No perdonan, pues la Fiscalía General de la República (FGR) amplió su persecución contra los científicos, algo de lo que ya no se había hablado en los últimos meses.
En su investigación en el caso Conacyt, la FGR ha emprendido una pesquisa que va más allá de la transferencia de recursos al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), el motivo original de la indagatoria.
Pagos de tenencia de los más de 30 científicos y académicos, sus arrendamientos, licencias de conducir, altas y baja de placas, tarjetas de circulación, declaraciones fiscales sin haber una querella de por medio e informes de operaciones inusuales relevantes, todo eso lo investiga la FGR con la finalidad de hallar alguna irregularidad o delito.
De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Reforma, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) giró oficios a las Secretarías de Movilidad y de Administración y Finanzas de la CDMX, así como al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, para requerirles estas informaciones.
“No omito manifestar que, para el caso de no contar con la información requerida en el periodo solicitado (2013-2020), le solicito se realice una búsqueda de los históricos de su base de datos de información electrónica o algún otro medio que permita conocer la existencia de datos relacionados con el ámbito de sus atribuciones”, dice el oficio enviado a la jefa del SAT, a quien solicitaron la información fiscal de los implicados, sin que exista una querella ni carpeta de investigación por defraudación al fisco.
“Se hace del conocimiento de esa autoridad hacendaria que la investigación que motiva la presente solicitud tiene como objeto hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por tanto, se estima, deberá ser acordada de manera favorable”, agrega.
Cabe recordar que 25 de agosto y el 22 de septiembre pasados, un juez federal rechazó ordenar las aprehensiones de 31 académicos y científicos del Conacyt, a quienes la Fiscalía pretendía recluir en el Penal del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y lavado.
La FGR sostiene que de enero de 2013 a junio de 2019 el Conacyt transfirió ilegalmente 244 millones de pesos al FCCyT, en virtud de que este último fue constituido como una asociación civil ajena a la estructura orgánica del consejo y antes de tener su propio estatuto.
Fue después de estos dos reveses judiciales, cuando la Fiscalía decidió rastrear información de los indiciados -incluidos el FCCyT y el Centro Laving para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica-, que va más allá de la transferencia del Conacyt. Antes de pedir las aprehensiones, la FGR no consideró una pesquisa sobre dichos informes.
El 22 de noviembre pasado, el titular de la Unidad Antilavado de la FEMDO, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, envió una solicitud a Ramírez de la O para que instruyera a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la entrega a la Fiscalía de los reportes de operaciones inusuales relevantes o preocupantes de los científicos.
Dado que no hubo respuesta positiva, el funcionario dirigió el pasado 18 de febrero un escrito a Juan Ramos López, Fiscal de Control Competencial y mano derecha del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para que requiriera esa información directamente a la UIF.
“Por lo anterior, solicitó que, en apoyo a las funciones de esta Fiscalía, gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que por su conducto se solicite al Titular de la UIF, si en las bases de datos a que tiene acceso existen registros de reportes de operaciones inusuales relevantes o preocupantes, en relación con las personas enlistadas”, pidió Jiménez Cruz a Ramos.
“Asimismo, tenga a bien requerir a la citada Unidad de Inteligencia para que, en caso de que la información con la que cuente resulte suficiente para presumir la comisión de hechos con apariencia de delito, realice el pronunciamiento ante esta Unidad Especializada, a efecto de colmar los requisitos impuestos por Ley en la presente indagatoria”.
Mientras que a la Secretaría de Movilidad capitalina, la Fiscalía le pidió realizar “una minuciosa búsqueda en su base de datos e informe si cuenta con información de licencias, RFC, domicilios, altas y baja de placas, tarjetas de circulación, teléfonos” de todos los académicos y científicos.
A la Secretaría de Administración y Finanzas le solicitó la información de los pagos de tenencias, impuestos, celebración de convenios, licitaciones, contratos de adquisición, servicios (padrón de prestador de servicios, arrendamientos), de cada uno de los implicados.
Ya la titular del SAT le requirió de forma “urgente” precisarle el RFC de todos los indiciados del Conacyt, sus declaraciones fiscales de 2013 a 2020 con sus anexos y reportar cualquier irregularidad detectada.
Precisa que si las declaraciones se presentaron por el formato DeclaraSat, el organismo debe entregar a la Fiscalía el total de ingresos percibidos, el monto de deducciones, ingresos acumulables, deducciones personales efectuadas, tipo de declaración y datos del estado de posición financiera.
Ahora, en la misma investigación, la FGR busca cualquier tipo de anomalía ajena a esos hechos que pudieran constituir delitos de otra naturaleza.
Pese a que el escándalo se había “enfriado” un poco, no perdonan, pues la Fiscalía General de la República (FGR) amplió su persecución contra los científicos.
Con información de Reforma
JZ
