Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador diversas calificadoras internacionales han recortado su perspectiva de crecimiento económico de México, debido a que las decisiones que ha tomado del mandatario tabasqueño, como cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), han generado más incertidumbre que certezas para los inversionistas.
Pese a ello, la Cuarta Transformación cuenta con el respaldo de varios empresarios quienes están dispuestos a apoyar las locuras de este gobierno a cambio de favores.
Tal es el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca, quien se ha alineado a la administración de López Obrador, y como recompensa el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó a Totalplay, de Grupo Salinas, la prórroga de su concesión por un periodo de 30 años más, vigente a partir del 17 de octubre de 2025.
Sin embargo, la relación entre estos empresarios con el gobierno de Andrés Manuel se ha ido deteriorando a tal grado que está a punto de romperse debido a las medidas ineficaces con la cuales este gobierno pretende combatir la pandemia del coronavirus en México y la reciente cancelación de las obras de construcción de una planta cervecera Constellation Brands en la ciudad de Mexicali tras una consulta ciudadana la cual tuvo una escasa participación.
En conferencia de prensa virtual, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, señaló este miércoles un conjunto de fuertes encontronazos entre los empresarios y el Gobierno, aunque matizó que no han “roto” sus relaciones.
“El día que tengamos la oportunidad de platicar con el presidente (…) lo haremos con toda firmeza porque creemos que esas decisiones impactan a la credibilidad y el desarrollo del país”, expresó el presidente de la patronal, que hasta ahora había tenido una relación fluida con López Obrador pese a los choques durante la campaña electoral que lo llevó al poder.
El presidente del CCE recordó que lleva 11 días esperando una respuesta por parte del Gobierno sobre el paquete de medidas presentado por el organismo para paliar los efectos del coronavirus, que pide un “salario de subsistencia” para trabajadores despedidos y estímulos de consumo e inversión.
Asimismo, reprochó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) todavía no ha aclarado si se mantiene la fecha de declaración de impuestos de las empresas, prevista para el 31 de marzo.
Salazar exigió que si esta fecha no se aplaza, al menos “que la autoridad esté preparada” ya que muchos trámites administrativos están paralizados por la crisis sanitaria.
Con información de López Dóriga Digital
