En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a liberar presos de distintas categorías, y hasta hizo toda una clasificación: por edad avanzada, por tener diez años sin sentencia o por haber sido torturados.
Con este anuncio, el primer mandatario generó la expectativa de que en breve miles de presos obtendrían su libertad, algo que no ocurrirá, pues de entrada, el presidente de la República no tiene facultades para ordenar que los reos salgan de la cárcel. Se trata de una patraña más del inquilino de Palacio Nacional.
Que los presos obtengan su libertad depende de toda una maraña procedimental, en la que interviene la Fiscalía General de la República o las fiscalías de los estados y en donde la última palabra la tienen los jueces, no el presidente de la República.
La inviabilidad de la nueva promesa de López Obrador ya quedó demostrada con el hecho de que, en lo que va de su gobierno, solo 17 personas de 900 que han solicitado apegarse a la amnistía prometida al inicio del sexenio han obtenido su libertad, es decir, apenas el 1.8 por ciento.
Si dentro del programa de amnistía solo han sido liberadas 17 personas en dos años y medio, podemos imaginarnos cuántas personas obtendrán su libertad en lo que queda del sexenio a partir de la nueva promesa de López Obrador.
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Sin sentencia
En su anuncio reciente, López Obrador ofreció liberar a todos los presos del fuero federal que tengan diez años en prisión sin recibir sentencia. Pero es algo que no está en sus manos hacer, pues de acuerdo con la ley, el presidente solo puede conceder indulto a quienes ya estén sentenciados.
Respecto a los no sentenciados, el presidente puede pedirle a la FGR que se desista de la acción penal, pero esta instancia no está obligada a complacer al presidente, pues tiene autonomía constitucional.
Y aún si la FGR accediera, los beneficiados serían muy pocos, pues la población carcelaria acusada de delitos no graves del fuero federal es muy pequeña. Y de ésta, es todavía menor el número de quienes tienen diez años sin recibir sentencia.
Si se va por el camino de la Ley de Amnistía aprobada el año pasado, entonces el procedimiento se alarga todavía más, pues cada caso debe ser revisado por una Comisión de Amnistía para que, si cumple con los requisitos correspondientes, se someta luego a la consideración de los jueces.
Por tortura
López Obrador también prometió liberar a los presos acusados de tortura, algo que tampoco puede hacer por decreto, pues carece de facultades para ello.
En estos casos primero se tendría que establecer un mecanismo para determinar a ciencia cierta que un preso fue víctima de tortura. Y de ahí, agotar todo el procedimiento de pedirle a las fiscalías que se desistan de la acción penal, algo a lo que no están obligadas.
En conclusión, la promesa de liberar presos no es más que una patraña más del presidente López Obrador, a quien le encanta tender cortinas de humo para tapar los problemas de fondo por los que atraviesa el país.
