–, no se sustenta ni se puede sustentar en la prueba testimonial o en declaraciones. La testimonial –por su propia naturaleza jurídica–, no es congruente con la pericia, la ciencia o la técnica a que está sujeta toda prueba pericial.

Y viene a cuento porque en el “informe” de “expertos” y/ o “peritos” “independientes” del GIEI, más del 90% de las valoraciones son producto de entrevistas a testigos, de especulaciones, interpretacion de hechos, recortes de prensa, supuestos, creencias y hasta rumores. ¿Y eso qué significa?

1.- Que tomar declaraciones de personas, especular o dar por ciertos rumores, no es científico y tampoco tiene rigor técnico.

2.- Que los dictámenes y conclusiones –como los elaborados por el GIEI– a partir de esas deficiencias, carecen de toda eficacia probatoria y no resisten la sana crítica inherente al análisis de la prueba pericial.

3.- Que si esas declaraciones no tienen sustento cientìfico o técnico, menos tienen valor probatorio para autoridad alguna; sea la Suprema Corte, un Tribunal Colegiado, Tribunal Unitario, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común. Y menos para una instancia internacional.

4.- La prueba testimonial, es decir la declaracion de personas –en el ámbito penal–, se rinde ante el ministerio público y/o el juzgador y toda declaración de carácter judicial debe rendirse ante esas autoridades.

5.- Toda persona que intervenga con el carácter de perito en un procedimiento judicial debe constreñirse a lineamientos y principios determinados por la prueba pericial de la materia que se trate.

6.- Si el perito no cumple con esos lineamientos, puede incurrir en delito, según el Código Penal Federal, en su articulo 247.

Lo curioso es que el “informe” de los “expertos” “independientes” se sustenta –sobre todo en los dos temas más controvertidos–, en meras especulaciones. ¿Y cuales son esos dos temas?

A.- El supuesto especialista, José Luis Torero dijo –sin hacer ninguna prueba científica, salvo su opinión–, que no era posible quemar en el basurero de Cocula los cuerpos de los 43.

B.- La ocurrencia del “quinto autobús” se basó –según el propio texto del informe–, “en testimonios de los alumnos y del chofer de la unidad, recabados por expertos”.

Es decir, se trata de un informe ilegal y hasta delictivo.

Así o más claro. Al tiempo.

Tomado de El Universal



 

Informe “engañabobos” de “expertos” en mentir

8 de septiembre de 2015

Resulta difícil creer que Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, pudiera avalar el informe del “grupo de expertos” que durante seis meses y luego de un millón de dólares, presentaron sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Claro, a menos que Álvarez Icaza pretenda cobrar facturas porque en México le cerraron el paso a la presidencia de la CNDH.

En todo caso –y más allá de la evidente parcialidad legal, política y científica de los dizque “expertos”–, llama la atención la candidez y la poca capacidad de respuesta del gobierno federal, que dejó que el juicio mediático y el circo en redes sociales aplastaran la verdad legal del crimen contra los 43 y que, por ejemplo, sustenta el proceso penal que se sigue contra más de cien presuntos responsables que están en prisión.

Es decir, que si la autoridad mexicana hace caso al “chabacano” informe de “expertos” de la CIDH –que “piensa” que los normalistas no fueron incinerados–, entonces deberá dejar en libertad a todos los detenidos –muchos confesos de haber quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula–; entonces los Abarca serían hermanas de la caridad y entonces el “horrible crimen de Estado” ameritaría la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Y claro –en esa lógica–, las bandas criminales que ordenaron matar a los normalistas merecerían un homenaje nacional y el perdón público, porque se les habría involucrado, sin pruebas, en un crimen que no cometieron. De ese tamaño es el montaje y engaño de los dizque expertos de la CIDH.

Pero el escándalo es mayor cuando el “informe de los expertos” está plagado de perlas que muestran a los dizque expertos como engañabobos. ¿Lo dudan?

Una parte dice: “ese hecho nos llevó a pensar que al autobús tiene algo que ver en los ataques hacia los estudiantes”. ¡Una mera ocurrencia!

Otro dice “El grupo (GIEI) piensa que hay que analizar si ésta es una hipótesis fiable”. ¡Milagro, un colegiado que piensa idéntico!

