Cuando una sociedad muestra su fragilidad ante fenómenos naturales como los sismos o las lluvias, o bien ante actos propiciados por individuos delincuenciales o incapaces para atender las demandas legítimas del pueblo, significa que hay un factor de inseguridad o de falta de protección que afecta el buen funcionamiento de la propia sociedad.
Desde luego, que la oportunidad que brinda el factor de previsión ante los riesgos y amenazas que la naturaleza genera o que la delincuencia organizada o no tiene, surge de la negligencia o ignorancia de quien sufre los estragos de estos fenómenos naturales o sociales adversos.
Las sociedades se han organizado en gobiernos para atender sus necesidades, intereses o deseos de la mejor manera, no siempre con el éxito original de la relación fines y medios.
El sentido del gobierno es proveer y prever lo que una sociedad atomizada no logra, con el fin de brindar protección y seguridad y, desde luego satisfacer necesidades que, en un contrato social tácito, se inscriben para que la sociedad encuentre los mejores estadios de desarrollo y seguridad.
Es la organización política una forma para atender la organización social. La falta de congruencia y consistencia política y social, por la distorsión o corrupción de los objetivos, los fines o medios, acarrea los daños sociales, la pobreza y hasta la caída de organizaciones políticas y sociales, aun cuando no se participe de una competencia abierta por cuidar sus propios intereses grupales o nacionales.
Es así que el gobierno debe responder al legítimo interés de una sociedad, cuando esta relación es utilizada para satisfacer los intereses de un grupo social, el todo que lo constituye pierde su fuerza, el desequilibrio de una parte de la sociedad puede arrastrar a la sociedad en su conjunto.
Así, cuando los problemas que una sociedad tiene, no son atendidos en tiempo y forma, los problemas se acumulan y dañan el tejido social, incluso lo pueden romper y propiciar daños irreparables, los homicidios, los desastres, las pérdidas materiales y humanas deterioran la vida cotidiana y, si los gobiernos no actúan adecuadamente, el malestar social puede cambiarlos.
El manejo de los asuntos públicos depende de la organización social y, desde luego, del interés en que operan los grupos en el poder; la norma y el cuidado social siempre han sido una forma de justificar acciones públicas de toda índole, y cuando la corrupción y la impunidad se asientan en el gobierno o la sociedad, los costos políticos, económicos y sociales dañan el crecimiento y la forma de vida productiva.
Los problemas de inseguridad, de salud, de educación, de mejora económica, afectan al ejercicio del bien gobierno y cuando hay complicidad con la delincuencia, el daño social es grave. No hay salida inmediata del problema.
Los asuntos como el del huachicol, o de sequías, o excesos de agua, o de delincuencia organizada, requieren que la sociedad se organice, que sus gobiernos posean la previsión y acciones inmediatas.
Hoy día, colocar a la sociedad en estado de indefensión ante problemas de la naturaleza o de codicia y avaricia, no es más que el reflejo de cómo un gobierno es incomprensible de la necesidad social.
Siempre se desea que la política haga su parte, de retomar rutas de seguridad y desarrollo, cuando la antipolítica, en forma de violencia o de distorsión del buen gobierno llega, se requiere la solidaridad social y una organización política mayor para contrarrestar el daño que se acumula.
Siempre es tiempo para premiar o castigar, desde la sociedad, a los gobiernos; los tiempos
y las formas siempre están presentes.
La crítica y la autocrítica de lo que sobra o falta están presentes en cada fenómeno social o político. La necesidad provoca la acción social organizada. Las elecciones o el repudio social son una forma de manifestar la tranquilidad o el malestar social.
