Después de que el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas en materia de seguridad pública, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que presentará una propuesta sobre reforma electoral.
Al no existir una iniciativa formal, se especula que los principales cambios serán: reducir el costo de elecciones y el financiamiento de los partidos políticos; eliminar plurinominales y el número de regidores y síndicos.
“Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país. Que se generan los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos”, dijo la presidenta de la República.
Aprovechando que una parte de la sociedad duda de los partidos políticos y representantes populares, la Cuarta Transformación fortalece la idea de que la democracia electoral debe ser de bajo costo (barata) o no es democracia.
No le falta razón al argumento porque la de México es una de las democracias electorales caras del mundo. El argumento, real o no, es promovido desde hace más de dos décadas por los partidos o movimientos políticos de izquierda.
Dentro del costo de la democracia electoral encontramos una distribución del presupuesto público que integra: el financiamiento de las autoridades electorales y el financiamiento a los partidos políticos y campañas electorales, principalmente. Esto sin considerar el financiamiento privado, legal e ilegal.
En el año de 2024 los partidos políticos recibieron el más alto financiamiento histórico: 10,444 millones de pesos (en 2018, 6,700 millones). Las dos en elecciones concurrentes.
Es ingenuo pensar que las personas, informadas o no, advierten que es demasiado el presupuesto para los partidos políticos y debería ser destinado a la educación o la salud.
De acuerdo con la página del Instituto Nacional Electoral, este 2025, los partidos políticos recibirán un total de 7,354 millones de pesos: 7,003 para actividades ordinarias; 210 mil para actividades específicas; 140 mil de franquicia postal; 693 mil para franquicia telegráfica y 210 mil para el liderazgo político de las mujeres.
Este 16 de junio, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados la propuesta de la diputada del Movimiento Ciudadano, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, una “Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal Para la Protección De Personas Candidatas A Algún Cargo Público, con la finalidad de garantizar medidas de protección para personas candidatas a un cargo de elección popular”.
La propuesta, que consta de 27 artículos más 2 transitorios, describe el número de ataques sobre personas candidatas (1,764, entre el 2018 y el 2024), advierte que “existen lagunas legislativas para garantizar la seguridad de personas candidatas, descoordinación y ausencia de procedimientos claros” y determina que “los pocos mecanismos que existen son insuficientes e inadecuados para atender el problema”.
Al referirse al mecanismo implementado el 4 de marzo del 2021, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Estrategia de Protección en Contexto Electoral), la iniciativa concluye: “El problema de fondo, como lo ha reconocido el mismo gobierno, se centra en la cooptación e imposición de funcionarios, el financiamiento ilegal de campañas y la complicidad con el crimen organizado. De no atenderse reformas estructurales que garanticen seguridad para la democracia, ninguna política pública aislada como la que se implementó en 2021 funcionará sin antes aplicar criterios estadísticos para calcular el nivel de riesgo electoral en relación con los territorios y comunidades que en el país padecen violencia desproporcionada por parte del crimen organizado.”
Por esa razón, la iniciativa propone la creación de un mecanismo de protección a personas candidatas a cargos de elección popular “…para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar su vida, integridad y derechos políticos electorales.”
El mecanismo estaría “integrado por una Junta Directiva y una Dirección Operativa a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”. Es decir, la misma institución que fue responsable de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral.
El punto esencial del mecanismo es: “Elaborar y proponer manuales y protocolos de estrategias de prevención, estrategias activas de contención, medidas de protección y estrategias de salvaguarda inmediata” (fracción I del Artículo 5)
¿Cuáles son las medidas, instrumentos y herramientas del mecanismo? Los artículos 16, 17 y 18 lo señalan:
“Artículo 16.- Las medidas urgentes de protección incluyen:
I. Evacuación;
II. Reubicación Temporal;
III. Escoltas de cuerpos especializados;
IV. Protección de inmuebles y
V. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas candidatas.
Artículo 17.- Complementariamente, dependiendo cada caso estas medidas de protección podrían incluir:
I. Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital;
II. Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona candidata;
III. Chalecos antibalas;
IV. Detector de metales;
V. Autos blindados; y
VI. Las demás que se requieran.
Artículo 18.- Las Medidas preventivas incluyen:
I. Instructivos,
II.Manuales,
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos,
IV. Acompañamiento de observadores electorales; y
V. Las demás que se requieran.”
El lunes pasado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública celebró una sesión de trabajo donde aprobaron la opinión presupuestal sobre la iniciativa de la diputada Ballesteros.
El dictamen, que contó con el análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, de la propia Cámara de Diputados, determinó que la iniciativa, de aprobarse “generaría un impacto presupuestario para la Federación de 43 millones 749 mil 746.7 pesos”.
Todas las personas merecen protección, pero la iniciativa es para un grupo de personas, ya de por sí cuestionadas, olvidando que la coordinación institucional y perfeccionamiento de las acciones de seguridad pública no debe tener diferencias.
Una persona común, pensaría que al alto costo de la democracia debemos sumarle más. En sentido contrario a la opinión pública, el Movimiento Ciudadano parece que está planteando privilegios. No creo que vaya por ahí el camino de los procesos electorales ¿No se pueden coordinar el Congreso de la Unión, las autoridades electorales y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación para afinar el mecanismo existente?