Otra perla: “Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y según la información pública”. ¿Cuál información pública? ¿De quien? ¿Cuándo?

Más: “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la razón extremadamente violenta”. ¡Mas supuestos que soportan el informe científico!

Otra. “En el (GIEI) se ha generado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”. ¡Informe científico basado en actos de fe!

Y una perla: “Dada la evidencia, en ese momento la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer que perseguía a Los Rojos”. ¡De risa loca! A partir de una evidencia concluyen que –a su vez–, un tercero no podía suponer!

Y de las decenas de ocurrencias, mentiras, creencias, supuestos, y presunciones que plagan al “informe científico”, la joya de la corona.

“No decimos que no se haya podido dar (la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula), pero sí decimos que ese evento así tal y como ha sido descrito no pasó y toda evidencia recolectada por la PGR y el equipo argentino muestran que se han dado fuegos de pequeñas dimensiones y temporalidad indefinida”. ¡El informe chimoltrufia!

Y si no los incineraron, ¿de donde salió un hueso calcinado de Alexander Mora Venancio, identificado por científicos de Austria?

Un gobierno democrático que se respete habría expulsado del país a los dizque expertos que inventan el hilo negro, desprestigian instituciones y ofenden la inteligencia de los mexicanos. Claro, de los mexicanos que piensan. Al tiempo.

Tomado de El Universal

Las Secuelas de Ayotzinapa

En días se cumplirá un año de la masacre de Iguala. Un hecho doloroso, reprobable, que además retrató de cuerpo entero a una clase política podrida hasta la entraña.

Sin embargo, esta tragedia social también se convirtió en pretexto para todo tipo de actos vandálicos. Éstas son algunas de las secuelas de Ayotzinapa:

De acuerdo con el periódico La Razón —luego de un año de movilizaciones violentas por la desaparición de los 43 normalistas—, los estudiantes de la Normal Isidro Burgos mantienen retenidos 22 vehículos.

Entre los vehículos secuestrados destacan cuatro autobuses de pasajeros, camiones repartidores de refrescos, golosinas y pan; así como automóviles de dependencias de gobierno.

Junto con los camiones, siempre de acuerdo con el diario, también se encuentran miles de pesos en mercancía robada.

A su vez, La Razón publicó que los normalistas instalaron un deshuesadero clandestino donde guardan los camiones robados y algunos son destartalados y vendidos por partes.

Los vecinos del municipio de Tixtla —donde se encuentra la Normal—, también denunciaron que los precios de las mercancías básicas han aumentado a causa de los robos a repartidores; que las ventas en los negocios del lugar se han ido al piso; que los servicios de salud no operan pues, en una marcha, los normalistas incendiaron la ambulancia del lugar y que incluso se sabe de amenazas en contra de empresas que intentan instalar antenas u hacer uso de terrenos en la localidad.

Por otro lado, ayer, el periódico Excélsior publicó una entrevista con José Luis Hernández Rivera, director de la normal de Ayotzinapa, quien adelantó que se jubilará antes del próximo 15 de diciembre.

Sobra decir que Hernández Rivera dejaría la normal luego de un año sin clases y prácticamente en ruinas.

Por otra parte, con motivo de este primer año de la masacre de Iguala, los vividores de la protesta y de la barbarie han cometido todo tipo de actos vandálicos. Por ejemplo:

Uno. El lunes 21 de septiembre, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa causaron destrozos en las oficinas de la Fiscalía de Guerrero.

Dos. Durante el atraco a la fiscalía, los normalistas sustrajeron expedientes de procesos judiciales y destruyeron equipo de cómputo.

Tres. En la misma fecha, los mismos jóvenes atacaron patrullas y vehículos oficiales.

Cuatro. El martes 22 de septiembre, estudiantes normalistas a bordo de 12 autobuses trataron de ingresar a Chilpancingo –capital de Guerrero–, no obstante, policías antimotines les cerraron el paso y el enfrentamiento acabó en trifulca. El saldo oficial es de 11 policías heridos por petardos, pedradas y bombas molotov.

Cinco. Esta mañana, los mismos estudiantes de la Normal Isidro Burgos cerraron los accesos al municipio de Tixtla y tomaron la alcaldía.

Frente a este escenario, la pregunta obligada sería, ¿Éstas son las “víctimas” que mañana se reunirán con el presidente Enrique Peña?

