En la entidad hidrocálida también habrá comicios en 2016. En este proceso se elegirá al gobernador, a 11 presidentes municipales y a 27 diputados locales. De la cifra anterior, 18 legisladores se definirán por mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

En materia económica, es importante señalar que durante 2015, Aguascalientes estuvo cerca de alcanzar su meta de crecimiento: seis por ciento anual. En este año, la entidad tuvo un incremento económico de 5.2 por ciento; mientras que en 2014, el crecimiento en la entidad superó la meta por 8.3 puntos porcentuales, es decir, alcanzó una cifra de 14.3 por ciento.

Viene a cuenta recordar que hace cinco años –cuando inició la administración del gobernador Carlos Lozano de la Torre–, la cifra de crecimiento en Aguascalientes era de 4.5 por ciento.

En lo que corresponde a la creación de empleos formales, los expertos fijaron una meta de 4 mil 500 plazas nuevas por trimestre. No obstante, en los últimos tres meses la cifra fue de sólo mil 132 empleos nuevos. Se sabe que en 2010 –cuando inició la gestión de Lozano de la Torre–, en Aguascalientes se perdían hasta 3 mil 608 plazas por trimestre.

En otro sentido, la pobreza laboral en Aguascalientes –que se refiere a la cifra de ciudadanos que no pueden comprar una canasta alimentaria con sus ingresos–, es de 37.5 por ciento de la Población Económicamente Activa. Aun así, esta entidad cuenta con el menor porcentaje de pobreza laboral en todo el país. Hace cinco años, al inicio de esta gestión, la pobreza laboral era de 39 por ciento.

Por otro lado, el monto de la deuda estatal –hasta el segundo trimestre de 2015–, es de 3 mil 246 millones 174 mil 827 pesos con 61 centavos, mientras que en 2010 la cifra era de 2 millones 603 mil pesos.

En la actualidad, el gobierno estatal está en manos del priista José Carlos Lozano de la Torre. No está de más recordar que en 2010, el tricolor obtuvo el 47. 6 por ciento del voto de los ciudadanos.

En materia electoral, se sabe que –según el padrón electoral actualizado del INE– el siguiente año podrán ejercer su derecho al voto cerca de 883 mil 323 ciudadanos.

Entre las acciones más destacadas del actual gobernador se encuentran:

• La implementación de juicios orales mercantiles.
• Aguascalientes fue el primer Estado en promover el programa Transporte Verde Cero Emisiones.
• El estado también es pionero en construir una red de internet gratuito en plazas públicas.Se sabe que la entidad ha diseñado políticas públicas para familias de migrantes.
• El Estado es uno de los más seguros del país con una baja tasa de homicidios dolosos en comparación con otras entidades.

Por otra parte, el gobernador se ha visto envuelto en diversos escándalos, el más reciente fue la anulación de la elección distrital debido a actos proselitistas ilícitos por parte del propio Carlos Lozano.

Además, al inicio de su campaña para obtener el Poder Ejecutivo de la entidad se dieron a conocer diversos audios en los que miembros del PAN pedían apoyo de manera clandestina para que éste ocupara la gubernatura por la que contendió.

Este lunes, un tribunal federal confirmó la versión que hemos defendido en este espacio durante meses: en Tlatlaya no hubo ejecuciones extrajudiciales.

Con base en las contradicciones de los testigos y ante la falta de evidencias sólidas, este tribunal ordenó la liberación de cuatro de los siete militares presos por el caso Tlatlaya.

Y aunque se antoja positivo que la justicia lograra abrirse paso y que, finalmente, ocurra lo que debió ocurrir hace meses; lo cierto es que el tiempo que duró el proceso provocó un gran daño en las vidas de estos siete militares.

La falta de definición de un juez acabó con ocho familias.

Por eso preguntamos, ¿por qué si las contradicciones siempre fueron evidentes y nunca existieron pruebas sólidas de las ejecuciones extrajudiciales, ningún juez se atrevió a impartir justicia?

La versión más recurrente es que ningún juez estaba dispuesto a soportar el escarnio público y la presión mediática de dictaminar en sentido opuesto a la opinión de un sector de la opinión pública.

Es decir, que el principal obstáculo de la justicia en el caso Tlatlaya habría sido el temor de un juez a las agresiones que podrían acompañar su decisión.

Y aunque injusto e inadecuado, el miedo de estos jueces está justificado, ¿Por qué? Porque, en los hechos, nadie defiende a los togados.

En entrevista para La Otra Opinión, el doctor Emilio Vizarretea –experto en seguridad–, explicó que no existe un mecanismo que proteja a los jueces del linchamiento social y mediático en casos controvertidos.

Es decir, que los impartidores de justicia que teman por su seguridad e integridad, están obligados a seguir un largo proceso que, a su vez, impide la acción pronta y expedita de la justicia.

Por todo lo anterior, no sobra preguntar, ¿quién protege a los jueces? ¿quién cobija a los responsables de emitir decisiones complicadas como la del caso Tlatlaya? ¿acaso la seguridad de los jueces no es esencial en el proceso de impartición de justicia?

Hace unas horas, el Consejo de la Judicatura Federal –a través del Juez Décimocuarto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal–, declaró la quiebra de la caja de ahorro popular conocida como Ficrea.

De acuerdo con la ley mexicana, los activos de Ficrea alcanzan para cubrir solo el 11 por ciento del adeudo reconocido. O si lo prefiere, que es prácticamente imposible que Ficrea salde sus pasivos.

A partir de ahora –luego de la declaración de bancarrota–, lo que sigue para los acreedores es recuperar entre un 60 y un 80 por ciento del dinero que entregaron a esta caja de ahorro. No obstante, tampoco está de más recordar que no existe garantía de que esto ocurra como dicen.

Pero eso no es todo, también es importante preguntar, ¿quién se asegurará de que los acreedores recuperen su dinero?

¿Quién se hará responsable por el monto que no alcancen a cubrir con la disolución de Ficrea?

¿Quién, luego del caso Ficrea, tiene los elementos para asegurar que las instituciones financieras son confiables?

¿Quién, luego del caso Ficrea, puede decir que las inversiones y los ahorros de los mexicanos cuantan con algún tipo de respaldo?

