Según parece, de un momento a otro, el presidente Enrique Peña anunciará el veto a la llamada Ley 3 de 3. O mejor dicho, el veto a una parte de la legislación.
Y es que, como sabe, el sector empresarial no vio con buenos ojos que –en el artículo 32 de dicha ley–, se obligue a todos los proveedores del gobierno a presentar sus declaraciones de interés, patrimonial y de intereses.
En consecuencia, el Ejecutivo suspendió la promulgación de la 3 de 3 –programada para inicios de esta semana– y ya circula el rumor de que el presidente emplearía su poder de veto para frenar el proyecto.
La duda, sin embargo, es cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo entender que el congreso demorara tanto en aprobar una ley que, finalmente, se vendría abajo? ¿cómo explicar que la autoridad juegue de ese modo con una demanda ciudadana tan extendida como la rendición de cuentas y la transparencia?
Para Mariana Meza, investigadora del CIDAC, los resultados del debate legislativo en materia de combate a la corrupción demuestran que la transparencia dista de ser una prioridad de los gobiernos y de los partidos.
Para Meza, el desenlace de la ley es una muestra de que el Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes secundarias no son prioridad de la oposición y tampoco del PRI.
La investigadora argumenta que la derrota no es sólo para el gobierno federal o para el congreso. En realidad, sentenció Mariana Meza, el trabajo en la Ley 3 de 3 es una derrota de todo el sistema político. Y es que, hoy más que nunca, es evidente que no existen salidas para las inquietudes ciudadanas.
Por eso, frente a una clase política indolente y a una sociedad civil que exige rendición de cuentas, sólo queda preguntar ¿hasta cuándo seguirán los gobernantes jugando el dedo en la boca de los ciudadanos?
