La quebraron con la segunda acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero que le hicieron. Aprovecharon los dichos “cobardes y traidores” —así los llamó— de su otrora oficial mayor —hoy testigo protegido de la 4T—, Emilio Zebadúa, para imputarle a Rosario Robles esos delitos graves. La opción para la exsecretaria de Estado era acogerse al famoso “criterio de oportunidad” o quedarse 40 años en la cárcel, como mínimo.
Lo dice su abogado, Epigmenio Mendieta, con quien hablamos en los momentos en que salía de la cárcel de Santa Martha Acatitla, donde la exsecretaria de Estado se encuentra recluida desde el 13 de agosto del 2019, por ejercicio indebido de la función pública. “Si colaborar le va a atenuar el tiempo de permanencia y tiene alguna posibilidad de salir para convivir con su familia, con su hija, ella elige esa opción”, puntualizó el abogado. La acusación que mantiene a Robles en la cárcel está basada en su supuesta “omisión” frente al desvío de 5 mil millones de pesos de la llamada Estafa Maestra.
Pero los señalamientos de delincuencia organizada y lavado de dinero son palabras mayores. Rosario le dijo a su abogado que ella no puede enfrentar un proceso de tal magnitud, sola. Anímicamente sola, económicamente sola.
“Ningún actor político, ninguno, se ha acercado a ella para apoyarla, ni siquiera moralmente, ya no se diga económicamente”, asegura Mendieta. Y más: “No solamente está sola. Está enferma. No tiene cómo enfrentar el proceso que viene. Un proceso que, además, es rigurosísimo en cuanto a la gravedad de la acusación. “De tal manera que lo que le espera a Rosario, si no toma una decisión de esta naturaleza, es prácticamente cárcel de por vida”, puntualiza el abogado.
* Nos enteramos de la decisión de Robles por el tuit con la primicia que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola. Nos sorprendió. Rosario había sido consistente en su argumento de resistir. Una y otra vez repitió que no se quedó con ningún recurso. A partir del alegato de inocencia que ha mantenido desde que la detuvieron le preguntamos al abogado si no confían en la justicia mexicana. “No, por supuesto que no”, respondió, tajante.
* A Rosario la encerraron porque no delató a nadie. La prueba más contundente es la confesión pública del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que Robles citó en una carta que se dio a conocer en octubre. En esa misiva aseguró que la tenían como rehén, porque “no he querido colaborar para que obtengan la información que ellos quieren”. Agregaba algo que después se confirmó plenamente: “Tengo información confiable (de fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos) acerca de que se han reunido con excolaboradores, ofrecieron impunidad a cambio de que declararan lo que ellos necesitan”.
El pasado 31 de octubre le giraron una nueva orden de aprehensión, esta vez por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ese día, vía un comunicado del despacho de Epigmenio Mendieta & abogados, Rosario calificó los dichos de su exoficial mayor de falsos. “Son un acto de cobardía y traición”, expuso.
El acuerdo que busca, al convertirse en testigo protegido, es que le retiren todos los cargos.
* El Bronco le tomó la palabra al Peje. Nuevo León se convertirá en el primer estado que realice una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si se debe o no modificar la fórmula para el reparto de participaciones federales. La pregunta central será: “Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal solamente le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?”
Planteada en esos términos conocemos la respuesta de antemano. Ni necesidad de gastar en la consulta. El referéndum lo desarrollan, de manera conjunta, el gobierno estatal y el Congreso del estado, del seis de diciembre al 28 de febrero, según el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Homero Cantú.
En el otro extremo, Chiapas recibe nueve pesos por cada peso que aporta; Guerrero, ocho; Tlaxcala, siete; Oaxaca, siete. La CDMX recibe nueve centavos por cada peso, según datos de la Coparmex. En términos agregados, promedios nacionales, el gobierno federal ha retirado, en el último año, un 9% de los recursos, vía participaciones, a las entidades federativas, según el organismo patronal. “Es importante poner fin al centralismo asfixiante que padecemos en el país”, remató Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