¿Quién garantiza que el dinero de todos, sus bienes y sus ahorros están a salvo en las instituciones financieras que cada quien elige?

¿Qué certeza existe?

Hace días circuló la versión de que el gobierno federal habría cancelado el proyecto de la cédula de identidad ciudadana que puso en marcha el ex presidente Felipe Calderón.

También se dijo que con el carpetazo se perderían los más de dos mil millones de pesos que invirtió la administración de Calderón.

E incluso se afirmó que se echarían por la borda los 5.5 millones de registros de iris.

Evidentemente, el asunto escaló rápidamente.

Sin embargo, en entrevista para La Otra Opinión, el subsecretario Humberto Roque Villanueva negó estas versiones.

Hace semanas, cuando el secretario de Gobernación –Miguel Osorio–, convirtió a Roque Villanueva en el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; le asignó la tarea de completar el proyecto de la Clave Única de Identidad.

Por lo anterior, Roque es el indicado para afirmar que el esfuerzo que llevó a cabo el gobierno de Felipe Calderón no se irá a la basura. De hecho, el mismo Humberto Roque explicó que toda la infraestructura adquirida durante el sexenio anterior se utilizará en este nuevo intento por dotar a los mexicanos con un documento de identidad.

Según Humberto Roque, la modificación más relevante en este nuevo armado será la homogeneización de todos los datos de identidad en una clave única. Es decir, que no se producirá una nueva credencial, simplemente se desarrollará una clave que permita a los mexicanos acceder a todos los servicios que ofrece el Estado, sin la necesidad de utilizar una identificación para cada trámite.

No obstante, continuó Roque el esfuerzo unificador no implicará el desperdicio de datos o de dinero. En realidad, todo lo que se tiene y todo lo que se ha recopilado tendrá un uso.

El proyecto de identidad, en pocos palabras, pretende emular el número del seguro social en Estados Unidos. Es decir, una clave que contenga los datos generales de cada mexicano y que le permita acceder a los servicios públicos e identificarse como habitante de ese país.

En esta lógica, no se emitirán nuevas identificaciones y tampoco se entrará en conflicto con la credencial de elector. Simplemente, concluyó Humberto Roque, se desarrollará un mecanismo que identifique a todos los mexicanos independientemente de su edad o del estado de sus derechos políticos.

Y para con este objetivo en mente, la administración Peña Nieto aprovechará los avances –en investigación, recopilación de datos e infraestructura–, para evitar el desperdicio de recursos y para asegurar la viabilidad y el éxito del proyecto.

El fin de semana, la dirigencia nacional del PAN convirtió a Luis Felipe Bravo Mena en su comisionado anticorrupción.

Frente a este nombramiento, la pregunta obligada es, ¿quién le cree al PAN?

¿Quién le cree al PAN cuando su presidente, el mismo que nombró a Bravo Mena, ha sido acusado de corrupto?

¿Quién le cree al PAN cuando dos de sus ex gobernadores –Guillermo PAdrés en Sonora y Marcos Covarrubias en Baja California Sur–, dejaron el cargo en medio de escándalos de corrupción?

¿Quién le cree al PAN cuando el que fuera líder de los diputados azules, Luis Alberto Villarreal, fue acusado de todo tipo de raterías?

¿Quién le cree al PAN cuando uno de sus senadores más taquilleros, Javier Corral, tiene una deuda gigante con una empresa y, en vez de saldarla, convierte a la compañía en blanco de sus ataques?

¿Quién le cree al PAN cuando incluso sus candidatos –como Francisco Rojas–, son exhibidos en las peores prácticas políticas?

¿Quién le cree al PAN?

A continuación reproducimos las columnas que, en su momento, provocaron insultos, descalificaciones y hasta mentadas de madre.

Hoy, la justicia nos da la razón.

TLATLAYA: EL FRACASO.

Publicado el 28 de septiembre de 2014

El caso Tlatlaya apunta a convertirse en uno de los grandes fracasos del Estado mexicano y de las instituciones castrenses y las responsables de perseguir y castigar los delitos. ¿Y por qué un fracaso?

Porque podría confirmar que en el México democrático que pregonan tirios y troyanos siguen existiendo la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; porque podría revelar que al regreso del viejo PRI al poder presidencial también regresaron algunas de las peores prácticas de las fuerzas castrenses y, por si fuera poco, porque no queda duda que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve para nada.

Y es que luego de las dudosas versiones sobre el supuesto enfrentamiento entre militares y criminales en Tlatlaya –el pasado 30 de junio–, y de una saludable reacción de esa institución fundamental de la democracia llamada “Opinión Pública”, hoy prácticamente es un hecho que un grupo de militares no sólo enfrentó a un puñado de presuntos criminales en Tlatlaya, sino que habrían sido sometidos, torturados y ejecutados por los militares.

¿Por qué los habrían ejecutado? ¿Quién mintió? ¿Por qué y para qué mentir? ¿A quién protegen? ¿Quién solapó a militares presuntos responsables? ¿Por qué los mandos castrenses medios y altos ocultaron el hecho durante casi tres meses? ¿Quién ahbría ordenado matar en caliente a los presuntos criminales? ¿Se trató de una orden de arriba? ¿Se manda sola la tropa y/o el oficial que los comanda? ¿En qué punto se rompió la disciplina y el protocolo militares? ¿Quiénes son responsables de esa grave falla en el mando militar? ¿A poco ningún superior jerárquico se enteró de esa grave irregularidad? ¿Quién o quiénes dieron la orden de dejar hacer y dejar pasar una falta que daña gravemente al Estado y al gobierno federal? ¿Por qué el Ministerio Público solapó una grave violación militar? ¿Por qué los civiles involucrados no dieron la voz de alarma..?

HECHOS Y REACCIONES.

Hasta hoy nadie tiene una respuesta convincente a las interrogantes; nadie sabe hasta donde llega el nivel de responsabilidad, la recurrencia de ese tipo de violaciones y nadie sabe si serán castigados no solo los que habrían disparado, sino sus jefes y aquellos que los solaparon.

