El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió que ya no habrá licitaciones para empresas que dejaron obras incompletas. El tabasqueño adelantó que se promoverá una ley con la que se impedirá que las empresas que hayan dejado las obras “tiradas” no puedan participar en nuevas licitaciones.

Vaya declaración. Vale la pena cuestionar si, al final de cuentas sus proyectos estarán vinculados a la empresa del ingeniero José María Rióobo, quien fue el contratista preferido de AMLO y Marcelo Ebrard durante su administración –respectivamente– en el extinto DF, dejando obras no solamente inconclusas, sino llenas de opacidad.

Cuando AMLO estaba al frente del entonces Distrito Federal, la compañía Riobóo Sa de CV recibió cuatro adjudicaciones directas por un monto que supera los 170 millones de pesos. Todas ellas fueron para la construcción oficial del gobierno capitalino.

Las cuatro adjudicaciones salieron del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, creada en 2001.

La primera y más grande, se otorgó en el 2002. Según el contrato, era para realizar un “proyecto vial y estudios de impacto ambiental, urbano y vial, y el proyecto ejecutivo completo para la construcción de las vías rápidas de la Ciudad de México”. Esa fue de 161 millones de pesos; la segunda fue en 2004, por el concepto de “dirección responsable de obra con un costo de 993 mil pesos; al año siguiente, Rioboó recibió otra adjudicación directa que supera los 8 millones de pesos, para elaborar estudios sobre los deprimidos de Tacubaya, Observatorio, Constituyentes, Acueducto Lomas y Prado Sur; tres meses después, a la empresa contratista “le cayó” otra sorpresiva adjudicación de 934 mil pesos.

Las obras fueron auditadas, en las cuales se encontraron varias irregularidades como pagos en exceso, indebidos, ausencia de documentos oficiales y fallas estructurales en la construcción.

AMLO y Ebrard “regalaron” predios a inmobiliarias; negocio redondo

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard hicieron “una minita de oro” cuando estuvieron al frente de la jefatura del Gobierno de la capital del país. Con la llegada del nuevo milenio, el tabasqueño cedió terrenos a cambio de vialidades que hoy albergan lujosos condominios en Santa Fe.

Por su parte, el sucesor y próximo titular de la SRE, privilegió la venta de predios con un costo mucho menor a su valor real, con lo cual benefició a las misma constructoras que el tabasqueño.

Se trata de zonas en las que vecinos de Avenida Centenario vivían, tenían negocios e incluso, se dedicaban a la cosecha. Se intentó hacer lo propio con los habitantes residenciales de la zona, pero fueron los primeros en ampararse a una probable venta o hasta desalojo de sus terrenos.

Finalmente, fueron construidos los Puentes de los Poetas, mismos que conectan Centenario y Santa Fe. En el traslado, ahora se observan cuatro tipos de desarrollos inmobiliarios, cuyos departamentos se venden de entre 11 a 26 millones de pesos.

La segunda entrega de terrenos a cambio de vialidades consta de tres predios (Tramos I y II y Módulo 4 en Álvaro Obregón), cedidos con el objetivo de construir la ampliación del Eje 5 Poniente, de Prolongación San Antonio a Rómulo O´Farril. Ésta tuvo un costo de 849 millones de pesos, pero los predios que permutó López Obrador actualmente valen dos mil 144 millones de pesos.

Estos cuatro predios fueron cedidos a dos empresas inmobiliarias: CAABSA y Grupo Copri, que se encargaron de construir ambos proyectos, tanto la vialidad Carlos Lazo entronque Centenario, como la ampliación del Eje 5 Poniente.

Todos los terrenos fueron previamente expropiados, práctica que aumentó en la administración del político tabasqueño López Obrador, toda vez que concretó 677 procesos; es decir, cuatro veces más que las 119 expropiaciones efectuadas en la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.

Marcelo Ebrard no se quedó atrás. Entre 2006 y 2015 se edificaron cinco complejos de Grupo Copri, todos con valores millonarios en el mercado actual, y edificados en predios que fueron vendidos por el entonces Gobierno del Distrito Federal, a un precio por debajo de su valor.

Expropió 126 predios para construir la Supervía Poniente, la cual fue criticada por vecinos y ameritó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del otrora Distrito Federal al Gobierno capitalino por la falta de una consulta vecinal para la construcción del proyecto. Además de que documentó seis violaciones a los derechos humanos, como al agua y a la información.

Por si fuera poco, Sergio Haua, ex director comercial de Grupo Copri –hasta 2015– y quien fuera presidente de la Asociación de Colonos de Santa Fe de 2010 a 2012, fue sujeto de investigación por parte de la PGR por el delito de lavado de dinero, indagatoria que surgió a partir del intercambio de obras a cambio de terrenos entre dicha constructora y el Gobierno capitalino.

Los pormenores de la transacción para ceder el terreno denominado R42 a las constructoras que erigieron el conjunto residencial Cumbres Santa Fe no se podrán conocer hasta 2020, toda vez que el Gobierno de la Ciudad de México clasificó como reservada dicha información.

López Obrador mantiene un conflicto de intereses, pues su proyecto de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para adaptar la base aérea de Santa Lucía, obedece a los planes del morenista y Riobóo.