Todos saben que en cuestión de horas, Miguel Mancera rendirá su Tercer Informe de Gobierno. Lo que no se sabe –sin embargo–, es si sólo se trata del Tercer Informe o de la “Tercera Llamada”.

Y es que el arranque de la segunda mitad del gobierno de Mancera también será el inicio de su campaña y el arranque del activismo que pudiera llevarlo a la candidatura presidencial de las izquierdas o como aspirante independiente.

En realidad el acierto de Mancera es que se mueve en la frontera de la no militancia partidista. Eso lo coloca como potencial candidato de las izquierdas o como candidato independiente. En cualquier caso tiene tres años para demostrar sus reales capacidades.

Por eso las preguntas. ¿Qué informará el mandatario del Distrito Federal? ¿Cómo califican los ciudadanos su desempeño a lo largo de la primera mitad de gestión? ¿Qué propone luego de una estrepitosa derrota del PRD en la capital del país?

Seguramente el mensaje de Mancera a los capitalinos no responderá las preguntas anteriores. En realidad el jefe de gobierno hablará de los “logros de su gestión” y de lo que su equipo de trabajo considera como éxitos. Sin embargo, una cosa es la opinión de los hombres y mujeres de Mancera y otra lo que opinan los ciudadanos.

En todo caso, el gobernante del DF no puede perder un día más si es que realmente aspira a convertirse en un gobernante de éxito y en un potencial aspirante presidencial.

Es decir, que en los próximos tres años tendrá que demostrar no sólo obras medianas y algunas mediocres, sino su verdadera capacidad de hacer frente a formidables adversarios que intentan todo por debilitar e incluso derribar a su gobierno.

Mancera esta ante la disyuntiva de pasar a la historia como un político y un gobernante mediocre –incapaz de contener adversarios como Andrés Manuel López Obrador y al que habría quedado grande el reto de gobernar la capital–, o ser visto como un exitoso estadista que contiene y controla las mafias políticas de Morena y de otros partidos, al tiempo que escucha y resuelve las exigencias ciudadanas.

Por eso, la del próximo jueves será la “Tercera llamada”, más que el Tercer Informe. Y es que ya arrancó la carrera presidencial; competencia en la que Mancera es parte interesada y podría ser pieza clave.

Está claro que Mancera tendrá que enfrentar y resolver problemas básicos de la ciudad como pavimentación, seguridad, movilidad, ambulantaje y las marchas que hacen caótica la ciudad –todos los cuales por cierto tiene abandonados–, pero sobre todo está obligado a convertirse en un verdadero líder político.

Es decir, que el jefe de Gobierno tiene tres años para desechar la posición apática y errática frente a los grandes problemas capitalinos para convertirse en un agresivo solucionador de esos problemas.

Sin embargo, para muchos Mancera está lejos del cambio radical que exige la tercera llamada ¿por qué?

1.- Porque creen que su personalidad no es la de un líder que convoca masas y multitudes.

2.- Porque su carácter no está templado para el golpe de timón y el cambio contundente en la dirección del gobierno.

3.- Y porque su apartidismo lo ha convertido en rehén de los verdaderos dueños de la calle; ambulantes, taxistas, comerciantes, vagoneros, la industria de la marcha y hasta las bandas criminales.

Por eso, si Mancera aspira a ser un candidato presidencial con posibilidades reales de éxito, debe escuchar la urgente ¡Tercera llamada!

Al tiempo.

Tomado de El Universal

De los cientos de preguntas que no respondió el Grupo de Expertos de la CIDH, tres son clave en la desaparición y muerte de los normalistas.

1.- ¿Quién impuso a los Abarca en la alcaldía de Iguala?

2.- ¿Nadie detectó vínculos entre el PRD, Morena y el narco?

3.- ¿Nadie investigó al rector de la Normal de Ayotzinapa y a líderes por presuntos vínculos con el crimen organizado?