Lo que si sabemos es que frente al surgimiento de evidencias que parecen contundentes, la Secretaría de la Defensa reaccionó antes de que fuera demasiado tarde y se apresuró a detener, arraigar y presentar ante la autoridad competente a un puñado de militares presuntos responsables del crimen colectivo. Pero también aquí se debe preguntar. ¿Por qué la reacción de la Sedena como control de daños y no antes, como parte de la responsabilidad con la justicia?

Lo que si se sabe es que gracias a las reformas en materia penal, los militares presuntos responsables no serán juzgados por tribunales militares, sino que deberán enfrentar la justicia civil, en donde las cadenas de mando que durante tres meses habría solapado a los presuntos responsables ya no tendrán la influencia para seguir tapando el presunto delito.

Lo que si se sabe es que todos los niveles de autoridad involucrados en el enfrentamiento de militares y criminales en Tlatlaya –y/o todos aquellos que conocieron del hecho–, hicieron todo para ocultar la verdad de los hechos. Y por eso de nuevo vale preguntar. ¿Por qué la cadena de complicidad? ¿Es una práctica común entre militares? ¿Por qué habremos de creer que es un hecho aislado? ¿En cuántos casos como Tlatlaya está involucrada la Sedena, la Armada, la Policía Federal?

EL DAÑO…

También sabemos que el caso Tlatlaya golpea de manera frontal la imagen, la credibilidad y la confianza social en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que a pesar de las promesas presidenciales de que no regresaría lo más cuestionable del viejo PRI, los hechos de Tlatlaya dicen que está presente el PRI represor y autoritario.

Tlatlaya golpea al gobierno federal porque –casualmente–, al tiempo que el presidente mexicano es reconocido en buena parte del mundo por las grandes reformas estructurales, su gobierno es cuestionado por los más importantes organismos defensores de derechos humanos en el mundo, que ven el caso Tlatlaya como un severo revés del gobierno del las grandes reformas.

Acaso por esa razón –y a manera de control de daños–, el secretario de Gobernación matizó sobre la posibilidad de que en Tlatlaya las fuerzas armadas pudieran haber cometido excesos criminales “que serían aislados”, según dijo Miguel Osorio.

Sin embargo, el mayor daño que provocó el caso Tlatlaya a las instituciones del Estado, golpea por debajo de la línea de flotación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que a partir del regreso de los gobiernos del PRI, la CNDH se convirtió en grosera tapadera de los excesos de la Sedena, la Marina Armada y la Policía Federal.

Y ese sometimiento deliberado fue ordenado por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, quien hizo todo –incluso atentar contra la independencia y la credibilidad de la CNDH–, para conseguir el favor presidencial y, con ello, lograr la reelección en el cargo. Pero el caso Tlatlaya confirma que el peor daño que le puede hacer una CNDH sometida al gobierno en turno es la sumisión. Si el Ombudsman hubiese hecho su trabajo, el golpe al gobierno habría sido manejable.

Y LA VIRTUD.    

Pero también hay buenas noticias. La duda sobre lo ocurrido en Tlatlaya partió de un grupo de intelectuales mexicanos comprometidos, a los que siguió un grupo de opinadores responsables. Luego vino la prensa extranjera –que escuchó a esos intelectuales y a esos opinadores–, y que investigó e hizo lo que no realizó la prensa mexicana.

Al final, esa saludable institución de la democracia, conocida como “Opinión Pública”, volvió a demostrar su vigencia y que no importa si se trata de un gobierno del PAN, del PRD o del PRI, la duda siempre debe estar presente al conocer los actos de gobierno. Y es que sean los gobierno de Peña Nieto, de Calderón o de AMLO, siempre tratarán de ocultar, a los ojos ciudadanos, lo malo y lo feo de sus acciones.

Pero la saludable institución de la “Opinión Pública”, también demostró que el peor enemigo de un gobierno es el fanatismo, la complacencia y la simulación social. Y es que justificar hoy las fallas del gobierno de Peña Nieto, así como justificar los errores cometidos en su momento por los gobiernos de Calderón o de AMLO, es veneno puro para la democracia mexicana. Ya no son tiempos de solapar a ningún gobierno, sea por fanatismo, sea por complacencia. Al tiempo.

Quincena trágica; fin a luna de miel

Publicado el 12 de octubre de 2014.

En poco más de dos semanas, la terca realidad se encargó de poner fin a la “Luna de miel” del gobierno de Enrique Peña Nieto con los mexicanos y con el mundo. Más aún, ya se moteja como “la quincena trágica”, el derrumbe de la tramoya sobre la que se montó el éxito espectacular de un mandatario que llamó la atención del mundo gracias a las grandes reformas aprobadas en su corta gestión.

Pero la terca realidad de la impunidad y la ingobernabilidad que imperan en los tres órdenes de gobierno y en los Tres Poderes –incluyendo a partidos políticos–, opacó el maquillaje en la gestión de Peña Nieto, cuyo gobierno pasó en pocas horas de ser ejemplo global de cambio y modernidad, a una imagen de gobierno autoritario, capaz de violentan de violentar los derechos humanos y de serias fallas en los aparatos para impartir y procurar justicia.

Y es que los escándalos de Tlatlaya –en donde militares mataron a 22 criminales que se habían rendido–, de Iguala, –en donde policías municipales ligados a bandas criminales mataron y secuestraron a normalistas–, y el paro en el IPN –donde más que negociar el gobierno federal rindió la plaza para no chocar con los estudiantes y sus tripulantes–, exhibieron los tres problema endémico del Estado mexicano; la impunidad, por un lado, la ingobernabilidad, por el otro y que en la práctica no existen los poderes municipal y estatal.

Pero acaso lo más grave es que esas deficiencias del Estado mexicano, y sus secuelas de barbarie que han escandalizado al mundo, hacen ver a “las grandes reformas estructurales” –aprobadas en los primeros dos años de la gestión de Peña Nieto–, como pequeños pasos, aún insuficientes y muy lejos de los verdaderos cambios que reclama el país.

Sin embargo –y según especialistas–, el fondo real de los problemas que desencadenaron la barbarie en Tlatlaya y en Guerrero y que prendieron los focos rojos en la última institución de educación pública que aún genera egresados de alta calidad –como es el IPN–, se localizan en el fracaso de las políticas públicas para la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones del Estado y, como resultado, la desconfianza social hacia cualquiera de las instituciones.

