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La ley Fayad

A Garganta nunca le gustaron las piñatas. Por eso, odiaría estar en los zapatos del senador Omar Fayad. Y es que, al hidalguense lo vapulearon en redes sociales. Como piñata. El oscuro objeto del odio en contra el senador Fayad es su Proyecto de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. Y es que, dicen los informados, el proyecto de Fayad deja más dudas que certezas. Por ejemplo, para el senador, el “Terrorismo Informático” es “el uso de tecnologías de la información, comunicación e Internet con fines terroristas”. Es decir, “la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública”. ¡Suerte al fiscal que deba comprobar este delito..! Además, dicen las legiones de… tuiteros, que Fayad pretende criminalizar el troleo. Y es que, en el artículo 21, el proyecto impone de seis meses a dos años de prisión —y hasta 80 días de salario mínimo de multa—, a quien “a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática”. Pero hay más… en el artículo 22, la que ya se conoce como “Ley Fayad”, dice: “A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, obtenidos por cualquier medio, se le impondrán de seis a doce años de prisión”.

Las barbosadas de Madero

En sus tiempos libres, Garganta gusta lavar en el río. Y es que los chismes que circulan junto con el jabón y el suavizante… nunca tienen desperdicio. Fue en una de esas sesiones de limpieza que Garganta escuchó a una señora de tubos amarillos acusar a del babero azul de haber comploteado para reducir el impuesto a los refrescos. Indignadísima, la del babero azul contestó a la de los tubos: “seguro habrá quien crea esas Barbosadas”. Picarona, la doña de los tubos lamentó: ¡Ay Maderito..! Todos te conocemos, ¿qué vamos a hacer contigo? Furibunda, la acusada terminó la conversación diciendo: “deja de decir barbosadas y mentiras, pendejo…” Victoriosa… la señora de los tubos amarillos se pavoneó y dijo: ¡Uhhh..! enloqueciste, Maderito. Que quede constancia. Nomás que ahí se equivocó la de los tubos. Porque la del babero azul desapareció toda evidencia de su rabieta. En ese momento, garganta agarró sus chivas y mejor se fue a una lavandería. Eso de lavar en río es para valientes.

Felipe por Leopoldo

Garganta aplaudió de pie cuando el ex presidente Felipe Calderón dijo: “hagamos algo por Venezuela y por la libertad de Leopoldo, que es el caso más absurdo de prisión injusta que hemos conocido”. Y es que Calderón fue uno de los ex presidentes que la tarde del miércoles —en el club Madrid— hizo una declaración conjunta sobre Venezuela. El mexicano —así como otros ex mandatarios de Costa Rica, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Colombia—, exigió la liberación de López y llamó al resto de los países latinoamericanos a romper el “estruendoso silencio sobre Venezuela”. Además, Calderón dijo respetar la política exterior del presidente Peña… pero hizo un llamado a que “todos se involucren y hagan algo por Venezuela”. ¡Bien por el ex presidente..! Sin duda, el régimen de terror de Nicolás Maduro exige la denuncia, la demanda y el repruebo de todos los mandatarios del presente y del pasado. Sin embargo, Garganta pregunta, ¿dónde estuvo el llamado enérgico del entonces presidente Felipe Calderón cuando la jueza María Lourdes Afiuni fue arrestada por el régimen de Hugo Chávez? ¿Qué dijo el presidente Calderón durante los cuatro años que esta mujer fue humillada, vejada y violentada?

Ayotzinapa, el milagro

Garganta no sabe si agradecer al subsecretario de derechos humanos de la PGR… Tampoco sabe si agradecer a la mismísima procuradora… Desconoce si es necesario agradecer al titular de la SEIDO… Y menos si debería agradecer al secretario de Gobernación… Garganta no sabe si tendría que agradecer al presidente… ¡o al mismísimo San Judas Tadeo..! Y es que finalmente ocurrió el milagro. Luego de un año, un mes y tres días… hoy se confirmó que el director de la normal de Ayotzinapa, el señor José Luis Hernández, declarará ante la PGR el miércoles de la semana entrante. Garganta afirma que se trata de un milagro no sólo porque uno de los eslabones clave en la cadena de Iguala finalmente dará la cara… sino porque, según se dijo, el director de Ayotzinapa acudió por pie propio a expresar su interés en declarar… ¡Milagro..!

#LeyFayad, ¿imprecisiones, trampas o descuidos?