La primera pregunta la respondimos aquí el 28 de octubre de 2014, cuando probamos que Abarca fue impuesto como alcalde por AMLO. Además, cuando se produjo el crimen, la señora Abarca era precandidata de Morena para sustituir a su esposo en la alcaldía de Iguala.

Nada de eso aparece en la investigación de la CIDH y tampoco la declaración de Jesús Zambrano –formulada el 27 de octubre de 2014–, cuando dijo: “Con el aval de Andrés, Lázaro Mazón impuso a Abarca”. ¿Nada importó a la CIDH? ¿Tenían línea los “investigadores” para no tocar ese tema?

La segunda pregunta la respondimos el 1 de febrero de 2015, en especial ligas de AMLO con el crimen organizado. ¿Lo dudan?

1.- En noviembre de 2014 todo estaba listo para que Ricardo Gallardo Cardona, alcalde de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, se convirtiera en candidato de Morena al gobierno estatal. El grupo de Los Chuchos sabía las pillerías y lo denunció ante la PGR. Frente a la denuncia AMLO se quedó callado. La PGR lo detuvo acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

2.- En 2005 AMLO dio su bendición a Juan Ignacio García Zalvidea como alcalde de Benito Juárez, Quintana Roo. En su gestión “El Chacho” robó a manos llenas y fue preso por peculado y presuntos vínculos con narcotraficantes.

3.- También en Quintana Roo, AMLO impulsó a Greg Sánchez a alcalde de Benito Juárez, quien fue detenido en 2010 por vínculos con los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2013, y luego de presiones políticas, Greg salió libre, dejó el PRD y se fue al PT. Dijo: “El PT es la verdadera izquierda, el partido que siempre ha arropado a Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha estado con Greg Sánchez luchando hombro con hombro”.

4.- En abril de 2008, en Quintana Roo, Marco Antonio, “El Puma”, Mejía López, director del penal de Benito Juárez, fue detenido por presuntos vínculos con Los Zetas. “El Puma” formó parte del gobierno de AMLO como Subdirector de Operativa y de Servicios. En 2006 fue nombrado coordinador de seguridad en la campaña presidencial del tabasqueño.

5.- En septiembre de 2008, mientras “El Puma” era director del penal, entregó la concesión de alimentos a Rafael Marín Mollinedo, colaborador de AMLO en el GDF. El “negocito” se hizo a petición de Nicolás Mollinedo, el mítico chofer de AMLO. Cuando estalló el escándalo del vínculos con Los Zetas, López no dijo ni pio.

6.- El 23 de septiembre de 2010, la bancada de AMLO presentó al narcodiputado Julio César Godoy. Con la ayuda de Alejandro Encinas, Godoy tomó posesión en San Lázaro y con ello garantizó impunidad. Nadie culpó a AMLO de lo que fue una venganza contra Calderón.

7.- En mayo de 2013, cuatro maestros de la CNTE fueron detenidos por el secuestro de niños oaxaqueños. Los “maestros” secuestraban para financiar al EPR. Según la prensa oaxaqueña, Morena y la CNTE realizaron numerosas manifestaciones para exigir la liberación de los delincuentes.

8.- En diciembre de 2014 Miguel Ángel Almaraz salió de prisión. Almaraz era líder del PRD en Tamaulipas, luego de coordinar la campaña de AMLO en 2006. Fue preso en 2009 por encabezar banda vinculada a Los Zetas, dedicada al robo y tráfico de gasolina.

¿Y el crimen de Estado? Al tiempo.

Tomado de El Universal

La del desprestigio político, la mentira, el engaño y el odio ya es una de las industrias más rentables en México.

Es una industria que lo mismo tira secretarios de Estado –como el titular de Conagua–, que obliga a la renuncia de jefes de instituciones que no pueden con escándalos provocados por “hijos incómodos” –como el de Profeco–, y hasta crea groseras patrañas como el supuesto ataque a la libertad de expresión, en el crimen de la colonia Narvarte.