¿Estos son los jóvenes estudiantes que exigen audiencia con el presidente?

¿Estos son los padres de los jóvenes desaparecidos que exigen que se haga justicia?

¿Qué sigue?

¿Acaso intentarán someter al presidente por la fuerza?

¿Acaso tratarán de negociar con violencia?

¿Qué mensaje enviará el gobierno federal a los violentos?

Alianza PAN PRD deja fuera a Ríos Piter

Armando Ríos Piter ya no quiere jugar a la política. Ahora dice que no le interesa un partido que hará alianzas con la derecha. Alude al acuerdo de la asamblea nacional del PRD donde determinaron aliarse con el Partido Acción Nacional en las elecciones de 2016.

Por supuesto que habrá quienes digan que el argumento de Ríos Piter es de dignidad política porque no pueden ni deben aliarse dos ideologías opuestas.

Sus seguidores encontrarán la justificación ideal de que una alianza de ese tipo es contra natura. Simplemente eso es ¡imposible!

Y por supuesto que le asistiría toda la razón a Armando Ríos Piter siempre y cuando su historia política le avale haber sido congruente. Pero…

Ríos Piter fue priista; luego panista y al último perredista. Desde un recuento político es muy válido que se haya cambiado de partido porque, en su momento, así le convenía. Eran, para decirlo directo, sus intereses muy personales.

Simple y sencillamente Ríos Piter hacía política pragmática. Y su mismo currículo político le fue dando las oportunidades hasta haber sido considerado precandidato a la gubernatura de Guerrero –hasta en dos ocasiones- y efectivamente fue senador y diputado federal.

Ríos Piter es un excelente personaje para ser candidato: posee carisma, es inteligente y buen orador.

Si realizara un comparativo con un equipo de futbol sería el Cruz Azul de la política. La semejanza obedece “al ya merito”…

Ríos Piter tiene algo y esa cualidad (espero y a medio plazo), le va a brindar frutos políticos; por el momento la suerte no le favorece del todo, como él quisiera. Las circunstancias no han sido propicias, como se dice en este argot.

Armando Ríos Piter ha sido considerado como precandidato a gobernador en dos ocasiones y en tiempos distintos y hasta por partidos antagónicos. Lo más reciente por parte del PRD en la contienda donde la última decisión recayó en Beatriz Mojica Morga. Y en este mismo proceso se rumoró que el PRI le iba abrir las puertas.

Se habló de Ríos Piter en 2011 como carta fuerte del PRD. Las condiciones estaban dadas. Los perredistas carecían de un personaje con las cualidades que ya he descrito, hasta que renunció Ángel Aguirre Rivero al PRI y el PRD lo hizo candidato.

En 2015 el PRI deslizó la iniciativa de un quinto personaje. Se habló que esa posición la ocupaba Héctor Apreza Patrón o Claudia Ruiz (Masseiu) Salinas y hasta de Armando Ríos Piter. Éste era un escenario para pidir al PRD, tal y como lo había realizado Aguirre Rivero cuatro años antes.

El pretexto de Ríos Piter para dejar de pelear la dirigencia nacional del PRD contra Agustín Basave se comprende. Lo que no checa es lo que dice con lo que ha hecho.

Peña y los 43. ¿quién gana?

Todos saben que hoy se lleva a cabo la reunión de padres de “los 43” y Enrique Peña Nieto. Lo que nadie sabe es la utilidad de esa reunión.

¿Para qué un encuentro entre el presidente y familiares de los 43? ¿Qué beneficio tendrá esa reunión en el esclarecimiento de los hechos? ¿No es sólo un encuentro mediático? ¿No será un ejercicio para medir fuerzas entre Peña y los verdaderos “titiriteros” de los 43?

Las partes podrán decir misa, pero todo apunta a un espectáculo mediático sin utilidad práctica. ¿Por qué?

Porque si bien Enrique Peña es jefe del Ejecutivo, jefe del Estado y del gobierno, además de presidente de los mexicanos, también es cierto que no es Ministerio Público, tampoco Procurador de Justicia y menos juez o ministro de la Corte. Peña Nieto tampoco es perito, forense especializado en incendios y/o desaparecidos, en secuestros y tampoco es mago.

