El artículo 35 Constitucional garantiza los derechos del ciudadano mexicano, que hacen constar su participación en la vida pública del país, en este caso, a través de la figura de la consulta ciudadana.
Dicho artículo establece que debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República o del equivalente a 33 por ciento de los integrantes de las cámaras de Diputados o Senadores, o bien impulsadas por dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, siempre y cuando la consulta popular se realice el mismo día de una jornada electoral federal. Dicho lo anterior cabe preguntar:
¿Qué validez tendrá entonces la consulta ciudadana sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México?
Por su parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, defendió la consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se realizará del 25 al 28 de octubre ya que dice: “La opinión de los ciudadanos es lo más importante” a lo que cabe preguntarse cuáles de todas las opiniones son las que tomará realmente en cuenta. ¿La de los habitantes de Texcoco? ¿O las de ¿iniciativa privada?
¿La iniciativa privada estará dispuesta a perder su inversión?
Ya que no hay nada que avale su legalidad, la consulta no tiene validez. En este marco, todo parece indicar que se le apuesta a un gasto inútil, al despilfarro del presupuesto destinado a una consulta ciudadana que quizá esté orientada a la opinión que ya han dado los especialistas en aeronáutica, mismos a los cuales ya también se les ha pagado por realizar los estudios correspondientes sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
O bien, probablemente lo que esconda ésta consulta es un circo montado tras la decisión ya tomada para no perder la inversión que grandes empresarios han destinado al (NAIM) como lo son: Bernardo Quintana, dueño de ICA, el poderoso empresario Carlos Slim o bien el mismo gobierno ya que hay participación de las obras bajo contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, la UNAM, el IPN, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Administración Pública.
Mientras el próximo gobierno decide el futuro del proyecto, cabe destacar que hasta el momento, el avance global del proyecto es de 31%, y que si se cancela definitivamente, el país perderá 120 mil millones de pesos, de los cuales 40 mil millones serían a causa de penalizaciones por la supresión de dichos contratos.