Pero la del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio también es una industria rentable para fines políticos, ideológicos y electorales, como el caso de los 43 normalistas secuestrados y presuntamente asesinados.

En éste caso la novedosa industria fue tan eficaz que consiguió lo impensable; hizo responsable al gobierno federal –a los ojos de miles de ciudadanos–, de un crimen como el de Iguala, en donde los verdaderos responsables son los políticos de Morena y del PRD y los culpables son integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, gracias a la eficacia de esa moderna industria, se hizo el milagro de convertir en crimen de Estado un asesinato a manos de matarifes del narcotráfico. Y el éxito de la nueva industria fue tal que hoy el gobierno federal se tambalea a causa de un misil envenenado.

SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN.

Y es que, como saben, la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio tiene en la sensación y la percepción sociales sus principales objetivos; a los que lanza verdaderos obuses envenenados que están muy lejos de la realidad, pero que hacen más daño que la propia realidad.

Además, la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio tiene en la moderna tecnología su principal herramienta de difusión. Nos referimos a las redes sociales. Así, un misil envenenado con odio, mentira o engaño logra el desprestigio social, intelectual, moral y hasta racial de un ciudadano, un político o un gobernante, en cuestión de segundos.

Y no importa la seriedad, la validez o despropósito con el que fue inoculado el misil; no importa si se trata de una patraña, una mentira o un invento contra tal o cual ciudadano, político o servidor público. Lo que importa es que pega directo en la sensación y la percepción sociales y –por ese solo hecho–, el contenido del misil se convierten en realidad; por el sólo hecho de circular en las redes sociales.

De esa manera, para las mayorías ciudadanas –y para los usuarios de redes–, todo lo que circula en las redes es real, verídico y cierto. A pocos les importa verificar la veracidad de lo que se dice en redes. Tiene valor y validez porque lo mueven aquellos que suponen superioridad moral y ética.

Y en el nuevo circo todo marca no solo tendencia entre los usuarios sino que construye sensación y percepción social. Como saben, la sensación es la respuesta a un estímulo, en tanto la percepción es la primera aproximación al conocimiento, a los hechos, las ideas, a través de los sentidos.

DEL FRUADE DE 2006 AL CRIMEN DE ESTADO DE 2015.

De esa manera, una campaña para desprestigiar, debilitar o tratar de tirar adversarios, enemigos, contrincantes u odiados, no requiere más explicación y más prueba que un tuit o un feis salidos de la supuesta o real superioridad moral, política, ética o periodística. Y si tienen dudas, las pruebas abundan.

La noche del 6 de julio de 2006 se construyó uno de los mitos más espectaculares de la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio. Los perdedores de siempre –perdedores en esa elección–, inventaron un supuesto fraude que hoy –gracias a la sensación y la percepción social–, muchos siguen creyendo. Algo parecido ocurrió con la elección de 2012 en donde misiles engañabobos también hablaron de fraude. Hasta hoy nadie ha podido probar dichos fraudes. Todo quedó en percepción estimulada por las redes.

Otro caso de proporciones escalofriantes –estimulado por burócratas del Cisen, hoy despedidos–, es el de Tlatlaya, en donde según el juez de la causa no existe una sola prueba de ejecución extrajudicial pero que no dictamina por temor al juicio mediático. Resulta que Militares enfrentaron a criminales, a los que mataron, pero hoy los uniformados son culpables mientras familiares de los verdaderos criminales piden indemnización.

También producto de una venganza política fue el juicio mediático contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio aniquiló, sin contar con una sola prueba. La misma industria del descrédito fue empleada a favor de la conductora despedida por MVS, quien pretendía convertirse en víctima y hasta trató de cobrar una fuerte indemnización, gracias a un mecanismo similar; el de la victimización.

LOS 43 Y EL GOBIERNO PARALIZADO.

