Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Diputados pospuso la discusión del dictamen de la Ley de Amnistía debido a la falta de legisladores para cumplir con el quórum que establece la ley.
Al tratar de iniciar el debate, la presidente de la Comisión de Gobernación, la morenista Rocío Barrera, solicitó el quórum de los presentes y no se alcanzó.
La Comisión solamente alcanzó 17 legisladores y les faltó un diputado para alcanzar el quórum; mientras que por parte de la Comisión de Justicia llegaron 16 de 18 legisladores para hacer el mínimo requerido.
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La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega, explicó que será necesario que las dos mesas directivas de las comisiones acuerden una nueva fecha para la reunión.
Luego de una hora de espera, se dio por terminada la reunión, ya que, de acuerdo con el reglamento el margen es de 30 minutos.
Pilar Ortega rechazó que la ausencia de legisladores obedezca a un boicot orquestado por la oposición, al asegurar que con la bancada de Morena “es suficiente”.
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“Con Morena completo hay sesión, la mayoría la tienen ellos y ellos pueden asegurar que haya sesión prácticamente en todas las comisiones, entonces no es un tema de boicot, es un tema que obedece a otras cuestiones de cada legislador que decidió no quedarse o no llegar”, aseguró.
El dictamen de la Ley de Amnistía, el cual pretendía ser discutido este jueves, plantea el otorgamiento del “perdón” de delitos como la interrupción del embarazo (incluyendo a la mujer, familiares y a los médicos practicantes de la interrupción); así como delitos contra la salud que hayan cometido pobres, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.
También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameritan cárcel de más de cuatro años; así como el delito de sedición que es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.
Con información de La Razón y El Universal
