Nadie podría negar que lo ocurrido en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, es imperdonable.
Nadie podría negar que el secuestro y asesinato de 43 estudiantes es imperdonable.
Y nadie podría negar que la colusión de las autoridades municipales y estatales en este crimen es imperdonable.
Tampoco nadie podría estar en contra de la esperanza de encontrar a los 43 estudiantes.
Nadie podría ser ajeno al dolor de los padres de estos jóvenes.
Y nadie podría solapar que una situación parecida se repita. Eso también sería imperdonable.
Sin embargo, sería igualmente imperdonable que la tragedia de 43 jóvenes se convierta en un pretexto para vandalizar, para robar y para destruir propiedad pública.
Sería igualmente imperdonable que la crisis de Iguala se use para secuestrar y cancelar la verdadera educación en una escuela normal.
Sería igualmente imperdonable que la desaparición de 43 estudiantes sirva para dañar instituciones y para destruir la imagen y la credibilidad de la autoridad.
Sería igualmente imperdonable que esta masacre aplaste el futuro de decenas –e incluso centenas– de jóvenes.
Sería igualmente imperdonable que lo ocurrido en Guerrero permita que vividores de la protesta y de la manifestación –como los supuestos expertos de la CIDH y el resto de organizaciones que los arropan–, se llenen los bolsillos de dinero y obtengan raja política.
Eso también sería imperdonable.