Pero el caso más exitoso de la industrias del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio es el de los normalistas de Ayotzinapa. Todos saben que el alcalde de Iguala fue impuesto por AMLO y por el PRD. Todos saben que la responsabilidad legal es del municipio y del gobierno perredista de Guerrero. Pero hoy muchos no solo crucifican al gobierno federal sino que acusan que se trató de un crimen de Estado.

¿Por qué razón se llegó a un estado de cosas que parece de locos?

1.- Porque la industria del desprestigio, la mentira, el engaño y el odio –que está en manos del México bueno, ese que tiene en AMLO a su mesías–, ha tenido un éxito rotundo; porque esa industria no solo es boyante sino que parece incontenible y porque es una industria que se prepara para su mayor éxito; 2018.

2.- Porque el gobierno federal, los gobiernos estatales y los partidos políticos no solo son ignorantes de una tecnología y una metodología que no entienden y no quieren entender, sino que no se han dado cuenta que viven la metáfora de la rana y el agua tibia.

3.- Porque el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó rotundamente en la estrategia de contención de la industria del desprestigio. Y fracasó porque no existe una real estrategia de redes sociales y porque sus voceros no entienden que no entienden nada de control de daños.

Basta ver la reacción del gobierno federal desde el momento que se produjo la tragedia de Iguala, hasta hoy, para entender que son error tras error, lo que ya es un horror.

A lo largo de un año nadie ha podido explicar a la sociedad que el gobierno estatal y municipal son responsables, que el crimen organizado es culpable y que no es un crimen de Estado.

Y si no pueden con eso, menos pueden con la nueva y exitosa industria. Al tiempo.

Tomado de El Universal

A pesar de que la Procuraduría capitalina continúa con las indagatorias y mantiene abiertas todas las líneas de investigación, lo cierto es que el crimen múltiple de la Narvarte prácticamente está resuelto al confirmar la hipótesis aquí planteada; que se trató de un vulgar robo.

Y es que la PGJDF cuenta con nuevos elementos de prueba que confirman que la colombiana Mile Virginia Martín formaba parte de un grupo de ciudadanos de nacionalidades colombiana, venezolana y cubana que eran clientes frecuentes el bar Life de La Condesa, en donde la mujer conoció a por lo menos uno de sus victimarios.

También se sabe que el bar Life era centro de reunión de bandas de dealers, ladrones, asaltantes y sexoservidoras de distintas nacionalidades y que, incluso, el propietario del bar fue asesinado semanas antes cuando salía del lugar con su novia cubana.

Según la misma investigación, en el lugar se planeaban asaltos, robos y –sobre todo–, se reclutaba a colaboradores para dar golpes a casas habitación de zonas residenciales de lujo, a relojerías de tiendas departamentales y para la distribución de droga.

En ese bar de La Condesa se habría divulgado la especie de que la colombiana Mile habría recibido un cargamento de cocaína que desató la ambición de su presunta pareja sentimental, Abraham Torres, quien al final habría organizado el asalto al departamento de Mile, donde el “periodista”, la activista y otras mujeres se encontraron –literalmente–, por casualidad.

En la práctica, los nuevos hallazgos echan por tierra el circo mediático que montaron manos interesadas en el debilitamiento de las instituciones –los mismos que montaron la patraña de la investigación de supuestos “expertos” en la tragedia de Iguala y que se desmorona por falsa–, y que suponía que el crimen del “periodista” Rubén Espinosa Sánchez y de otras cuatro personas era un ataque a la libertad de expresión.

Sin embargo, lo más cuestionable del asunto es que una vez que en los hechos se puso fin al circo mediático y político montado en torno al crimen múltiple de la Narvarte ¿qué van a decir a cientos de abajo firmantes que aseguraban que el “periodista” fue muerto por orden del gobernador de Veracruz? ¿Qué van a decir a los periodistas extranjeros, intelectuales y activistas a los que engañaron con el cuento del ataque a la libertad de expresión? Personas que firmaron de buena fe y a los que mintieron.

