Hace unas horas, el Consejo de la Judicatura Federal –a través del Juez Décimocuarto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal–, declaró la quiebra de la caja de ahorro popular conocida como Ficrea.
De acuerdo con la ley mexicana, los activos de Ficrea alcanzan para cubrir solo el 11 por ciento del adeudo reconocido. O si lo prefiere, que es prácticamente imposible que Ficrea salde sus pasivos.
A partir de ahora –luego de la declaración de bancarrota–, lo que sigue para los acreedores es recuperar entre un 60 y un 80 por ciento del dinero que entregaron a esta caja de ahorro. No obstante, tampoco está de más recordar que no existe garantía de que esto ocurra como dicen.
Pero eso no es todo, también es importante preguntar, ¿quién se asegurará de que los acreedores recuperen su dinero?
¿Quién se hará responsable por el monto que no alcancen a cubrir con la disolución de Ficrea?
¿Quién, luego del caso Ficrea, tiene los elementos para asegurar que las instituciones financieras son confiables?
¿Quién, luego del caso Ficrea, puede decir que las inversiones y los ahorros de los mexicanos cuantan con algún tipo de respaldo?
¿Quién garantiza que el dinero de todos, sus bienes y sus ahorros están a salvo en las instituciones financieras que cada quien elige?
¿Qué certeza existe?
