La grotesca escena registrada el pasado jueves, cuando el reportero de El Sol del Sur de Tamaulipas, Mario Alberto Segura Segura, se arrodilló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una metáfora de la relación entre el actual gobierno y la mayoría de la prensa mexicana.
En la entrega del pasado viernes hicimos un recuento de los periodistas que han sido silenciados por asumir una postura crítica hacia el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Mencionamos solo cinco casos, pero seguro hay mucho más.
Esta censura que han sufrido periodistas de renombre y reporteros a nivel de cancha que viven la represión en el anonimato, es consecuencia de la actitud de los grandes medios de comunicación, que se han puesto de rodillas ante el presidente de la República y el gran poder que ostenta.
Este sometimiento de los grandes medios se refleja también durante las mañaneras, en donde los reporteros en general evitan hacer preguntas críticas o que puedan poner en algún predicamento al presidente y dejan el espacio para que se expresen los jilgueros, que no son periodistas ni youtubers, pero que le encantan el oído al primer mandatario.
El sometimiento, hay que decirlo, no es propio de este gobierno, es un lastre que venimos arrastrando desde hace muchos años y está originado en la dependencia que tienen los grandes medios de comunicación de los recursos públicos por dos vías: los contratos de publicidad y los contratos para empresas de otro giro que poseen los dueños de los medios.
Se trata de una relación perversa prensa-Estado que ha sido posible romper debido a que no hay una regulación de la publicidad institucional que evite el uso discrecional de los recursos públicos destinados a ese fin.
El gobernante en turno asigna los contratos de publicidad sin criterios técnicos y por lo regular le transfiere mayores recursos a los medios que se “portan bien”, mientras que margina a los que se atreven a ejercer la crítica. López Obrador no es la excepción.
Durante el año pasado, solo tres medios de comunicación a nivel nacional de más de 40, obtuvieron el 66 por ciento del presupuesto del gobierno federal destinado a la publicidad institucional.
Entre estos tres consentidos se encuentra, por supuesto, el diario La Jornada, el cual recibió durante el 2020 51 contratos por un monto total de 144 millones de pesos.
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¿Con qué criterio se le entregó a La Jornada esta cantidad de dinero cuando hay otros diarios impresos nacionales como El Universal, El Financiero o Reforma, que tienen un tiraje mucho más elevado y un impacto mayor?
Los otros dos medios consentidos por el gobierno de López Obrador fueron Televisa, que recibió 17 contratos por un monto de 147 millones de pesos, y TV Azteca, que recibió 24 contratos por un monto de 141 millones de pesos.
Otros medios recibieron menos dinero vía la publicidad, pero como lo dijimos líneas arriba, sus dueños tienen empresas de otros giros que reciben contratos del gobierno y eso es suficiente para mantenerse sometidos al poder.
La regulación de la publicidad institucional, lo hemos dicho antes, es uno de los grandes pendientes de la transición a la democracia. Pero nadie le quiere entrar. Los que ostenta el poder y los dueños de los medios prefieren mantener las cosas como están, aunque los segundos se tengan que arrodillar sistemáticamente ante los primeros.
OFF THE RECORD
**UNA MORENISTA MENOS
Y ya que hablamos de mujeres, mejor día no pudo elegir Estefanía Veloz para anunciar su renuncia a Morena, en solidaridad con las mujeres que presuntamente fueron agredidas sexualmente por Félix Salgado Macedonio.
Con su renuncia, Estefanía se sumó al selecto grupo de mujeres de Morena que han hecho pública su indignación por la postulación de Félix como candidato al gobierno de Guerrero.
La mayoría de mujeres de Morena sigue atrapada en la obediencia ciega.
**SATÉLITES, A LA PEPENA
La nueva chiquillada, esa que está integrada por nuevos partidos políticos que orbitan en torno a Morena, está en plena labor de pepena de figuras que les ayuden a sobrevivir.
Es el caso del partido Fuerza por México, el cual reclutó a la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, a quien hizo secretaria nacional adjunta y candidata a diputada federal por la vía plurinominal.
Arellanes renunció al PAN desde el 6 de enero del 2018, cuando fue señalada por supuesto desvío de recursos.
Bueno, pues Arellanes ya tiene partido.
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