IMPUNIDAD.

Como se sabe, en el caso de los 22 presuntos narcotraficantes que fueron masacrados por un puñado de efectivos militares, no sólo falló la disciplina castrense; no solo existe una falta grave en la rendición de cuentas de los enfrentamientos entre militares y criminales, sino que distintas instituciones de los niveles municipal y estatal y dependencias federales, como la PGR, también fueron omisas.

¿Por qué un militar, como los que masacraron a los criminales localizados en Tlatlaya, no respetó el protocolo militar? ¿Cuántos casos como el de Tlatlaya se habrán producido, durante cuánto tiempo? Queda claro que si un militar actúa como lo hicieron los que mataron a los 22 presuntos criminales, lo hace porque saben que el acto ilegal que cometió quedará impune; no solo para en el caso del que disparó, sino para toda la jerarquía militar responsable. Y si hacemos memoria, recordaremos que si no es por un grupo de intelectuales mexicanos, por la prensa internacional y, al final, por la prensa mexicana, el crimen de Tlatlaya habría quedado impune.

Pero si en Tlatlaya fallaron la SEDENA, el gobierno federal, el estatal y hasta el municipal; además de la PGR y la CNDH, en Iguala también fallaron los gobiernos municipal, el estatal y el federal; fallaron el Congreso local, el Congreso de la Unión, el gobierno federal a través de la PGR y de Gobernación, la CNDH, el CISEN, el Poder Judicial; además de los partidos que postularon como alcalde José Luís Abarca; PRD, PT, MC y sus respectivos líderes. Es decir, en Iguala falló todo lo que pudo haber fallado.

Pero la pregunta clave está en otro lado. ¿Por qué fue posible que a lo largo de una década naciera, creciera y llegara a su momento estelar un alcalde que era un criminal, que debía muchas vidas, que era bien visto por todos en las izquierdas y que, según distintos testimonios, repartía mucho dinero para hacer política?

Pues fue posible porque José Luís Abarca se sabía impune; gozaba de la protección del gobierno estatal, del PRD, de Morena, del PT. Era impune porque en el Congreso local lo “apapachaban”; porque René Bejarano utilizó su caso con fines políticos. Es decir, el alcalde Abarca, de Iguala, nació, creció y mató, al amparo de la impunidad que todos le regalaron

INGOBERNABILIDAD.

Pero además, está claro que en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, los respectivos mandatarios estatales no gobiernan. Es decir, se cumplen todas las premisas de la ingobernabilidad, ya que el poder dominante es otro distinto al de la figura institucional. En Oaxaca manda la CNTE. En Michoacán mandan los Templarios, la CNTE y los normalistas. Y en Guerrero mandan la CNTE, los grupos guerrilleros, los normalistas y las bandas criminales. Cada una en su respetivo centro de influencia.

Lo ocurrido en Iguala –en donde manda el crimen organizado–, es producto de la ausencia de gobiernos municipal, estatal y, claro, del gobierno federal. ¿De verdad Gobernación, el Cisen, la PGR, el PRD, el PT, el Congreso de la Unión, el Congreso local… no sabían que el Iguala mandaba el crimen organizado? Pues sí, esa ausencia institucional provocó la tragedia. Y eso se llama ingobernabilidad.

CLAUDICACIÓN.

Pero la quincena trágica del gobierno de Peña Nieto se cumple con el “paro loco” del IPN. Lo primero que se tiene que decir es que el activismo perverso de la CNTE en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, además del “paro loco” del IPN, son la mejor evidencia del fracaso de la reforma educativa. Pero además, está a la vista el fracaso táctico del “diálogo de templete” y la “legitimación” del movimiento politécnico, a sabiendas de que es tripulado por AMLO y sus poderes fácticos.

Por lo pronto, el IPN se pudrió. ¿Por qué? Porque en los hechos el paro es el secuestro de todo el IPN. Y ante el secuestro de miles de estudiantes, que perderán no solo un ciclo escolar sino su futuro, AMLO y el gobierno federal se enfrascarán en una lucha sorda y ciega que terminará con chantajes para la elección de 2015.

Es decir, AMLO aceptara dejar en libertad al IPN, a cambio de diputaciones y espacios de poder, sobre todo en el DF. Y mientras tanto, el gobierno federal claudicó, antes que asumir su responsabilidad como autoridad. En la práctica, los poderes fácticos reventaron las reformas estructurales. ¿Revenarán al gobierno de Peña? Al tiempo.

TLATLAYA, LA INJUSTICIA.

Publicado el 12 de noviembre de 2014

No, cuando hablamos de la “injusticia” cometida en Tlatlaya, estado de México, no nos referimos a la supuesta o real ejecución extrajudicial que habrían cometido militares, contra delincuentes. No, en realidad nos referimos a la posibilidad de que los militares sean víctimas de una injusticia. Sí, por increíble que parezca.

Y es que para nadie es nuevo que los actuales son tiempos en donde “lo de hoy” es el odio maniqueo en contra de instituciones del Estado, sea el Ejército, la Marina o las distintas policías. Más aún, es casi un pecado sólo imaginar que en casos como el de Tlatlaya –-en donde se enfrentaron criminales y militares, con saldo de 22 muertos del primer bando–, se pudiera cometer una grosera injusticia. Para muchos esa sola idea es un sacrilegio.

Sin embargo, y a pesar de que es “políticamente incorrecto” –en tiempos de odio maniquéo–, otorgar el beneficio de la duda a militares, marinos o policías, preferimos correr el riesgo porque la historia que escuchamos –del familiar de uno de los militares detenidos–, merece la duda razonable.

Lo platicamos en primera persona, como lo escuchamos.