Pero el mayor escándalo es el grosero manoseo faccioso y político de la muerte de cinco personas –a manos de vulgares criminales–, a cuyos familiares engañaron y usaron con fines despreciables.

¿Qué le van a decir a las familias de las cinco víctimas, a las que no sólo engañaron sino usaron políticamente y que aún hoy les hacen creer que detrás de ese crimen existe un interés político?

Y es que todavía la mañana de ayer, abogados y dizque coadyuvantes del caso Narvarte presumían la supuesta creación de una comisión especial en donde la PGJDF les permitiría participar en las investigaciones y entregaría información reservada del caso.

El interés de los abogados y supuestos coadyuvantes es acceder a los expedientes para tratar de distorsionar los hechos –al estilo de los “expertos” de la CIDH–, y para insistir en que el caso Narvarte fue un crimen de Estado y un ataque a la libertad de expresión.

No entienden que es inconstitucional que personas ajenas al Ministerio Público realicen investigaciones y diligencias sobre una averiguación previa en curso. Volvieron a engañar y volvieron a perder.

Al tiempo.

Tomado de El Universal

Está claro que el gobierno mexicano solicitó la intervención de la CIDH para esclarecer el crimen de normalistas en Iguala, lo que confirma la debilidad del Estado.

Es claro que el grupo de expertos tienen el aval de la CIDH para encontrar la verdad en la desaparición de los jovenes, lo que habla del descrédito de los expertos mexicanos en la materia.

Pero lo que no queda claro son las facultades legales que ampararon entrevistas e interrogatorios a testigos y actores de los hechos –motivo de una averiguación previa–, que realizaron los “expertos” foráneos.

¿Con qué fundamentos legales –nacionales y/o internacionales–, los “expertos” o “peritos” recabaron las testimoniales? ¿Qué valor jurídico tiene la prueba testimonial en un dictamen pericial como el del GIEI? ¿Con qué facultades actuaron y actúan “expertos” y/o “peritos” de la GIEI, que en los hechos asumieron facultades de Ministerio Público o Juez?

Para empezar, se debe aclarar que todo peritaje es un dictamen que se sustenta en consideraciones y conclusiones. Y si el peritaje no se ajusta a reglas legales y principios internacionales, sus consideraciones y conclusiones son irrelevantes.

Además, todo dictamen pericial –independiente de su naturaleza o materia–, no se sustenta ni se puede sustentar en la prueba testimonial o en declaraciones. La testimonial –por su propia naturaleza jurídica–, no es congruente con la pericia, la ciencia o la técnica a que está sujeta toda prueba pericial.

Y viene a cuento porque en el “informe” de “expertos” y/ o “peritos” “independientes” del GIEI, más del 90% de las valoraciones son producto de entrevistas a testigos, de especulaciones, interpretacion de hechos, recortes de prensa, supuestos, creencias y hasta rumores. ¿Y eso qué significa?

1.- Que tomar declaraciones de personas, especular o dar por ciertos rumores, no es científico y tampoco tiene rigor técnico.

2.- Que los dictámenes y conclusiones –como los elaborados por el GIEI– a partir de esas deficiencias, carecen de toda eficacia probatoria y no resisten la sana crítica inherente al análisis de la prueba pericial.

3.- Que si esas declaraciones no tienen sustento cientìfico o técnico, menos tienen valor probatorio para autoridad alguna; sea la Suprema Corte, un Tribunal Colegiado, Tribunal Unitario, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común. Y menos para una instancia internacional.

4.- La prueba testimonial, es decir la declaracion de personas –en el ámbito penal–, se rinde ante el ministerio público y/o el juzgador y toda declaración de carácter judicial debe rendirse ante esas autoridades.

5.- Toda persona que intervenga con el carácter de perito en un procedimiento judicial debe constreñirse a lineamientos y principios determinados por la prueba pericial de la materia que se trate.

