Los artículos constitucionales 6, 7 y 9 consagran las libertades de expresión, organización y movilización social. Establecen los alcances y límites de su ejercicio. La sociedad organizada expresa sus demandas amparada en este marco legal.
Las expresiones masivas recientes han sido en contextos específicos, sobre elecciones, reformas judiciales y violencia criminal.
Ahora ocurren como una protesta de agricultores por desacuerdos con el gobierno, ante el precio mínimo fijado por tonelada de maíz en 7,200 pesos, argumentando que los costos de producción actual son mucho más altos que el ofrecido por el gobierno de 6,050 pesos.
Los productores del campo señalan que, con los precios vigentes, solo recuperan una fracción de su inversión, lo que genera endeudamiento y no hay viabilidad productiva de sus cosechas.
Debido al paro nacional, en las últimas 72 horas han bloqueado 33 carreteras del país, con sus respectivas casetas, generando dificultades en la movilidad de personas y mercancías.
Otras demandas del movimiento de los agricultores incluyen: la exclusión de los granos básicos del T-MEC; la creación de una banca de desarrollo agropecuario para fomentar el crédito al sector; la revisión urgente de la Ley Nacional del Agua.
De esta manera, la protesta por el bajo precio del maíz y los retrasos en la entrega de los apoyos gubernamentales, con bloqueos carreteros es un movimiento de alcance nacional, articulado principalmente por organizaciones de pequeños y medianos productores, que reclama la revisión del esquema de comercialización y precios de garantía, así como la actualización del costo base por tonelada, ante el alza sostenida de los insumos.
Las movilizaciones se concentraron en el occidente y bajío del país, especialmente en
Jalisco, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Guanajuato y en la Ciudad de México, también se reportaron cierres en Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tlaxcala y Baja California.
Como se puede observar, el impacto nacional del paro y la movilización de agricultores ha tenido un gran impacto social, económico y político; el gobierno ha establecido mesas de negociación que no han dado resultado hasta el momento.
Es deseable un acuerdo que solvente las demandas de los agricultores y el problema actual, algunas acciones son inmediatas y otras más, están en el proceso de negociación del TMEC. Sin embargo, el problema se agrava ante la presencia adversa de la delincuencia organizada que los extorsiona y que los mata.
Este problema tiene sectores productivos fundamentales y sin duda, debe ser atendido con urgencia, con recursos y con la búsqueda de un diálogo constructivo, que sustente tanto las demandas legítimas como el interés nacional.