“La noche de la balacera (30 de junio) el teniente de la unidad nos pidió alistarnos para un patrullaje. No se por qué solo se alistó una unidad, cuando en esos casos siempre salen dos de siete elementos cada una, como lo pide la regla. Cuando llegamos al lugar de la denuncia (San Pedro Limón, Tlatlaya), bajamos del vehículo y apenas empezábamos el despliegue y nos recibieron a balazos. Eran como las cuatro de la mañana

“Los delincuentes usaban armas de alto poder; ráfagas como de “Cuerno de Chivo” y como de AR-15, por el tipo de percusión. Era de noche y no sabíamos bien de donde venían los disparos. No sabíamos cuantos eran, si sembraron una emboscada… Por las ráfagas supimos que eran bastantes. No se cuanto tiempo pasó, pero escuchamos que de ellos cayeron muchos. No se cuantos; ellos mismos gritaban que le habíamos pegado a uno, otro…

“En un derrepente, el paramédico nuestro cayó. Sólo escuchamos un quejido. Quedó como muerto, con la cara pá arriba. Lo ayudaron el de trasmisiones, lo ayudó el chofer y creo que el oficial. Le habían pegado en el pecho y en un hombro, del que salía sangre a chorros. Parecía muerto. Para vigilar y cubrir a los tres que lo ayudaron se sumó uno de vigilante, porque creímos que se nos iban a venir los denfrente, si veían que había caído uno de los de nosotros.

“Los otros tres parapetamos el fuego… Creo que iba con nosotros el sargento. Avanzamos cubriéndonos a lo que parecía una bodega, de donde salían las ráfagas. Siempre gritando ¡Ejército mexicano..! ¡Ríndanse… están rodeados..!

“Luego todo se quedó callado… No había movimiento, nada se oía ni se veía… Seguimos gritando ¡Ejército mexicano..! ¡Ríndanse..! Luego se escuchó algo, como gritos. “¡Ya ya ya..! Ya párenle”…

“No se cuanto tiempo, todo se quedó callado. Algo decían los criminales, como en secreto… Gritamos “¡Ejército Mexicano… ríndanse!” Y volvieron a decir, “Ya… ya párenle..” Pero luego corrieron y se oyó que trataron de accionar armas… No se veía nada y no sabíamos si venían contra nosotros… Volvimos a disparar ya en la puerta de la bodega…

“Pasó rato… y ya no oímos nada… De a poco entramos, inspeccionamos a uno por uno, para ver si no estaban poniéndo una trampa. Vimos que todos estaban como abatidos… Con el pie pateas las armas y luego volteas el cuerpo y ves que ya no estaban vivos… Luego encontramos a tres mujeres escondidas. Salieron y dijeron que las tenían secuestradas. Pero no tenían nada que dijera que las tenían privadas de la libertad. Por eso las entregamos al MP.

“El paramédico nuestro aún estaba vivo. La bala del pecho le pegó al chaleco y por eso perdió la conciencia. Se desangraba del hombro. Ya se había pedimos ayuda y luego nos retiramos”. Hasta aquí la versión de un ciudadano que dice que su familiar, un soldado de hoja impecable, hoy está en prisión, por combatir a los delincuentes.

A su vez, el procurador mexiquense Alejandro Gómez, expuso una vez más, que esa procuraduría no ocultó nada porque no tenía nada que ocultar, lo que coincide con la narración.

Los testimonios fueron recabados el jueves y viernes de la semana pasada. Casualmente, el pasado lunes, el titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, habló del tema cuando dijo que los militares no se amedrentan “por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, mal intencionados, que la institución no merece”. ¿Casualidad? ¿Quién miente? ¿Por qué un sector social trata mejor a los criminales que a los militares? Al tiempo.

¡DÉJENSE MATAR, PARA QUE LES CREAN!

Publicado el 27 de mayo de 2015.

En el Itinerario Político del 12 de noviembre de 2014 divulgamos el testimonio de un militar presunto responsables de la ejecución extrajudicial de narcotraficantes en Tlatlaya.

Dimos valor al testimonio luego de consultar a especialistas forenses que, en el lugar de los hechos, dieron crédito la versión. Por eso –y a riesgo del insulto–, publicamos el testimonio a pesar der que –como también dijimos ese 12 de noviembre–, “lo de hoy es el odio maniqueo contra instituciones del Estado como el Ejército, la Marina y la Policía Federal”.

La narración de la refriega –de la madrugada del 30 de junio de 2014–, resulta escalofriante, sobre todo porque confirma que a cada paso los efectivos federales se juegan la vida ante los criminales. Pero también indigna que a pesar de ese riesgo, para un sector social estimulado por el odio al régimen, los militares, marinos y policías son la moderna versión de “perros del mal” cuya vida no merece una lágrima o un responso cuando son masacrados por criminales. Militares, marinos y policías son crucificados si un medio o un supuesto especialista insinúa que violaron los derechos humanos de los criminales.

Por eso, al final del Itinerario Político de esa fecha preguntamos: “¿Por qué un sector social trata mejor a los delincuentes que a los militares?”

Está claro que detrás del grosero montaje en Tlatlaya existe interés por debilitar las instituciones y al gobierno federal; interés idéntico al mostrado por el montaje conocido como “No más Sangre” durante la gestión de Calderón –que nunca más apareció una vez que Felipe dejó el gobierno–, y que buscaba el mismo fin; debilitar y tirar al segundo gobierno azul.

Lo curioso es que casi un año después la historia se repite y nos da la razón.

Como saben, otro choque entre militares, policías federales y criminales se produjo el viernes 22 de mayo, en Tanhuato, Michoacán, con un saldo mortal de 42 presuntos criminales y un policía federal.

Horas después, en el Itinerario Político del domingo 24 advertimos la posibilidad de que –otra vez–, aparecieran voces de supuestos expertos que sembrarían dudas sobre el operativo y –de esa manera–, descalificarían la eficacia federal. ¿Y qué creen?

En efecto, el lunes 25 reaparecieron los mismos sembradores de odio contra el régimen –entre muchos otros con preocupación legítima–, que sin el más elemental rigor periodístico e ignorantes de los básicos forenses –y a partir de descodadas elucubraciones–, inventaron desde una venganza hasta la ejecución extrajudicial.

Anoche aún seguían las especulaciones locuaces, en medio de una respuesta oficial altamente deficiente; incapaz de explicar a los ciudadanos que con el crimen organizado se libra una guerra y que los criminales no disparan pistolas de agua o misiles de pintura.

El resultado del enfrentamiento en Tanhuato mostró idéntica mecánica que en Tlatlaya. Es decir, abatieron a los criminales con pocas bajas federales. ¿Y por qué? Por una razón elemental; porque militares, policías y marinos son profesionales de la violencia legítima, preparados para abatir a los antisociales, mientras los sicarios del crimen son improvisados.

