Después de 10 meses de haber sido exonerada, la Reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, solicitó la recuperación de sus pólizas de seguros.
Cabe recordar que a principios del año pasado, Ávila Beltrán recuperó su libertad luego de casi ocho años de trámites y procesos penales. Durante este tiempo, la Reina del Pacífico fue acusada por tráfico de drogas y, en septiembre de 2014, finalmente la condenaron por operaciones de procedencia ilícita.
No obstante, un Tribunal Unitario de Jalisco determinó que Ávila Beltrán ya había sido juzgada por esa falta –tanto en México como en el extranjero– y concedieron su liberación.
En su momento, la salida de Ávila Beltrán por la puerta principal de una prisión mexicana fue un severo golpe para la credibilidad y la imagen del Estado. Después de todo, la incapacidad de las instituciones nacionales detonó la salida de una criminal acusada, procesada y sentenciada.
Lo llamativo de todo esto es que el escarnio del Estado mexicano no concluyó con la liberación de Ávila Beltrán. Ahora resulta que la Reina del Pacífico quiere lo que le quitaron.
Entre los contratos de seguros que exige la señora Ávila sobresale uno con Seguros Monterrey Antena, por 100 mil dólares; así como otros cinco con Seguros Monterrey New York Life, de los cuales uno es por 100 mil dólares, tres son por cinco mil dólares, y uno por nueve mil dólares.
Se sabe que estos seguros fueron pagados a través de cuentas bancarias en Banorte, Bancomer, HSBC y Santander; las cuales fueron inmovilizadas debido a los movimientos de grandes sumas que no fueron justificados.
En su momento las pólizas se confiscaron por ser consideradas pruebas incriminatorias contra la Reina del Pacífico. No obstante, ahora que Ávila recuperó su libertad, exige que le regresen lo que es suyo.
Además, Ávila Beltrán exige le devuelvan un predio localizado en Hermosillo, Sonora, de 600 metros cuadrados. Y no está de más recordar que cuando la Reina del Pacífico fue detenida le decomisaron 234 propiedades a su nombre, ubicadas en diversos estados del país y sobre todo en Hermosillo, donde se incautaron 227 inmuebles.