6.- Si el perito no cumple con esos lineamientos, puede incurrir en delito, según el Código Penal Federal, en su articulo 247.

Lo curioso es que el “informe” de los “expertos” “independientes” se sustenta –sobre todo en los dos temas más controvertidos–, en meras especulaciones. ¿Y cuales son esos dos temas?

A.- El supuesto especialista, José Luis Torero dijo –sin hacer ninguna prueba científica, salvo su opinión–, que no era posible quemar en el basurero de Cocula los cuerpos de los 43.

B.- La ocurrencia del “quinto autobús” se basó –según el propio texto del informe–, “en testimonios de los alumnos y del chofer de la unidad, recabados por expertos”.

Es decir, se trata de un informe ilegal y hasta delictivo.

Así o más claro. Al tiempo.

Tomado de El Universal

Resulta difícil creer que Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, pudiera avalar el informe del “grupo de expertos” que durante seis meses y luego de un millón de dólares, presentaron sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Claro, a menos que Álvarez Icaza pretenda cobrar facturas porque en México le cerraron el paso a la presidencia de la CNDH.

En todo caso –y más allá de la evidente parcialidad legal, política y científica de los dizque “expertos”–, llama la atención la candidez y la poca capacidad de respuesta del gobierno federal, que dejó que el juicio mediático y el circo en redes sociales aplastaran la verdad legal del crimen contra los 43 y que, por ejemplo, sustenta el proceso penal que se sigue contra más de cien presuntos responsables que están en prisión.

Es decir, que si la autoridad mexicana hace caso al “chabacano” informe de “expertos” de la CIDH –que “piensa” que los normalistas no fueron incinerados–, entonces deberá dejar en libertad a todos los detenidos –muchos confesos de haber quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula–; entonces los Abarca serían hermanas de la caridad y entonces el “horrible crimen de Estado” ameritaría la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Y claro –en esa lógica–, las bandas criminales que ordenaron matar a los normalistas merecerían un homenaje nacional y el perdón público, porque se les habría involucrado, sin pruebas, en un crimen que no cometieron. De ese tamaño es el montaje y engaño de los dizque expertos de la CIDH.

Pero el escándalo es mayor cuando el “informe de los expertos” está plagado de perlas que muestran a los dizque expertos como engañabobos. ¿Lo dudan?

Una parte dice: “ese hecho nos llevó a pensar que al autobús tiene algo que ver en los ataques hacia los estudiantes”. ¡Una mera ocurrencia!

Otro dice “El grupo (GIEI) piensa que hay que analizar si ésta es una hipótesis fiable”. ¡Milagro, un colegiado que piensa idéntico!

Otra perla: “Iguala es un lugar de tráfico de heroína muy importante y según la información pública”. ¿Cuál información pública? ¿De quien? ¿Cuándo?

Más: “El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la razón extremadamente violenta”. ¡Mas supuestos que soportan el informe científico!

Otra. “En el (GIEI) se ha generado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”. ¡Informe científico basado en actos de fe!

Y una perla: “Dada la evidencia, en ese momento la Policía Municipal de Iguala no tenía elementos para suponer que perseguía a Los Rojos”. ¡De risa loca! A partir de una evidencia concluyen que –a su vez–, un tercero no podía suponer!

Y de las decenas de ocurrencias, mentiras, creencias, supuestos, y presunciones que plagan al “informe científico”, la joya de la corona.

“No decimos que no se haya podido dar (la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula), pero sí decimos que ese evento así tal y como ha sido descrito no pasó y toda evidencia recolectada por la PGR y el equipo argentino muestran que se han dado fuegos de pequeñas dimensiones y temporalidad indefinida”. ¡El informe chimoltrufia!

Y si no los incineraron, ¿de donde salió un hueso calcinado de Alexander Mora Venancio, identificado por científicos de Austria?

