Lunes negro para la economía, gris para la investigación y morado para la 4T

Especial

Fue un “lunes negro” para la economía. El dólar rebasó los 21 pesos. La Bolsa Mexicana de Valores bajó 6.42% —a 38 mil 730.56 unidades—, su peor caída en 12 años.

La mezcla mexicana de petróleo se derrumbó a 24.43 dólares por barril, menos de la mitad de la cotización de 49 dólares por barril, sobre la cual se elaboró el Presupuesto para el 2020.

Pero el Presidente no suda ni se acongoja. Piensa que tenemos finanzas sanas y que podemos recuperarnos. Dijo ayer en la mañanera:

“Hay buenas señales en cuanto al crecimiento económico. Ya detuvimos la caída en la producción petrolera, si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho. Estamos produciendo más petróleo, en fin, consideramos que vamos a salir adelante”.

Optimismo injustificado. Los expertos coinciden en que las finanzas públicas sanas que presume AMLO se verán afectadas por los bajos precios del petróleo. No habrá márgenes de maniobra porque con un crecimiento cero no aumentará la recaudación. Súmele que la mitad del famoso Fondo de Estabilización ya no existe.

Ese fondo fue creado para enfrentar coyunturas desfavorables como la actual: coronavirus, caída del petróleo, desaceleración mundial. El año pasado se utilizó la mitad para enfrentar las consecuencias del estancamiento económico.

“Nos quemamos las provisiones un año antes”, nos dijo Alejandro Rodríguez, reconocido consultor económico.

Se avizoran meses difíciles. Menos ingreso, menor crecimiento, deterioro del balance financiero de Pemex —con el consecuente riesgo de que se degrade la calificación de su deuda—, proyectos inviables, incluidos nuevos campos y refinerías.

Y todavía nos falta saber cuál será el comportamiento del coronavirus. Lo peor es que no parece haber un plan de contingencia, y con lo que hemos visto en el tema de salud…

Ya que estamos. Un cable de la agencia Reuters informó ayer que Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá se reunieron para discutir sus preocupaciones sobre la política energética de México.

Según fuentes citadas por la agencia, el gobierno de AMLO erosiona las bases legales de contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la administración previa.

El gobierno lo niega, pero dice que los contratos previos a menudo dañaron al país, por lo que ha tratado de renegociar los términos de algunos de ellos.

* El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica es uno los centros de investigación del Conacyt; quizá el más importante. En ese centro se integra el Centro Nacional de Supercómputo, que ha desarrollado más de mil 100 proyectos tecnológicos y científicos en el país.

Pero hace de dos semanas ocurrió una situación que nadie ha explicado. Nos reportan que, sin comunicado a los socios ni a la Junta de Gobierno, la Oficina de Estrategia Digital, que depende de la Presidencia de la República, tomó el control del CNS-IPICYT.

“Despidieron a todos los que allí laboraban, llegando los nuevos funcionarios a recoger varios de los celulares personales. El director del IPICYT, doctor Luis Antonio Salazar, ni idea tiene de lo que está pasando. La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, tampoco ha declarado nada. No se sabe quién o qué organismo tomará control de ese laboratorio nacional. La transparencia no es virtud en la 4T.

* Yazmín Martínez Irigoyen es síndica única del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Vino a la CDMX a la exitosa megamarcha de mujeres en la CDMX, se quedó por el Paro Nacional de Mujeres.

Ella misma es objeto de discriminación y “malos tratos” por parte del alcalde, Víctor Manuel Carranza, de Morena. No sólo la ignora y la excluye, sino que ha presentado dos quejas en contra de ella en Morena nacional.

Te puede interesar | Obrador confía en que el peso se recuperará

Hay otras dos demandas de juicio político en el Congreso local y siete demandas en contra de ella “porque me hago llamar licenciada y lo soy…”. Pero no se quedó con los brazos cruzados. Yazmín demandó al alcalde en el Tribunal Electoral local “por violencia”.

Sus problemas con Carranza y con el secretario del Ayuntamiento, Miguel Pintos, iniciaron cuando empezó a exigir transparencia y rendición de cuentas “en los estados financieros”.

Para este año, la presidencia municipal recibió 175 millones de pesos para el manejo de la alcaldía; 14 millones para la secretaria. A la sindicatura le tocaron sólo dos millones.