Primero proponemos una hipótesis de trabajo.
Vamos a suponer, por un momento, que hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aún estuviera presidida por Luis Raúl González Pérez y no por Rosario Piedra.
Vamos a imaginar, por un momento, que los visitadores de esa CNDH se enteran de la detención de Luis Manual N., Héctor Mario N., y Cipriano N., a quienes autoridades federales señalan como presuntos implicados en la masacre de la familia LeBarón, en la frontera entre Chihuahua y Sonora.
En la misma hipótesis, pensemos por un momento que el visitador encargado del caso conoce los videos que muestran a los presuntos detenidos, el día y la hora de los hechos, en su pueblo, no en el lugar donde se produjo la masacre, que costó la vida a mujeres y niños.
La hipótesis nos llevaría a un escándalo nacional e internacional por la presunta fabricación de culpables –“chivos expiatorios”–, por parte del gobierno federal, cuya fiscalía habría detenido a tres presuntos inocentes, les habría sembrado droga y los señaló como posibles culpables del delito que escandalizado a México y al mundo –la masacre de los LeBarón–, en las últimas semanas. Hasta aquí la hipótesis.
Ya frente a los hechos, resulta que en éste caso, como en casi todo el gobierno de López Obrador, la realidad supera por mucho, a la imaginación y a toda hipótesis.
Y es que, en efecto, familiares de los detenidos consiguieron evidencias irrefutables de que los tres hombres son “chivos expiatorios” y que fueron trasladados a Ciudad de México –como presuntos implicados en el crimen de los LeBarón–, sólo para construir el montaje del presidente López Obrador con la familia de los LeBarón.
Como saben, el presidente Obrador agendó un encuentro con la familia LeBarón para el lunes 2 de diciembre. Curiosamente, la tarde del domingo 1 de diciembre, cuando el presidente encabezaba la “fiesta de la mentira y el fracaso”, autoridades federales detuvieron a Luis Manuel, Héctor Mario y Cipriano, a los que les habrían sembrado droga y los llevaron de inmediato a la capital del país.
Por pura casualidad, cuando se llevó a cabo el encuentro de la familia LeBarón con López Obrador, el presidente ya tenía sobre su escritorio el informe de que tres presuntos culpables del crimen LeBarón habían sido detenidos y que existían evidencias que los incriminaban de manera directa.
Esa historia fue repetida por el propio presidente a la familia Le Barón, cuyos voceros salieron a declarar a los medios que AMLO les dio resultados y que “no fue atole con el dedo”.
Sin embargo, el martes 3 de diciembre, familiares de los tres detenidos bloquearon un tramo de la carretera Janos-Casas Grandes, en Chihuahua, y denunciaron que los tres hombres habían sido privados de su libertad sin ninguna prueba, que les sembraron droga y que de inmediato se los llevaron a la capital del país.
Los familiares dijeron, además, contar con evidencias –videos–, que muestran el momento y la hora en que los presuntos implicados en el crimen LeBarón se encontraban en su pueblo, a la hora y el día de la masacre. Por tanto, no podían estar en dos lugares al mismo tiempo.
Por sugerencia de sus abogados, se negaron a difundir a través de los medios las pruebas, ya que servirán precisamente para confirmar que ante la desesperación por el fracaso en las indagatorias, el gobierno federal debió inventar “chivos expiatorios” en el caso LeBarón.
Pero la tragedia es mayor cuando la espuria Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por la impostora Rosario Piedra, no había abierto la boca hasta la tarde de ayer –hasta las 18 horas–, a pesar de que son muchas las evidencias de que el gobierno de Obrador fabrica “chivos expiatorios” y engaña a las familias de las víctimas, los LeBarón, en complicidad de la CNDH, para tratar de justificar sus incapacidades.
¿Ya entendieron por qué y para qué se robó el gobierno de AMLO la CNDH? Sí, para fabricar “chivos expiatorios” de manera impune.
¿Hasta cuándo?
Al tiempo.
