La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó acciones en contra de Ley General de Comunicación Social ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurando que en dicha ley no se establecen “reglas claras”.
La CNDH señaló que la llamada “Ley Chayote” –que regula la contratación de propaganda por parte del gobierno–, no garantiza que el gasto cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Por lo que representa un “riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación”.
El organismo criticó que la ley delegue indebidamente a las autoridades administrativas la facultad de establecer los criterios para contratar publicidad, lo cual puede derivar, dijo, en una distribución arbitraria y discriminatoria.