Hace unos días, el senador priísta Omar Fayad presentó una iniciativa de Ley que deja muchas dudas y mueve a cuestionamientos.

El también presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado y aspirante al gobierno de Hidalgo entregó al pleno de la Cámara Alta la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, con la cual –como su nombre lo indica– se busca emitir una legislación sobre la delincuencia informática.

Si bien la iniciativa cuenta con aspectos positivos –como las sanciones a la clonación de tarjetas y el robo de identidad, y las penas contra depredadores sexuales–, también contiene artículos por demás cuestionables. Los hay, por ejemplo, que generan dudas y sospechas sobre su objetivo. Y hay otros que, por sus carencias de redacción, resultan incomprensibles.

Del lado de artículos y términos cuestionables se tiene, en primer lugar, la definición de “Terrorismo informático”. Dice el inciso XX de artículo 3:

Terrorismo informático:Es el uso de las tecnologías de información, comunicación e Internet con fines terroristas, como son, la afectación a la infraestructura crítica nacional, realizar acciones de capacitación, entrenamiento, reclutamiento y financiamiento de actividades terroristas, así como la difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública.

Según el senador Fayad, de ser aprobada su iniciativa, cualquier persona que difunda información para “causar pánico y desestabilización de la paz pública” será catalogada como “terrorista informático”. ¿Qué significa lo anterior?, ¿que todo tuitero alarmista y dado a los rumores será un “terrorista informático”?, ¿que la difusión de un rumor que “desestabilice” la “paz pública” –el Senador no nos explica qué significa “desestabilizar la paz pública”– será considerado un acto de terrorismo y, por ende, quien lo reproduzca será un “terrorista informático”?, ¿bajo qué criterio el Senador determina que una persona difunde información “con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública”?  Las anteriores son sólo algunas preguntas que surgen del inciso XX del artículo 3 de la #LeyFayad.

Más adelante, en el Capítulo IV, dedicado a la “Intimidación”, el artículo 21 establece que:

Artículo 21. A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuentaa ochenta días de salario mínimo vigente. Si la conducta descrita en el párrafo anterior es cometida por un servidor público o medie una relación de superioridad laboral o derivada de la influencia que la persona ejerza sobre la víctima, se le aumentará en una mitad de las penas previstas en el primer párrafo (sic).

De aquí uno no se explica cómo, por “medios informáticos”, alguien puede causar “maltrato físico”.

Por otra parte, una lectura bienintencionada de este artículo puede sugerir que los ciudadanos estarían protegidos, por ejemplo, de un acosador o un extorsionador que opere vía mensaje de texto o correo electrónico.

Sin embargo, la redacción del artículo también da pie a considerar que la #LeyFayad buscaría poner límites a lo que se dice en redes sociales y hasta censurarlas. Aquí consideramos que las redes sociales deben regularse sin que esto signifique llegar a la censura. Pues el anonimato bajo el que cientos de personas se mueven en estos medios abre la puerta a excesos que pueden causar daño a otros. Todos los días se sabe de casos de suicidio o asesinato que son producto de cierta información que circula por redes y, hasta el momento, no existe forma de regular estas situaciones.

El problema con el artículo 21 –y con la ley en general– es que la redacción no establece límites con claridad. Pues no es lo mismo una “mentada” repetida diez veces, que una amenaza de muerte, a pesar de que ambas pueden considerarse como “maltrato verbal” y que, de ser denunciadas, recibirían una pena de “seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.

En el siguiente capítulo, titulado “De los Delitos contra la Divulgación Indebida de Información de Carácter Personal”, el artículo 22 dice:

A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la informaciónsensible de usuarios,obtenidos por cualquier medio, se le impondrán deseis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente. Si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro, o si resultare algún perjuicio para el usuario o para un tercero, la pena se aumentará de un tercio a la mitad (sic).  

De nueva cuenta, una lectura bienintencionada nos hablaría de que el artículo 22 busca resguardar la privacidad de la información de los usuarios.

Pero la vaguedad de algunos términos mueve a la sospecha. Y es que el senador Fayad no nos explica qué es la “información sensible” ni considera que la información de servidores públicos y otras personas y empresas que obtienen recursos públicos recibe, por ley, un trato distinto. Aunado a esto, el artículo abre la puerta a la persecución. ¿Por qué?

