La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de la Reforma Político Electoral o el Plan B.
Lo anterior, por violaciones graves al procedimiento legislativo, con una mayoría de 9 votos, y dos votos en contra de dicha invalidez. Así, la Corte declaró la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales 2022/23, que modificaban las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Dicho Decreto fue aprobado en diciembre del 2022 por el Congreso de la Unión, e impugnado posteriormente por los Partidos de la Revolución Democrática, de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano.
El Proyecto fue presentado por el ponente, ministro Alberto Pérez Dayán, quien señaló que el Congreso de la Unión transgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.
De esta forma los nueve ministros determinaron la invalidez de las reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
Así, la SCJN en pleno uso de sus atribuciones, valoró la constitucionalidad negativa del denominado Plan Electoral B, en su primera parte, observando la forma en que se llevó a cabo esta aprobación, por la mayoría de Morena en conjunto con sus aliados del PT, PVEM y PES.
Con esta resolución, la Corte comunicó que así refrenda su papel como el Tribunal Constitucional de México, cuyo propósito es proteger que la Ley Suprema sea cumplida por todos los Poderes de la Unión y demás autoridades de la República.
Sin duda alguna, es un acto que muestra la derrota del propósito presidencial, en un intento de afectar atribuciones y funciones que el INE ha desarrollado.
Los epítetos de los derrotados, incluido al presidente, los señalamientos condenatorios y difamaciones sobre el proceder de los Ministros, con el fin de amedrentarlos o de evitar que votaran y cumplieran con sus atribuciones y facultades, no encuentran sustento jurídico y, tampoco van en la dirección de una mejor democracia y de sus procesos electorales.
Registro los nombres de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidaron el plan B: Norma Lucía Peña, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González-Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y quienes votaron en contra de la invalidez constitucional y a favor del plan B fueron: Yazmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Hay opiniones encontradas para los miembros del pleno de la Corte, por un lado, de reconocimiento por la forma en que actuaron con valentía y defensa de la constitución y por otro, de linchamiento político.
Si bien falta una segunda parte de valoración del Plan B, que atañe a las estructuras y tareas del INE, es de esperar que sea en el mismo sentido de una eventual invalidez constitucional. En la discusión de la segunda parte del plan B, la Corte ponderará, la supuesta desaparición de las 300 juntas distritales del INE, que tienen la responsabilidad de llevar a cabo los comicios, y actualizan el padrón electoral, aspectos fundamentales para los procesos electorales y su funcionamiento.
La batalla por la democracia continúa. La batalla por el poder presidencial crece. Los esfuerzos por mantener el control y aumentarlo por parte del Ejecutivo Federal, han mostrado indignidad política, por quienes representan al Ejecutivo y Legislativo.
Así el tamaño de los intereses en juego. Así la posición de los actores y el peso de los factores en esta batalla por la democracia y la vigencia del Estado de Derecho.
