Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el grupo de hacktivistas “Guacamaya”, revelaron que esta dependencia no sólo se resistió a entregar información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sino que también ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ignorar una queja interpuesta por el Comité de madres y padres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
De acuerdo con los documentos, el organismo encabezado por Rosario Piedra solicitó a la Sedena información relacionada con una queja presentada este año sobre la actuación del Ejército en el esclarecimiento de este caso y el resultado de su colaboración con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), respectivamente.
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En un escrito fechado el 28 de julio de 2022, el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ángel Primitivo Flores González, instruye al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, “se determine la conclusión de la presente queja”, la CNDH/2/2022/505/Q, presentada por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente a esta Secretaría de Estado”.
El documento forma parte de los millones de archivos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya, muchos de ellos relacionados con el caso Ayotzinapa, como reconoció en su reciente conferencia de prensa el GIEI, que cita las comunicaciones “no desmentidas” en las que “muestran un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán (José Martínez) Crespo, e indicaciones de asesores militares de adecuar las declaraciones militares a la versión oficial de la época”.
La mención no explícita del hackeo en el posicionamiento del GIEI, surge del reclamo de la falta de entrega de archivos “que puedan tener información clave para la búsqueda, que incluyen escuchas o interceptaciones telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre de 2014 y del 4 de octubre de ese mismo año, entre otras, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales en los archivos de la Sedena que muestran que se tenía un conocimiento de los hechos en el mismo momento en que se estaban dando”.
Con información de Proceso
MSA