Aún así, impera un círculo perverso. Si los federales no pueden contra las bandas criminales, malo. Si los cárteles criminales derriban un helicóptero, malo. Pero si hacen bien su trabajo, ejecutaron a los criminales.

Por eso, con sorna corres un estribillo en la Policía Federal: “¡Déjense matar, para que les crean!”. Al tiempo.

Uno de los estados más disputados en 2016 será Aguascalientes, donde azules como tricolores tienen una fuerte presencia entre el electorado. Además, la irrupción de un independiente –apoyado por El Bronco– podría romper los equilibrios y meter en aprietos a azules y tricolores.

¿Y quiénes han alzado la mano para pelear la gubernatura?

La Otra Opinión presenta la lista de los aspirantes.

Fernando Herrera Ávila

Aguascalientes es uno de los estados que  el PAN se ha propuesto recuperar. Y, para lograrlo, uno de los apuntados es el senador Fernando Herrera Ávila.

El maderismo –ahora anayismo– de Fernando Herrera es de todos conocido. Tras la salida de Jorge Luis Preciado de la coordinación de la bancada panista en el Senado, Herrera fue designado para el cargo y, ni tardo ni perezoso, declaró su fidelidad al entonces jefe mayor de los azules: Gustavo Madero.

Sembrar esa fidelidad –que, sin duda, se mudará al campo anayista– ahora podría darle una buena cosecha al senador. Y es que su candidatura tiene casi todo para concretarse. Contaría, por un lado, con el apoyo de la cúpula panista y del nuevo presidente del partido, Ricardo Anaya. Y, por el otro, desde la coordinación de su bancada en la Cámara Alta, Herrera tiene los reflectores necesarios para proyectar su imagen en todo el país y, principalmente, en su estado. Lo que le falta, sin embargo, es el apoyo popular: se sabe que en la baraja azul el mejor posicionado en las encuestas es Antonio Martín del Campo, presidente municipal de la capital hidrocálida. Según el PAN, la candidatura la definiría el voto de la militancia en elecciones abiertas.

La trayectoria política de Herrera Ávila es larga. Se afilió a Acción Nacional en 1988 y, bajo sus siglas, ha sido regidor, diputado local y federal, senador y, en 2010, fue candidato a presidente municipal de Aguascalientes capital.

Antonio Martín del Campo

En 2013, Antonio Martín del Campo recuperó la capital hidrocálida para el PAN y todo indica que la hazaña podría repetirse en 2016, pero esta vez con el gobierno del estado.

Antonio Martín del Campo, como ya se dijo, es el popular alcalde de Aguascalientes capital. Desde esa posición y dados los buenos resultados que ha tenido el estado en general, Martín ha construido una imagen de alcalde eficaz. El resultado es que aparece como puntero en las encuestas para ser el próximo gobernador de Aguascalientes.

Aunque –por obvias razones– no es el delfín del gobernador saliente, Carlos Lozano de la Torre, ambos políticos tienen una buena relación que surgió de un pacto de trabajo promovido a favor de los habitantes del estado y, en este caso específico, de la ciudad capital.  Así, parece que Lozano de la Torre no vería con malos ojos la candidatura del alcalde panista y su posible victoria.

La trayectoria del alcalde “Toño” Martín se desarrolla en las fronteras de su estado. Ahí ha ocupado dos veces una curul en el congreso local, ha presidido el PAN hidrocálido y fue responsable de la campaña presidencial de Felipe Calderón en la entidad. Todo lo anterior, que podría verse como arraigo, podría jugar en su contra. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto Martín cuenta entre sus bonos con la popularidad necesaria para ser un candidato competitivo, la falta de apoyos en el centro, sin duda, disminuye sus probabilidades de llegar al gobierno del estado.

Lorena Martínez Rodríguez

La titular de PROFECO, Lorena Martínez Rodríguez, es  hasta el momento una de las opciones más viables del PRI en Aguascalientes.

Con el respaldo de Los Pinos y una creciente popularidad, Martínez empuja su candidatura bajo las siglas del tricolor. Sin embargo, todo indica que lograrla no será fácil. Y es que la prensa local reporta que la procuradora no tiene las simpatías del actual gobernador, Carlos Lozano, y que la relación es, por lo menos, tensa. De este modo, un escenario donde Lozano apoye a Martínez luce improbable, a pesar de que la todavía funcionaria ha intentado fumar la pipa de la paz con el gobernador, sin lograr una respuesta del todo positiva.

En una entrevista reciente, un reportero preguntó a Lozano su opinión sobre el destape de Martínez. ¿Cuál fue la respuesta? Un escueto “¿Tan temprano?” que no se ve como una buena señal.

Cabe recordar que en 2010, Lorena Martínez y Carlos Lozano se disputaron la candidatura del PRI al gobierno de Aguascalientes, y que fue el segundo, apoyado por Manlio Fabio Beltrones, quien la obtuvo. En ese entonces, Martínez llevaba el respaldo de Beatriz Paredes, hoy embajadora de México en Brasil.

Y lo peor no es eso. A casi un año de las elecciones, ya hay voces de la prensa que señalan rompimientos al interior del equipo de la Procuradora. Rompimientos, que tienen su origen en el reparto de posiciones que aún ni siquiera existen.

En lo profesional, Lorena Martínez es licenciada en por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue dos veces diputada federal y, en 2010, resultó electa presidenta municipal de Aguascalientes.

Miguel Romo Medina

El 16 de junio, el senador Miguel Romo Medina declaró que Lorena Martínez no iba sola en busca de la candidatura priísta. ¿Y quién sería la competencia? La respuesta es obvia: el propio Miguel Romo.

Aunque no es el puntero en las encuestas,  Romo Medina cuenta con dos activos principales: su pertenencia al grupo del gobernador Carlos Lozano  y su cercanía al nuevo presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Es así que pensar al senador como delfín del actual mandatario no resulta difícil.