Un gobierno democrático que se respete habría expulsado del país a los dizque expertos que inventan el hilo negro, desprestigian instituciones y ofenden la inteligencia de los mexicanos. Claro, de los mexicanos que piensan. Al tiempo.

Tomado de El Universal

El 3 de agosto aquí dijimos que no existían pruebas para acusar a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, del crimen múltiple de la colonia Narvarte del DF.

Dijimos que, en efecto, Duarte y Veracruz son la peor amenaza para el ejercicio del periodismo en México y que sin una sola evidencia nadie podía acusar al mandatario veracruzano del crimen del “periodista” Rubén Espinosa.

Y dijimos que de las hipótesis planteadas hasta entonces por la PGJDF por lo menos dos cobraban fuerza: la del “lugar y el momento equivocados” por parte del “periodista” y la del robo por narcomenudeo.

Curiosamente, opinar a partir de nuestra pesquisa periodística y no avalar el linchamiento mediático contra Duarte costó que fuéramos víctimas de un grosero linchamiento mediático. Regresamos al tema el 10 de agosto e insistimos con más datos que se trató “de un vulgar robo”. De nuevo las jaurías babeantes nos atacaron.

Hoy, sin embargo, podemos confirmar lo que señalamos desde el 3 de agosto: que el crimen fue un vulgar robo, que el móvil fue el narcomenudeo y que ninguno de los presuntos asesinos conocía al “periodista” Rubén Espinosa. En realidad iban por la colombiana Mile Virginia Martín, sexoservidora ydealer.

Pasará tiempo para que la PGJDF revele la conclusión —porque perfecciona la indagatoria y por temor al linchamiento mediático y miedo a los
coadyuvantes—, pero lo que no sabe la PGJDF es que los coadyuvantes difundieron la declaración de los dos detenidos, lo que permite reconstruir buena parte de la verdad histórica.

Y es que el portal especializado www.letraroja.com.mx difundió el manuscrito de las declaraciones —obtenido por uno de los coadyuvantes—, que permite llegar a 15 coincidencias concluyentes que confirman el robo y el narcomenudeo como móvil del crimen, y que a continuación resumimos.

1.— Los detenidos y presuntos responsables Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que se conocieron previamente.

2.— Coinciden en que al tercer implicado lo conocían por el nombre de Omar.

3.— Coinciden en que no conocían al “periodista” Rubén Espinosa.

4.— Coinciden en que no conocían a Nadia Vera.

5.— Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que conocían a la colombiana Mile Virginia Martín.

6.— Coinciden en que Mile Martín se dedicaba a la prostitución y narcomenudeo.

7.— Coinciden en que el automóvil tipo Ford Mustang era de la colombiana.

8.— Coinciden en que en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón había droga.

9.— Coinciden en que Mile Virginia Martín consumía y vendía droga.

10.— Coinciden en que Olivia Alejandra Negrete, empleada doméstica, llegó después que ellos al departamento.

11.— Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que mantenían relación telefónica constante y meses antes con la colombiana Mile.

12.— Coinciden en que permanecieron en el lugar del crimen más de 30 minutos.

13.— Coinciden en que abandonaron el lugar con una mochila/maleta negra en donde ninguno dice lo que llevaba.

14.— Coinciden en que el 31 de julio iban a ver a Mile Virginia a su departamento. Ninguno sabía a quién más encontrarían en el lugar.

15.— Daniel Pacheco y Abraham Torres coinciden en que el último en salir fue Omar. Ni Daniel ni Abraham aceptan haber disparado.

¿Y el ataque a la libertad de expresión? ¿Y el ridículo de firmar una carta pública llena de mentiras por la supuesta muerte de la libertad de expresión? Al tiempo.

EN EL CAMINO

De vuelta el ridículo por Iguala. ¿Y qué pasó si no los quemaron? ¿Se evaporaron? ¡Los pillos de la CIDH quieren más millones de pesos!

Tomado de El Universal