Para dimensionar el gran fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de salud y que su promesa sobre que México tendría un sistema de salud “mejor” que Dinamarca es un mentira y una farsa, tenemos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) los cuales revelan que 50.4 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud; es decir, 39.1 % de la población.
De acuerdo con los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en México durante 2022, hace apenas cuatro años 16.2 % (20 millones de mexicanos) se encontraban en esta situación; lo que significa que la carencia por acceso a servicios de salud aumentó 152 % de 2018 a 2022.
Eliminación del Seguro Social y fracaso del Insabi provocaron este aumento
Por otro lado, los estados en donde se concentra el mayor número de mexicanos que carecen de acceso a servicios de salud son Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala; mientras que en Zacatecas, Campeche, Veracruz, Morelos, Querétaro, Yucatán y Nayarit los habitantes sin acceso a servicios de salud se triplicaron.
A su vez en el Estado de México, Quintana Roo, Colima y Sinaloa la población sin servicios médicos se duplicó. Coahuila y la Ciudad de México tuvieron ligeros aumentos en este indicador.
De acuerdo con el estudio, este aumento de personas se derivó por la eliminación del Seguro Social y los pocos resultados que dio el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Debido a ello, las personas dejaron de percibir que tenían derecho a la salud y acceso a él por medio de alguno de los servicios del Estado.
Así lo muestran los datos: en 2018 —con el Seguro Popular— el conocimiento del derecho a los servicios de salud ocurría en siete de cada diez habitantes de Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca.
Mientras que en entidades como Zacatecas, Campeche, Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Morelos ocurría en más de la mitad de su población. Los estados de Chiapas, Nuevo León y Colima eran los que menor población afiliada tenían al Seguro Popular, con dos de cada diez habitantes empadronados en este mecanismo.
En cambio, para 2022 —con la implementación del Insabi— en la mayoría de los estados las personas dejaron de percibirse con derecho a los servicios de salud. En las entidades donde mayor conocimiento se tenía sobre esto el promedio era dos de cada diez personas. En tanto que los habitantes de Chiapas, Nuevo León, Baja California y Jalisco prácticamente no supieron sobre los servicios de salud ofertados por el Insabi.
Mexicanos se quedaron sin certeza de recibir un servicio de salud por el Insabi
Cabe recordar que el Seguro Popular afiliaba a sus beneficiarios mediante la comprobación de la no derechohabiencia a alguna institución de seguridad social y de la residencia en territorio mexicano, con ello se otorgaba la póliza que brindaba acceso a la atención médica.
En cambio, el Insabi no solicitó afiliación, ya que según el gobierno federal los beneficiarios sólo debían presentar su CURP o acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud, por lo cual ya no necesitaban afiliarse ni pagar cuotas.
Esto generó desconocimiento entre las personas sin seguridad social, ya que con el Seguro Popular tenían la certeza de que, por medio de una póliza, podían exigir la atención médica. Con el cambio al Insabi se quedaron sin un mecanismo que asegurara su acceso a los servicios y por ende al derecho de la protección de su salud.
Pero, además, la decisión de no empadronar a los beneficiarios del Insabi ha suscitado un debate en torno a la manera en la que el Coneval mide la carencia por acceso a servicios de salud.
Dado que algunos columnistas consideran que el aumento de este indicador se debe, principalmente, a este factor pero no necesariamente a que los servicios ofrecidos por el Insabi no se ofrezcan a la población. Lo cual sería cierto si las necesidades de salud atendidas en las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud y de los Sistemas Estatales de Salud hubieran permanecido constantes de 2018 a 2022, pero la propia evidencia dada a conocer por el Coneval indica que la atención en dichos establecimientos cayó 42.3 % a nivel nacional durante ese periodo.
Con la 4T, mexicanos duplicaron gastos por servicios de salud
Aunque este último dato aún no se encuentra desagregado a nivel estatal, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2022, del Inegi, brinda información referente al gasto de bolsillo.
Entendido como los pagos directos que las personas hacen para recibir servicios médicos y medicamentos, se trata de un indicativo de sistemas de salud públicos ineficaces o insuficientes porque, entre mayor es dicho desembolso, menor es la cobertura de servicios de salud públicos a los que se tiene acceso.
En este rubro, se observa que a nivel nacional el aumento entre 2018 y 2022 fue de 31%, pero al segmentar estos datos por entidad federativa las diferencias son notables y exhiben cómo la población recurre cada vez más a servicios privados de salud.
En términos reales —descontando la inflación—, la población de estados como Tamaulipas, Oaxaca y Colima vieron duplicado su gasto en salud en solo cuatro años, en tanto que en Morelos y Michoacán el gasto de bolsillo aumentó en más de 50 %. Las entidades que presentaron menor aumento fueron Veracruz, Aguascalientes, Jalisco y Chiapas. Llama la atención que en Tabasco y Campeche se registró una disminución de más del 10 % en este rubro.
Con Insabi, se mermaron las capacidades de autoridades estatales para garantizar el derecho a la protección de la salud
La información revelada tanto por el Coneval como por el Inegi ofrece un panorama detallado de cada entidad federativa que resulta invaluable para orientar decisiones en el ámbito de la salud.
Tradicionalmente, la política pública en materia sanitaria se guía bajo la dirección del gobierno federal, especialmente en lo que concierne a la atención de la población sin cobertura de seguridad social.
Aunque había asignaciones presupuestales mediante el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), éstas siempre estuvieron sujetas al cumplimiento de criterios establecidos por la Federación.
Con el Insabi se redujo aún más la capacidad de las entidades federativas para influir en la esfera de la salud, debido a que con él se buscó centralizar el esquema en el gobierno federal, financiando y gestionando la infraestructura médica en las entidades federativas, eliminando las transferencias del Seguro Popular y centralizando los recursos del FASSA. Ahora, con la formación de Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar, se mantendrá esta dinámica, delegando funciones similares a las del —ya extinto— Insabi pero ahora bajo la dirección del IMSS.
A pesar de que la Constitución establece en su artículo cuarto la corresponsabilidad de la Federación y las entidades federativas en el diseño de modalidades de acceso a los servicios de salud, estas últimas han visto mermadas sus capacidades para garantizar el derecho a la protección de la salud.
Con información de Revista Nexos
MSA
