Este lunes, un tribunal federal confirmó la versión que hemos defendido en este espacio durante meses: en Tlatlaya no hubo ejecuciones extrajudiciales.
Con base en las contradicciones de los testigos y ante la falta de evidencias sólidas, este tribunal ordenó la liberación de cuatro de los siete militares presos por el caso Tlatlaya.
Y aunque se antoja positivo que la justicia lograra abrirse paso y que, finalmente, ocurra lo que debió ocurrir hace meses; lo cierto es que el tiempo que duró el proceso provocó un gran daño en las vidas de estos siete militares.
La falta de definición de un juez acabó con ocho familias.
Por eso preguntamos, ¿por qué si las contradicciones siempre fueron evidentes y nunca existieron pruebas sólidas de las ejecuciones extrajudiciales, ningún juez se atrevió a impartir justicia?
La versión más recurrente es que ningún juez estaba dispuesto a soportar el escarnio público y la presión mediática de dictaminar en sentido opuesto a la opinión de un sector de la opinión pública.
Es decir, que el principal obstáculo de la justicia en el caso Tlatlaya habría sido el temor de un juez a las agresiones que podrían acompañar su decisión.
Y aunque injusto e inadecuado, el miedo de estos jueces está justificado, ¿Por qué? Porque, en los hechos, nadie defiende a los togados.
En entrevista para La Otra Opinión, el doctor Emilio Vizarretea –experto en seguridad–, explicó que no existe un mecanismo que proteja a los jueces del linchamiento social y mediático en casos controvertidos.
Es decir, que los impartidores de justicia que teman por su seguridad e integridad, están obligados a seguir un largo proceso que, a su vez, impide la acción pronta y expedita de la justicia.
Por todo lo anterior, no sobra preguntar, ¿quién protege a los jueces? ¿quién cobija a los responsables de emitir decisiones complicadas como la del caso Tlatlaya? ¿acaso la seguridad de los jueces no es esencial en el proceso de impartición de justicia?