Aquí un ejemplo del porqué: el reportero Juanito Pérez publica una nota que da cuenta del crecimiento inexplicable del rancho del gobernador. Se sabe, además, que en el estado del gobernador ha habido extrañas desapariciones de fondos públicos. El gobernador responde la nota alegando que el reportero Juanito Pérez publicó “información sensible” sin autorización y levanta una denuncia. ¿Qué pasará en ese caso?

Escenarios similares habría para medios que publiquen o reproduzcan filtraciones donde se expongan transas de políticos; por ejemplo, las ligas de René Bejarano, los “moches” de los panistas o las “travesuras” de Leonel Sandoval, padre del gobernador de Jalisco.

En conclusión, las imprecisiones son el “talón de aquiles” de la #LeyFayad. Como ya dijimos, falta establecer en el papel los límites bajo los que se regularán ciertos aspectos para que, de esta manera, se disipen las dudas que genera y, sobre todo, la sombra de la censura que algunos ven sobre ella. Pero, si no se realizan las precisiones que hacen falta, no sobrará preguntar: #LeyFayad, ¿imprecisiones, trampas o descuidos?

Derechos Humanos, los datos sobre el saqueo

A propósito del Itinerario Político de hoy donde nos referimos al saqueo y la simulación en el tema de Derechos Humanos, dejamos los datos completos sobre los presupuestos destinados a este rubro.

La CDH-DF y Álvarez Icaza

En los dos periodos en que Emilio Álvarez Icaza estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esta institución recibió mil 764 millones 77 mil 262 pesos que fueron asignados por la ALDF.

En la tabla se detallan los montos anuales.

 

Año Monto
2001 $117.842.796,00
2002 $129.800.000,00
2003 $182.126.128,00
2004 $187.589.912,00
2005 $187.589.912,00
2006 $202.897.248,00
2007 $242.172.486,00
2008 $251.051.077,00
2009 $263.007.703,00
 Total $1.764.077.262,00

 

Los Derechos Humanos en México durante 2015

En 2014, las comisiones estatales de derechos humanos recibieron, en total, mil 534 millones 930 mil 936 pesos. El presupuesto que cada una recibió lo aprobó el congreso del estado correspondiente.

La Comisión del Distrito Federal fue la que mayor presupuesto tuvo: 315 millones 335 mil 13 pesos. Por el contrario, la que obtuvo el menor monto fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS, con sólo 4 millones 544 mil 840 pesos.

Estado Comisión Presupuesto 2014
Aguascalientes Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes $14.354.000,00
Baja California Sur Comisión Estatal de Derechos Humanos de BCS $4.544.840,00
Baja California Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California $39.623.199,00
Campeche Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche $22.812.151,00
Chiapas Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas $73.183.141,00
Chihuahua Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua $44.611.748,00
Coahuila Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila $23.178.000,00
Colima Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima $6.878.179,00
DF Comisión de Derechos Humanos del estado del DF $315.335.013,00
Durango Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango $15.764.484,00
Guanajuato Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato $83.038.715,00
Guerrero Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero $47.500.000,00
Hidalgo Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo $34.225.118,00
Jalisco Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco $137.384.043,00
México Comisión de Derechos Humanos del Estado México $149.118.480,00
Michoacán Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán $39.486.868,00
Morelos Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Morelos $14.500.000,00
Nayarit Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit $15.372.441,00
Nuevo León Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León $66.018.723,00
Oaxaca Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca $26.976.883,00
Puebla Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla $20.716.632,00
Querétaro Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro $28.879.975,00
Quintana Roo Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo $41.158.035,00
San Luis Potosí Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP $33.531.661,00
Sinaloa Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa $34.076.892,00
Sonora Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora $35.105.928,00
Tabasco Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco $22.000.000,00
Tamaulipas Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas $22.488.000,00
Tlaxcala Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala $17.816.219,00
Veracruz Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz $46.500.000,00
Yucatán Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán $29.500.000,00
Zacatecas Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas $29.251.568,00

 

Finalmente, el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2014 fue de mil 416 millones de pesos.

En total, sólo en 2014 México gastó 2 mil 950 millones 930 mil 936 pesos en las comisiones de Derechos Humanos locales y nacional.

En derechos humanos; saqueo y simulación

En entrevista a modo (Proceso 19 de septiembre), Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que en su opinión “y en la percepción de algunos actores nacionales e internacionales, México vive una crisis de derechos humanos”.

Dias después –el 2 de octubre–, una representación de la CIDH que visitó México pocas horas dijo: “en el terreno se constató la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.

