Quien sería el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que el viernes pasado se reunió con los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Encinas confirmó que la Comisión de la Verdad será una realidad cuando llegue el nuevo gobierno, dijo al salir de la casa de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
“Ya me reuní con todos los papás y con las mamás. Nos reunimos el viernes de la semana pasada, les ofrecimos encontrar la verdad”, comentó ante medios de comunicación.
Pero a final de cuentas, la declaración se encamina a la mentira aprovechando el dolor de los padres de las víctimas, y a deslegitimar —como es su costumbre— a las instituciones del país.
Y es que el pasado 18 de julio un magistrado federal resolvió que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida en 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR, que considera no cumplir la orden de creación de dicha comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Dos días después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció que no tiene atribuciones para investigar delitos, por lo que no puede efectuar indagatorias paralelas a las de la PGR respecto a la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala.
Y es que, la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad estaría encabezada por representantes de las víctimas y la CNDH, que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares.
Aún así, Alejandro Encinas comentó que la Comisión para investigar la desaparición de los 43 normalistas es cuestión de voluntad política y es un derecho constitucional.
“Refrendar nuestro compromiso para conocer la verdad y saber dónde están los muchachos… Y todos los casos se van a atender”, aseguró a los padres de las víctimas.