Por tanto, Peña Nieto no puede hacer otra cosa que escuchar a los padres de los normalistas, exigir a las dependencias del Ejecutivo a su cargo que aceleren las indagatorias y preparar el tercer peritaje. Y nada más.

Y frente a esa realidad, la pregunta obliga. ¿Entonces por qué familiares de los 43 quieren una entrevista con Peña Nieto; para qué? Lo cierto es que asistimos a un espectáculo político y a un circo mediático en donde los “titiriteros” de los 43 –entre los que se encuentra Emilio Álvarez Icaza–, quieren enviar el mensaje político de que tienen al gobierno de Peña contra las cuerdas.

¿Para qué y para quién el mensaje? Está claro. A los “titiriteros” de “los 43” no les importa lo que diga el presidente o lo que resulte del encuentro. Lo que buscan es hacer crecer la percepción social de que el de Peña Nieto es un gobierno débil, vencido y culpable de un crimen que –en rigor–, implica de manera directa al PRD, a Morena y AMLO.

¿Y a quien conviene que el de Peña sea visto como un gobierno débil y derrotado? Le conviene a aspirantes presidenciales como AMLO, entre otros.

En el fondo, la reunión entre el presidente y familiares de los 43 será un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque detrás de “los 43” está el grupo radical que calificó a Peña Nieto de “Espurio”, ignorante e inepto. Y porque el grupo que tripula a “los 43” maneja posturas irreductibles. Es decir, nunca aceparán la verdad de lo ocurrido, porque el negocio no es defender la verdad histórica sino medrar con la muerte.

Sin embargo, el escándalo pudiera dar un vuelco si el gobierno federal destapa la cloaca detrás de “Los Emilios”; los amigos Emilio Álvarez Icaza y Emilio Rabasa.

Resulta que desde su posición diplomática, Rabasa es padre de “la brillante idea” de crear un grupo de la CIDH para el caso Iguala. El favor lo recibió con beneplácito su amigo Álvarez Icaza, quien vio la oportunidad de cobrar viejos agravios.

Pero también resulta que al “meter su cuchara” en el caso de “los 43”, Álvarez Icaza no solo violenta el artículo 101.7 del Reglamento del Personal de la OEA –al incurrir en un claro conflicto de interés–, sino que el cochinero alcanza al grupo de dizque expertos de la CIDH.

Y es que entre los “titiriteros” que tripulan a “los 43” y a la CIDH, están Cencos, Alianza Cívica, MPJD, la Open Society, Abogados Democráticos, Centro Prodh y otras organizaciones estrechamente vinculadas con Álvarez Icaza y con algunos de los dizque expertos que hoy estarán con Peña Nieto y con familiares de los normalistas muertos.

¿Hasta cuando el gobierno federal destapará esa cloaca? ¿Quién gana hoy? Al tiempo.

Tomado de El Universal

#MásPoesía Jaime Labastida

Orden

No sé qué escribiré, nunca he sabido.

Escribo por encargo y he ignorado

quién ordena lo escrito, quién leerá estas palabras.

Una mano me dicta, ciega,

cuanto he de borrar. Por detrás

de mí mismo, un ojo manco, o mudo,

o sin respuesta, le da forma

a mi angustia. Lo que importa

es un ritmo. Te fijarás tan sólo

en el acento exacto, en la sílaba

sexta, la adónica, silbante, o la sáfica,

la heroica, en las desnudas letras

palatales. ¿Y el mundo, entonces?

 

Una gardenia subterránea se derrama

en la página y su perfume dibuja

en el poema un extraño marfil,

con sangre y uñas. El concepto

se funde ahora en una sola y larga,

lenta frase que destruye

al ojo seco que me mira.

 

Escribo porque sí, porque me da la gana.

Pero me gana el mundo y muchos

Muertos se adensan en mi mano.

¿Para ellos escribo, aunque nunca

lo sepan? ¿Para ellos me dicto

cuanto he de escribir? Un mundo

silencioso corrige o enmienda

mis palabras. Me dice: bien,

no borres, añade aquí no sólo

un adjetivo, sino los huesos,

la garganta desnuda, el continente

amargo en el que habitas, este

áspero tiempo en el que vives.

 

Y en ciertas ocasiones obedezco.

 

Tomado de la antología de Juan Domingo Argüelles: Poesía mexicana. De la época prehispánica a nuestros días.