Según la conclusión de la CIDH en México son un fracaso los derechos humanos y las instituciones creadas para atenderlos. Y si son un fracaso los derechos humanos, podemos concluir que los presupuestos anuales destinados a esas instituciones son un saqueo y una simulación. O las 32 comisiones de derechos humanos de todo el país no sirven para nada.

Lo más curioso es que –como toda crisis–, la de derechos humanos que vive México no nació ayer y tampoco antes de ayer; viene de lejos. Y por pura casualidad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es una de las más opacas y que mas despilfarro en la primera década del nuevo siglo.

¿Y por qué es importante esa etapa de la CDHDF?

Porque de 2001 a 2009 la CDHDF estuvo en manos de Emilio Álvarez Icaza, el hoy secretario ejecutivo de la CIDH y quien sólo desde el extranjero se dio cuenta y acusó la severa crisis de derechos humanos que vive México.

Por eso las preguntas. ¿Qué hacía Álvarez Icaza en casi una década en la que nunca vio la crisis que hoy ve? ¿De qué tamaño es la responsabilidad de Emilio en la grave crisis de derechos humanos que vive México?

Sin duda es mucho lo que debe explicar el ex ombudsman del DF ya que en sus dos periodos al frente de la CDHDF –con AMLO y con Marcelo–, dispuso de un presupuesto nada desdeñable; mil 764 millones de pesos. ¿En qué gastó esa fortuna? Hoy nadie lo sabe.

También debe una explicación a los mexicanos el ex presidente de la CNDH, Raúl Plascencia –el peor ombudsman nacional que ha existido–, cuya institución tiene el mayor presupuesto del país. Por ejemplo, sólo en 2014 la CNDH recibió mil 415 millones de pesos. ¿Qué responsabilidad tuvo Plascencia por la crisis de derechos humanos en su gestión de 2009 y 2014?

Lo simpático es que las comisiones de derechos humanos de todo el país –sin tomar en cuenta la nacional y la del DF–, tuvieron en 2014 un presupuesto de mil 535 millones de pesos; dinero que tiran a la basura o se roban, si se toma en cuenta la crisis de la que habla la CIDH.

No es todo. En 2014 la CDHDF recibió un presupuesto de 315 millones de pesos, la de Baja California Sur sólo 4 millones; Puebla 20 millones, Tlaxcala 17, Morelos 14, y Colima 6…

Y el escándalo es mayúsculo si se comparan los ridículos presupuestos, la opacidad y las deficientes gestiones de los ombudsman del país, con el saqueo en las Organizaciones no Gubernamentales.

Entre 2005 y 2014 creció 500 por ciento el presupuesto destinado a ONGs. El dinero público a las ONGs pasó de mil 232 millones de pesos a 6 mil 779 millones al año.

Según el diario Milenio, en el mismo periodo, las ONGs que recibieron fondos públicos creció 64 por ciento, al pasar de 7 mil 707 organizaciones en 2005 y a 11 mil 940 en 2014.

¿No son un saqueo y una simulación los derechos humanos? Nido de ratas y vividores.

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Tramposos los que quieren tirar a Elías Azar

Sin duda es inconcebible que experimentados abogados –como Javier Quijano–, intenten echar a andar un acto de inconstitucionalidad sin antes revisar la ley. O si lo prefiere, cometiendo errores básicos.

El error, la omisión o la trampa de estos sesudos hombres de ley, deja pensar que no son tan buenos como dicen, que cometen errores de principiantes o que pretenden engañar a todos.

Lo anterior viene a cuenta porque, en repetidas ocasiones, hemos comentado que la Morena de Andrés Manuel López Obrador intenta tomar por asalto la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Para conseguir su objetivo, los leales a Obrador –como el abogado Quijano–, han puesto en marcha una guerra política y mediática en contra del presidente en funciones, el Doctor Edgar Elías Azar.

Entre los argumentos en contra de Elías Azar se dice que su reelección sería inconstitucional.

Sin embargo, en un texto publicado en La Razón, el Doctor Raúl Carrancá y Rivas exhibe la mentira.

Según Carrancá, Ni en las bases constitucionales ni en el Estatuto de Gobierno hay disposiciones respecto de la duración en el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Además, “La prohibición de ser nombrado para un nuevo periodo, establecida en el artículo 83 del segundo cuerpo normativo mencionado, toca exclusivamente a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y está prevista en los mismos términos en el artículo 197 de la Ley Orgánica”.

