Cienfuegos y otros “protegidos” que AMLO ha salvado de la cárcel

A esta Cuarta Transformación se le da mucho perdonar a los sujetos acusados de narcotráfico

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Al principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador analizó eliminar la figura de testigo protegido, pues —a su decir— fue usada hasta para incriminar enemigos, sin embargo, este año cambió de parecer y se pronunció a favor de la aplicación.

Y es que según el presidente con esta forma se está buscando que se recupere el dinero sustraído de las arcas públicas y que se repare el daño.

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“No debe incluir en ningún caso el que los bienes mal habidos se les escrituren, se les asignen o se queden con lo que se obtuvo de manera ilícita, eso no debería de considerarse. Puede ser disminución en los tiempos de cárcel o que puedan cumplir sus condenas en libertad, es decir, mediante la presentación a los juzgados periódicamente, pero que en ningún caso signifique que se queden con bienes mal habidos”, expresó.

Sin embargo, el presidente fue más allá cuando aseguró que los detenidos “están contando lo que sucedió y como hay nuevas detenciones, hago el llamado a las familias de los detenidos para que ayuden dando a conocer información veraz sobre los hechos y con ello van a tener consideraciones de carácter legal”.

Dicho de otro modo, resulta que, sin ninguna facultad legal, el presidente mismo ordena que los criminales acusen a los enemigos del régimen, a los que el propio presidente perseguirá.

En la administración de López Obrador el caso más conocido de la figura de testigo protegido o el criterio de oportunidad es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien a cambio de no estar en la cárcel está revelando supuestos actos de corrupción en el sexenio pasado.

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En la misma línea, hace unas semanas, se conoció el caso de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Rosario Robles, quien solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo protegido para detallar cómo funcionaba la llamada Estafa Maestra.

En otros casos parecidos encontramos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte y Carlos Lomelí, exsuperdelegado de AMLO.

Duarte, ha expresado ya que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) todo lo que sabe del caso Odebrecht y el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Mientras Lomelí, después de ser acusado de enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés  que fue iniciada por la SFP, hoy se encuentra libre de acusaciones y además, que de esta manera podrá participar en los próximos comicios electorales por Guadalajara o Zapopan.

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Ahora, al parecer, a la lista de “protegidos” se suma Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, que de pasar de un peligroso delincuente al servicio del crimen organizado, regresará a México donde acordaría su liberación, será recibido como héroe e irá directo a su casa con su familia.

Para muchos la extradición de Salvador Cienfuegos se está pareciendo mucho a la liberación de Ovidio Guzmán. Pues recordemos que la liberación de este criminal se señaló como la primera amnistía pública del gobierno de Obrador.

Con esto último ya no queda duda que a esta Cuarta Transformación se le da mucho perdonar a los sujetos acusados de narcotráfico; un estigma muy difícil de borrar.

Así la monstruosidad de “la justicia dictatorial” de López Obrador, donde tampoco podemos olvidar que están a salvo: Manuel Bartlett, Pío López y Elba Esther Gordillo; entre muchos otros nombres.

AIS