Esa hipótesis parece confirmarse revisando los últimos cargos de Romo Medina. En 2010, fue nombrado Secretario de Gobierno por Lozano. Ahí se mantuvo dos años, hasta que en el 2012 saltó al Senado, donde los reflectores son más y el desgaste es menos. Cuatro años después volverá de lleno a la escena política de su estado y disputará a Lorena Martínez la candidatura. ¿Será que, de nueva cuenta, Manlio Fabio Beltrones inclinará la balanza hacia los suyos y dejará a Martínez fuera de la jugada?

En el curriculum de Miguel Romo Medina sobresalen los siguientes cargos: fue  procurador de justicia del estado en 1980, presidente municipal de Aguascalientes en 1984, Secretario de Gobierno en la administración saliente y, como ya se dijo, Senador de la República a partir de 2012.

Rubén Camarillo

“Nunca he ocultado, ni ahora ni en el pasado, mi aspiración (…); en efecto, sí aspiro a ser el próximo gobernador de Aguascalientes”, dijo el panista Rubén Camarillo en junio pasado.

Entonces diputado federal, Camarillo disputará la candidatura de Acción Nacional, partido en el que milita. Aguascalientes, cabe agregar, es uno de los pocos estados donde el blanquiazul aún tiene una fuerza considerable que le permita derrotar al PRI. Al momento de anunciar su precandidatura, Camarillo advirtió que exigiría al CEN del PAN que la selección se realice por medio del voto de los militantes y no desde arreglos en las cúpulas.

Camarillo ha pasado los últimos 9 años como parte del congreso. Primero, como senador (2006-2012) y recientemente concluyó su periodo en San Lázaro (2012-2015). Ahora, con las “relaciones políticas” que tanto presume, se dice listo para llevar el progreso a Aguascalientes. ¿Será?

Gabriel Arellano Espinosa

Aunque tiene hasta la ley en su contra, Gabriel Arellano renunció a 20 años de priísmo a fin de buscar una candidatura independiente.

Amigo de Jaime Rodríguez, El Bronco, el expriísta Arellano intentará repetir el fenómeno  y subirse a la ola independentista. En medio del festejo por su cumpleaños, Arellano fue destapado por El Bronco, aunque él evitó expresar abiertamente sus aspiraciones.

Gabriel Arellano fue presidente municipal de Aguascalientes capital de 2008 a 2009. En 2010, intentó –sin conseguirlo– ganar la candidatura al gobierno del estado. Cinco años más tarde, en 2015, el PRI volvió a cruzarse en sus aspiraciones políticas y se negó a postularlo como candidato a diputado. En ese contexto se da el divorcio PRI-Arellano.

“Al respecto (de su renuncia, Gabriel Arellano) señaló que el sistema de partidos políticos en México se encuentra rebasado, ya que estas instituciones han dejado de representar los intereses de la ciudadanía; asimismo, reconoció el respaldo y confianza que en su momento le dieron sus ex compañeros priístas”, declaró el hoy aspirante a candidato de acuerdo con El Heraldo Aguascalientes.

Y en eso, quizá, Arellano tiene razón. Sin embargo, lo que convenientemente calla es que él mismo es parte de esas “instituciones que han dejado de representar los intereses de la ciudadanía”.

Y, para muestra, los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto durante su gestión como alcalde. El presunto sobreprecio de 20 millones de pesos que Arellano habría pagado por un helicóptero usado y su ingreso al país sin pago de impuestos; el gasto de 45 millones de pesos por software que nunca funcionó; y el uso de 20 millones de pesos en una supuesta certificación de la policía municipal –y que nunca se llevó a cabo– son sólo algunas acusaciones por las que se le ha investigado.

¿Es Gabriel Arellano el candidato de la ciudadanía?

Por otra parte, el respaldo de El Bronco pone a Arellano en un lugar de privilegio. Y es que, además de recursos económicos, el gobernador de Nuevo León tiene de su lado a los “magos” del marketing que lo llevaron al poder. ¿Alguien duda que El Bronco los pondría al servicio de Arellano?

Y no es descabellado suponer que la intención de Jaime Rodríguez sería la de extender su influencia más allá de Nuevo León. Y todo, con miras a su adelantada candidatura presidencial de 2018. La victoria de un “amigo” en Aguascalientes daría a El Bronco estructura y apoyo en uno de los estados de mayor crecimiento en el país.

Finalmente, cabe recordar que Arellano deberá enfrentarse a los bloqueos que la partidocracia hidrocálida impuso a los independientes. Y en este caso no sólo se trata de requisitos excesivos –el apoyo a través de firmas de 2.5% de la lista nominal del estado–. Según La Jornada Aguascalientes, “El Artículo 376 del Código Electoral, en su Fracción VI, establece como requisito para la candidatura independiente ‘No ser militante o afiliado de algún partido político en los últimos seis años’, y la Fracción VII ‘No haber contendido en algún procedimiento interno de selección de candidatos de algún partido político dentro de los dos procesos electorales anteriores y en el que aspire a obtener una candidatura independiente’”.  

De este modo, la candidatura de Arellano quedaría eliminada por default. ¿Hay que darlo por muerto? Claro que no. Si prospera la iniciativa panista de eliminar, desde el Congreso, los candados a las candidaturas independientes a nivel federal –cosa muy probable– Gabriel Arellano tendrá la puerta abierta para lograr su cometido.

¿Podría ganar?

A través de la red social Twitter, nos enteramos que el secretario de Gobernación asistiría a Nuevo León la noche del 3 de octubre de 2015 a la ceremonia histórica de la llegada del primer gobernador independiente de la historia moderna de México. “Hoy Nuevo León tendrá nuevo Gobernador. Le deseo éxito @JaimeRdzNL, a quien acompañaré en su toma de protesta esta noche”,  tuiteó el secretario.

Llegó pasadas la 10 de la noche con la representación del presidente Enrique Peña Nieto.

“Buenas noches”, dijo el hidalguense al bajarse de su auto.  Una nota de Antonio Baranda para Reforma señala que “fue una visita fría, prácticamente de entrada por salida“, además que no hizo  comentarios antes o después del acto. Su semblante fue serio durante el discurso de “El Bronco” y tampoco se inmutó cuando éste anunció que iba contra moches, transas y lujos.

El hidalguense se reunió con El Bronco durante tan sólo 10 minutos, y tras la reunión entraron junto con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz a la sesión solemne para la toma de protesta; presidió la reunión el diputado panista Daniel Carrillo.

