La reforma constitucional en contra del llamado “fiscal carnal” está a punto de convertirse en realidad, pues son ya 16 los Congresos Locales que han avalado las modificaciones a la Carta Magna para eliminar el pase automático del titular de la PGR a la nueva Fiscalía que sustituye la dependencia.
A casi ocho meses de la aprobación en el Congreso de la Unión, de la reforma al artículo décimo sexto transitorio constitucional para reponer el proceso de elección del primer Fiscal de la Nación, las Legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz ya autorizaron su entrada en vigor.
El artículo 135 de la Constitución establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por al menos 17 Congresos locales para que pueda ser promulgada y vigente. Al momento, el Congreso de la Unión ya recibió la notificación de aprobación en 16 entidades. Otras dos también ya aprobaron la reforma, pero no han enviado la notificación, por lo que es cuestión de tiempo que el “pase automático” sea eliminado.
Cabe mencionar que, ocho de las 16 entidades que no han procesado la reforma contra “el fiscal carnal” los partidos opositores tienen mayoría.
Así sucede, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de la CDMX que está compuesta por 20 integrantes de Morena, 17 del PRD, 10 del PAN, tres de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del PES; mientras que sólo ocho son del PRI, tres del Partido Verde Ecologista de México y uno de Nueva Alianza. Los números alcanzarían para que la oposición avale las modificaciones constitucionales.
También destacan como Congresos mayoritariamente opositores que frenan la reforma los de Puebla y Guanajuato. Otras entidades donde los opositores también podrían presionar para la aprobación de esta reforma son: Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Mientras tanto el PRI y sus aliados tienen mayoría en los Congresos de otras entidades que no han avalado la reforma por la que se repone el proceso para la designación del nuevo fiscal general.
El retraso en la aprobación de esta reforma constitucional, que se refiere sólo a un párrafo del régimen transitorio de la reforma constitucional de 2014 en materia político electoral, provocó que los actuales senadores y diputados federales ya no puedan procesar el resto del diseño constitucional y legal para dar forma a la Fiscalía General de la República.
