El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma judicial con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones.
Un proceso legislativo que muestra riesgos y amenazas para el Estado democrático, constitucional y de derecho.
Los números de los votos no alcanzaban a la mayoría oficial, conformada por Morena, PVEM y PT. Tuvieron que recurrir a prácticas políticas que ponen en juego formas poco aceptables, aunque legales. Lograron dos votos del extinto PRD, uno del PAN y otro por ausencia de Movimiento Ciudadano; el PRI mantuvo sus 15 votos en contra.
Hubo expresiones discursivas durante el largo proceso de la reforma, cargadas de amenazas, sobornos, retenciones ilegales, persecuciones, mentiras, traiciones, negociaciones, acuerdos y desacuerdos, críticas, propuestas, denuncias, en cabildeos públicos y privados, propuestas no leídas, no analizadas, manifestaciones en contra y a favor, violaciones a la ley, cambios de sede, agresiones, abusos y un desaseo impúdico, que hizo del abuso del derecho, que afectó la carga política, sobre la legitimidad de unas formas inciertas, al filo de la navaja y con un tono violento, en los propios discursos y en los actos que rondaron en la reforma.
Finalmente la mayoría oficial logró la mayoría de los votos necesarios. Aunque está pendiente la aprobación de 17 congresos locales, no se espera dificultad alguna.
Los costos para la República habrán de ser históricos. La incapacidad para analizar y deliberar, para dialogar, para escuchar, sufrieron la intolerancia y la incapacidad para hacer de la política un instrumento privilegiado para atender a la sociedad y fortalecer a las instituciones republicanas, que sepulta poderes, instituciones, organizaciones, personajes y principios de una ética pública.
Los beneficios no son necesariamente para el pueblo, se nota una ambición de poder, con una carga rencorosa, con una prisa que disminuye la fuerza de la reforma misma.
Con este proceso de la reforma judicial, también han sido mostrados los alcances y límites de la sociedad, del gobierno, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los niveles estatales y municipales, de las instituciones políticas, sociales, económicas y militares, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de gobiernos extranjeros, de organizaciones internacionales.
Ya veremos el derrotero de la reforma judicial, los acomodos y reacomodos y los verdaderos beneficiarios de estos cambios legislativos propuestos.
Esperemos que el traje jurídico a la medida, diseñado por el congreso de la unión, no se acerque al dicho popular de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