De inmediato el Secretario Osorio Chong  ocupó un lugar a la izquierda del pódium en una ceremonia protocolaria; a su lado estaba el gobernador saliente; y de ahí tuvieron la obligación de escuchar el discurso completo de 34  largos minutos de Jaime Rodríguez Calderón, más conocido como El Bronco… En ocasiones les tocó aplaudir, en otras no.

Fue incómodo estar ahí.

En su mensaje, el gobernador independiente consideró inaceptable que en un estado como Nuevo León todavía existan 140 mil personas que vivan en la pobreza extrema, por lo que pidió a los diputados de las siete fracciones que aceptaran el presupuesto para el 2016; lo entregará en los próximos días.

“Hemos encontrado la casa sucia, las columnas derruidas, fugas por muchas partes, cayéndose en otras y para acabarla de amolar, hipotecada. Pero no es el tiempo el que castigó nuestra casa, sino la corrupción sin llenadera, y el delirio de muchos que se creyeron reyes, y no gobernantes”, dijo el Bronco.

Y se fue directo contra las televisoras: les dijo que ni un centavo más del erario, que se acabaron los mil 300 millones de pesos anuales que se les pagaba para pulir la imagen al gobernador en turno.

¡Aplausos mil!

Para el gobernador saliente, Rodríguez Calderón tuvo duras palabras, al considerar, sin mencionarlo por su nombre, que a los ciudadanos los vio como súbditos.

¡Ora!

Advirtió que no le pagará de inmediato a los proveedores del estado, a los que se les adeudan más de 20 mil millones de pesos, pues anunció que primero deberán comprobar que en sus obras no hubo moches.

Y aquí fue cuando habló de Los Bandidos de Nuevo Léon.

“Hoy lo digo claro y fuerte: se les acabó la fiesta a los bandidos. Que ni se hagan ilusiones los manos largas. A partir de hoy se acabaron los moches y las transas, los lujos a costillas de la gente. Si quieren lana, háganla por la buena, como la gente honrada”, dijo entre aplausos de sus seguidores.

“Hemos encontrado la casa sucia, las columnas derruidas, fugas por muchas partes, el techo cayéndose en otras y para acabarla de fregar, hipotecada.

“Pero no es el tiempo el que castigó nuestra casa, sino la corrupción sin llenadera de muchos que se creyeron reyes y no gobernantes, que donde había ciudadanos veían súbditos, que donde había dinero público, veían botín”.

También dijo, como en campaña, que a las televisoras -sobretodo Televisa- no les entregaría ni un solo peso. E invitó a los nuevos presidentes municipales, que entrarán en funciones el 1 de noviembre, a que lo imiten. “No vamos a gastar un solo peso en la televisión. No vamos invertir el dinero de la población para generar la idolatría y la soberbia de quien gobierna. Espero que los alcaldes sigan este ejemplo”.

Y como fue en el caso de los Fox, en el evento el nuevo gobernador estuvo acompañado de su esposa Adalina, hijos y hermanos.

Al finalizar la ceremonia protocolaria, Medina de la Cruz se fue de inmediato y ni las llaves entregó.  De hecho, salió de Nuevo León… Le pegaron duro las palabras de El Bronco.

En tanto, Miguel Osorio Chong se regresó de inmediato a la ciudad de México; seguramente, ni él ni Medina fueron invitados a la cabalgata del domingo 4 de octubre..

Conviene señalar que en su primer acto como gobernador  El Bronco hizo sacar de su despacho la silla que ocupaba su antecesor. Al ingresar a la oficina colocó sobre el respaldo del mueble de cuero negro un papel con la leyenda: “Peligro. No sentarse. Esta silla enferma de poder y egolatría”. También quiso sacar en ese momento el escritorio, pero como estaba muy pesado, lo dejó para después.

Luego de su discurso “histórico“ en el recinto legislativo, el señor Bronco se cambió el traje negro para vestirse como vaquero, con mezclilla, botas y chaleco de cuero, como debe de ser.

Ya lo esperaba ensillado su caballo Tornado y desde ahí decidió cabalgar rumbo a Palacio, por la Macroplaza, pero no se pudo; el corcel negro estaba inquieto por la multitud, por lo que decidió irse a pie. Y justo a las 00:39 horas el nuevo Gober entró por la puerta principal al Palacio de Gobierno, donde lo esperaban periodistas, funcionarios y seguidores. Había, dicen, unas dos mil personas que lo aclamaron.

De inmediato subió al despacho, y volvió a ponerse el traje negro, y tomó protesta a Manuel González como secretario general de Gobierno y al general Cuauhtémoc Antúnez como titular de Seguridad Pública. Los demás nombramientos vendrían  después.

De inmediato bajó a uno de los patios para la conferencia de prensa; había en el lugar más de 100 periodistas. Estaba en el lugar su familia: su esposa y sus dos hijos, además de los nuevos funcionarios.

Y la nota fue que ahí, a un lado del estrado, le colocaron la silla “ enferma”, con todo y el letrero que le puso.

Horas después – ya en la mañana del domingo- emprendió  en el interior de Parque Fundidora la cabalgata. Iban cientos de seguidores atrás de él… Uno de ellos, montado a caballo, era el sacerdote Alejandro Solalinde, quien lo bendijo antes de iniciar la cabalgata.

Fue raro ver al sacerdote defensor de los derechos de los migrantes vestido de blanco, con un crucifijo y montado en un córcel que le pusieron para la escenografía. Obviamente, todo estaba cuidado bajo un guión para un filme neolonense, que no hollywoodense.

Diría Juan Gabriel: ¡Pero qué necesidad!

¡Caray¡!

Cómo cambian las cosas.

Claro: el Bronco pidió seis meses de gracia, pero hay que darle más. No es fácil gobernar Nuevo León.

El domingo hizo oficial el nombramiento de sus colaboradores. El más importante es  el de  Fernando Elizondo como el Coordinador Ejecutivo del Gabinete.

Nada es casual. De ahí al 2018..

¿Se parece a Vicente Fox?

Mmm… algo, más bien es rara mezcla entre el  guanajuatense y Eulalio González “El Piporro“, con todo respeto, para ambos.