En entrevista para La Otra Opinión, el propio Carrancá y Rivas aseguró que ningún artículo o inciso del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal o de la Ley Orgánica de los Tribunales responsables de la cuestión judicial del fuero común del DF niegan la posibilidad de que el titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal pueda reelegirse.

En la ley, explicó el constitucionalista, se señalan periodos de tres años con posibilidad de ser ratificados. Por ello, la conclusión del Doctor Carrancá es que ni en las disposiciones del Estatuto ni en las de la Ley Orgánica hay algo que impida que el presidente del Tribunal sea nombrado para un nuevo periodo. Incluso, la ley abre la posibilidad de una reelección.

Lo curioso, continuó Carrancá, es que los promotores de la acción de inconstitucionalidad que intentan frenar la reelección de Elías Azar parecen olvidar que la ley fija un plazo de 30 días para echar mano de esta figura. Y como el plazo venció el 6 de junio de 2014, entonces los impugnadores cometen un error grave.

Ya sea que estemos ante un descuido, ante ignorancia o ante simple trampa, el intento por meter una acción de inconstitucionalidad –a pesar de que ya se superó el plazo legal–, demuestra que los detractores del presidente en turno no conocen la ley, no revisaron la ley o intentan hacer trampa con la ley.

Pero, en el fondo, una cosa es cierta: no existen impedimentos legales para la reelección de Edgar Elías Azar. Y quienes lo acusan de violar la constitución, no lo hacen con sustento legal; en realidad, lo harían por antipatía, por descuido o por trampa.

Las trampas de Nuño

Tan pronto llegó a la secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño anunció un plan de siete pasos para implementar la reforma educativa.

Sin embargo, dicen los que saben que el secretario Nuño parece interesado en vender espejos y humo.

En su texto en Excelsior, el Doctor Carlos Ornelas sugiere que Aurelio Nuño parece tener la intención de sepultar el trabajo de los primeros tres años de este sexenio.

Además, que pareciera que Nuño intenta vender los mismos trucos pero con otros nombres… y es que, en el fondo –explicó Ornelas–, el problema del secretario Nuño sería de soberbia.

En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Ornelas recordó que cuando anunció su proyecto de trabajo, Nuño presentó un plan que parecía no tener relación con nada de lo que la secretaría hubiera hecho antes; que no reconocía la existencia y los avances del Pacto por México; que no tomaba en cuenta la nueva legislación en la materia y que no mencionaba el plan sectorial de Educación. Es decir, que Nuño trató de aparecer como el autor de un proyecto sin precedentes.

No obstante, denunció Ornelas, los siete pasos de Aurelio Nuño fueron un gran plagio. O si lo prefiere, que no había algo nuevo bajo el sol.

¿Será, entonces, que estamos ante otra de las trampas de Nuño?

Palo a Obrador

Algo está muy mal cuando el dueño de un partido no puede ganar en su propio partido. Y eso ocurre en las filas de Morena.

De acuerdo con el columnista Adrián Rueda, en las elecciones de consejeros políticos de este partido, el propio Andrés Manuel López Obrador –amo y señor de la franquicia– fue derrotado.

La historia es la siguiente:

En el Distrito electoral que corresponde a López –algún espacio en el sur de la Ciudad de México, en la zona de Copilco–, el primer lugar en los votos para consejero fue para Gerardo Villanueva —ex secretario particular de Martí Batres—, quien logró 196 votos.  El segundo espacio lo ocupó un tal Carlos Castillo con 94 votos. Y el tercer lugar fue para López quien con 67 votos, obtuvo sólo cuatro más que María Luisa Alcalde, la joven que modeló como la primer Morena.

En otras palabras, la gente de Martí Batres derrotó a Andrés Manuel en su propia casa.

El berrinche de Obrador –describió Rueda–, habría sido tan grande que el tabasqueño prefirió evitar la sesión de consejo del fin de semana pasado y agendó una gira por Oaxaca.

Sin embargo, el problema va más allá. Y es que, en los hechos, la gente de Batres aplastó al jefe de Batres.

Por eso preguntamos, ¿qué ocurre en las filas de Morena?

Según los informados, existiría un claro enfrentamiento entre los grupos de Martí Batres y el del delegado Ricardo Monreal. Ambos buscarían la candidatura a jefe de gobierno en 2018.

