El pasado domingo 28 de abril, abogados mexicano presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de Quito por el allanamiento a la embajada mexicana en aquel país el pasado 5 de abril.
En conferencia de prensa, los abogados mencionaron que Daniel Noboa “debe ser investigado y sancionado” por ordenar el asalto a la sede diplomática, así como la violencia ejercida contra los funcionarios de la embajada mexicana y por la privación de la libertad y secuestro del exvicepresidente Jorge Glas, quien buscaba asilo político desde diciembre.
Dicha denuncia también se interpone por las lesiones ilegales contra funcionarios mexicanos, y el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado.
El catedrático en Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Armando Jiménez Vázquez manifestó que la FGR es competente para investigar los hechos presuntamente ilícitos.
Esto con base a que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional, los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones de México.
De igual forma, aseguró que la FGR está “dotada” para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal, así como en los instrumentos aplicables del Derecho Internacional convencional, “bien sea que se comentan en su territorio o contra sus nacionales”.
Asimismo, explicó que, en el caso de las conductas de la ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, quien es mexicana por nacimiento se puede materializar su delito de traición a la patria, así como de otros ilícitos relacionados con la intervención ilegal de los teléfonos y comunicaciones de la Embajada de México.
Los penalistas apuntaron la existencia de otros posibles delitos como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad y daño en propiedad ajena.
Por otra parte, los denunciantes expresaron su confianza en que los presuntos delitos cometidos por Noboa y otras autoridades sean castigados por el sistema judicial mexicano.
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