En 2018, el candidato Andrés Manuel López Obradror prometió —hasta el cansancio— que regresaría a los militares a sus cuarteles, ya que su estrategia de seguridad, supuestamente, sería diferente a la de sus antecesores.
“No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”, dijo el tabasqueño en 2012 y lo reiteró previo a los comicios de hace dos años.
Sin embargo, el pasado 11 de mayo, López Obrador literalmente aplicó un ‘decretazo’, pues ese mismo día, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó un acuerdo que dio paso a la militarización de la seguridad pública por cuatro años, en teoría, hasta marzo de 2024.
De acuerdo con varios expertos y organizaciones, como Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el decreto de AMLO no está regulado ni acotado, incluso contradice lo aprobado por el Constituyente Permanente, en marzo de 2019, que es justo cuando se creó la Guardia Nacional.
Cabe señalar que dicha determinación, al ser inconstitucional, fue susceptible a ser impugnada —algo que hicieron diversos personajes de la política mexicana, como la diputada federal del PAN Laura Rojas o el gobernador de Colima Silvano Aureoles— o invalidada por el Poder Judicial de la Federación.
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‘Decretazo’ de AMLO es irregular
Horas después de que la militarización del país se terminó de consumar, organizaciones de la sociedad civil, como el colectivo Seguridad Sin Guerra denunció que lo impulsado por el Ejecutivo federal presentaba diversas irregularidades, como falta de mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas.
“El acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente: la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. Eso, quizá sea el único cambio: el militarismo salió del clóset.
“Faculta a las fuerzas armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad pública en la fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas”, declaró el colectivo.
Pero tan controvertida decisión de esta administración, según el colectivo, “es contrario a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada permanente a autoridades civiles”.
Además, “no hay una supervisión externa a lo que los militares y marinos hagan al realizar detenciones o revisiones de aduanas, puertos, transporte público, etc. La fiscalización que prevé es interna, propia de la justicia militar y no de la civil”.
FUERA MÁSCARAS
Acuerdo presidencial simula regular actuar de las FFAAs en Seguridad Publica pero: ni es extraordinario, ni contempla fiscalización/rendición de cuentas (salvo interna), ni las subordina a civiles. Para eso no son las FFAAs. #SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/dXKJ1581bn
— Catalina PérezCorrea (@cataperezcorrea) May 12, 2020
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López intenta justificar la militarización de la nación
El 14 de mayo, tres días después de que se terminó de consumar la militarización de México, López Obrador trató de justificar tan polémica acción, argumentando que “fue una reforma constitucional del 26 de marzo de 2019, y lo que se hizo fue emitir un decreto, es realmente un trámite, es lo que se hizo. Ya existía la aprobación del Congreso de la reforma constitucional”.
En ese sentido, el primer mandatario reiteró que la sociedad necesita a las Fuerzas Armadas para erradicar la inseguridad y violencia en el país. Incluso, afirmó que “defenderá” esa postura.
“No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Estoy convencido de que es necesario y, como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”, dijo.
El fracaso de la Guardia Nacional
Con base en la ley, la Guardia Nacional (GN) es un cuerpo de seguridad regido por estatutos civiles, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que titula Alfonso Durazo Montaño.
Sin embargo, desde la creación de esta corporación de seguridad no ha sido capaz de reclutar a un solo elemento, ya que sus incorporaciones para este 2020, 29 mil 818, provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con Alejandro Hope —en su columna para El Universal, ‘La pantomima de la Guardia Nacional, 19/08/20— , esos “nuevos” reclutas fueron transferidos a la corporación por medio de un oficio de comisión, aunque administrativamente continúan adscritos a la fuerza armada permanente.
Otro engaño de este gobierno, es que no han hecho creer que la GN está compuesta por 90 efectivos, pero solo 26 mil 736 cuentan con plaza en dicha corporación; pues el resto es herencia de la Policía Federal, y/o provienen de la Sedena o Semar.
Pero la GN no deja de ser una falsedad, ya que a más de un año de su creación, solo 119 de sus uniformados (0.3 por ciento del total) aprobó la evaluación de confianza. Y lo peor es que “El Centro de Evaluación y Control de Confianza no tiene conocimiento sobre el número total del universo de reclutas incorporados a la Guardia Nacional”, agregó Hope.
Aunado a lo anterior, hasta el 21 de mayo de este 2020, ninguno de los reclutas contaba con el documento conocido como Certificado Único Policial (CUP), el cual es un requisito indispensable para ser parte de la GN.
Con todos los datos antes mencionados, queda claro que la GN es una sucursal más del Ejército, por lo que no se rige como dependencia civil. En consecuencia, su máxima autoridad es el general Luis Crecencio Sandoval, titular de la Sedena, y no Durazo Montaño.
Para colmo, dicha corporación, al igual que López Obrador, se ha estado burlando de la ley, porque con base en el artículo 25 de la Ley de la Guardia Nacional, es requisito de ingreso “estar funcionalmente separado de su institución armada de origen”, algo que no sucede, porque la mayoría de sus elementos sigue adscrito a la Semar o Sedena.
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Ni el Ejército detiene el mar de sangre en México
Como se ha citado líneas arriba, la Guardia Nacional es mera simulación, ya que el Ejército se está encargando de la seguridad pública; pero ni eso ha detenido el mar de sangre en México.
Solo basta con revisar los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mismos que de manera cruda señalaron que 2019 fue el año más violento en la historia del país, ya que 35 mil 588 personas fueron asesinadas.
Pero lo más lamentable, es que 2020 mantiene la misma tónica respecto a los homicidios registrados, ya que tan solo en el primer semestre el SESNSP reportó 17 mil 982 asesinatos, que es más del doble que los ocurridos en 2015 durante el mismo lapso.
López Obrador terminó de hacer lo que sus antecesores no pudieron, militarizar el país, pero ni así ha podido detener el incremento de la violencia, todo lo contrario, ésta sigue aumentando y cobrando la vida de decenas de personas.
En su segundo Informe de Gobierno, AMLO no debe olvidar a las más de 50 mil personas asesinadas en lo que va de su sexenio, de lo contrario, solapará a un sistema de justicia impune y corrupto.
Con información de MCCI, Animal Político y El Universal
JZ