Por lo anterior, Martí Batres habría tejido una estructura de apoyos que lo hicieran indispensable en el proceso de 2018. Ya para arrebatar la candidatura, ya para asegurar una buena tajada para él y para los suyos.

Dicen quienes los conocen, que ése sería el corazón de la derrota de AMLO.

Y podrían tener razón. Lo cierto es que Andrés Manuel perdió… y perdió en su propia casa.

Las casa chica en Durango

Dicen los diputados de Durango que comprobar el adulterio es muy difícil. Por eso, los legisladores decidieron que el adulterio ya no será un delito en esa entidad.

Como lo oye, hasta hace unas horas, ser infiel era un acto criminal en Durango.

No obstante –y para fortuna de los duranguenses–; la historia cambió gracias al Congreso estatal.

Lo curioso es que, incluso hoy, en tres entidades de México la infidelidad sigue siendo un delito.

Lo cual, sin lugar a dudas, invita a preguntar, ¿en qué contexto se puede considerar un delito al ser infiel? ¿esta situación tiene cabida en un Estado laico?

¿Qué esperan los congresos de los otros tres estados para seguir los pasos de Durango?

Evidentemente, resulta todo menos lógico que en pleno Siglo XXI, la infidelidad se considere un crimen en tres estados del país.

Las dos imágenes de la Línea Dorada

La imagen es muy clara: el jefe de gobierno al interior de un vagón del Metro. Su rostro expresa gran satisfacción. Triunfo.

Al jefe de gobierno lo acompañan colaboradores cercanos y hombres de poder. Todos lo rodean. Lo miran y le dejan ver que es el hombre del momento.

El jefe de gobierno mira hacia el frente y parece convencido que ese convoy de Metro lo llevará a buen puerto. No a un andén. Él busca algo más.

La imagen, en realidad, no es una. Se trata de dos fotografías.

En la primera, el jefe de gobierno se llama Marcelo Ebrard y está rodeado por invitados de la talla de Carlos Slim, el entonces presidente Felipe Calderón y su procurador, Miguel Mancera.

En la segunda instantánea –de esta mañana–, aparece Miguel Mancera, el jefe de gobierno en turno. No lo acompañan presidente sin magnates. Pero él sabe que logró su objetivo.

La primera fotografía es del momento en que Marcelo Ebrard inauguró la Línea Dorada. La segunda, evidentemente, es durante la reapertura de cinco de las estaciones cerradas hace más de 500 días.

Y curiosamente, el cierre de esta línea es lo que tiene a Marcelo en el exilio y a Mancera en el asiento del piloto.

El mismo momento, dos fotografías… y dos mundos distintos.

El Bronco y Garzón, choque de farsantes

Dice Jaime Rodríguez, el Bronco, que ser gobernador independiente se siente a toda madre.

Dice Rodríguez que al ser independiente, no tiene un peso político atrás y puede hablar con todos sin tener que privilegiar a nadie.

Y dice que, como no trabaja desde el punto de vista político, no es competencia para nadie.

No cabe duda, el nuevo gobernador de Nuevo León pretende engañar con la verdad.

En política –sobre todo en el poder público–, no es posible ejercer el poder sin construir pactos.

Por eso, nadie en el servicio público puede decirse independiente. Los gobernantes no sólo responden a sus gobernados sino que deben buscar respaldo de empresarios, medios de comunicación, líderes sociales y un largo etcétera.

En sintonía con lo anterior, los dichos de Jaime Rodríguez lo exhiben como un gran farsante. No sólo porque pervierte la figura del gobernante independiente sino porque pretende engañar a los neoloneses.

Y la mejor prueba de su farsa es la adición más reciente a su equipo: el juez español Baltasar Garzón.

Resulta que, según el Bronco, Garzón servirá de asesor en una fiscalía estatal anticorrupción.

Es decir, que el Bronco no sólo ignora que a nivel federal ya existe una institución de esta naturaleza; además invitó a un personaje cuestionable para que lo oriente.

Y es que, contra lo que muchos sostienen, Baltasar Garzón es famoso por su amor hacia el reflector. Siempre que hay cámaras y micrófonos, el juez Garzón hace acto de presencia.

Por ello, no sorprende que un saqueador como el Bronco pretenda sumar esfuerzos con otro vividor como Garzón.

Tal parece que en Nuevo León habrá una colisión de saqueadores. A ver qué sale de eso.

La Otra Opinión