Asistimos a un cruce de información internacional y nacional, entre la tensa relación gubernamental de México con EU, y en cotidiana confrontación con grupos nacionales, que afecta el desarrollo y seguridad de la nación.
Los circuitos de inteligencia y contrainteligencia se han mostrado con gran ímpetu en declaraciones del presidente de México y de actores políticos y del gobierno estadounidense que tienen amplia resonancia en los medios de comunicación y redes sociales.
Ante una intención de opacidad, de no rendición de cuentas, de no transparencia, se expresan varios frentes de discusión. Con rutas que no benefician a nadie.
Actuar como sepulturero de organismos autónomos ha sido una tarea del actual gobierno, no siempre fundada y poco motivada, los recientes embates han sido el INE, el INAI, la SCJN, el INEGI, la UNAM, como antes el IFT, la CRE, el INEE, y muchas otras instancias que generan información actualizada o atienden tareas técnicas, educativas o democráticas, de interés nacional.
Las decisiones de impedir estos ataques y desaparición de instituciones, son realizadas por una vigorosa sociedad, civil y organizada, que han detenido los embates desde el poder.
La SCJN ha decidido cumplir su fin de defensa de la constitucionalidad y de mantener la vigencia del estado de derecho.
Cuando el poder presidencial encuentra límites, busca adversarios externos para mantener un discurso beligerante, ocultar corrupciones, distraer errores interesados, confundir a la sociedad, inducir a sus colaboradores y simpatizantes al odio confrontador y polarizante, y evitar resolver los problemas de interés nacional, que demanda la sociedad y el buen gobierno.
La confrontación presidencial contra actores internacionales, pretendiendo hacer una defensa de la soberanía, conlleva una solidaridad de quienes observan las acciones desde una atalaya de simpatía o desconocimiento de los alcances, los límites y los costos, para atender los problemas nacionales desde una cooperación necesaria.
El doble discurso o la abierta confrontación con EU, con el gobierno de Biden, con las agencias de inteligencia y contra las fuerzas armadas, no se observa como un acto de soberanía, sino como una batalla basada en datos o información parcial, en ignorancia de las instituciones de EU, y en una posible asociación delictuosa contra grupos criminales.
La difusión de Guacamayas Leaks logró captar la atención dentro y fuera del país, los datos e información revelados han pegado en la línea de flotación de algunos miembros de la clase política y lastimado instituciones, lo que seguirá en los próximos años.
La necesaria resiliencia en el gobierno, en el discurso y en sus acciones, permitirá una sucesión presidencial estable, participativa y con menor violencia de lo que hoy se mira. En eso andamos.
