La Inversión Privada (IP) del país advirtió que el decreto está por encima de la ley, esto, después de que el Ejecutivo Federal firmó un acuerdo por el cual sus obras de infraestructura se sujetan al régimen de seguridad nacional.
“Respetamos las atribuciones legales que tiene el Presidente para emitir decretos, pero no compartimos que la medida para agilizar las obras sea emitiendo permisos provisionales en fast track, omitiendo principalmente leyes o posponiéndolas.
Te puede interesar | La seguridad de operaciones en el AIFA sigue en vilo
“Expresamos nuestra preocupación de que con este decreto nos lleve a mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y deterioro en las obras. Estamos en contra de que esto suceda”, dijo Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en conferencia de prensa.
Fue este martes, cuando Solares Alemán también criticó que un plazo de cinco días, como plantea el acuerdo para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal otorguen la autorización provisional de construcción, es insuficiente para poder revisar una solicitud y autorización de revisión de una obra.
“Este tema debe de tomarse con seriedad porque pueden existir retrasos artificiales para obtener una dádiva y acelerar los procesos. En cinco días es imposible revisar que esté correcto un proyecto cualquiera que sea”, agregó.
Los constructores formales de México no estamos de acuerdo que la construcción de obras públicas a través de permisos provisionales sea la mejor manera de agilizar el desarrollo de infraestructura. pic.twitter.com/uWFR42USpt
— Francisco Solares Alemán (@PacoSolaresA) November 23, 2021
CCE también rechaza ‘decretazo’ de AMLO
Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que al equiparar los proyectos federales al régimen de seguridad nacional se evaden diversas normas constitucionales y legales, que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia, acceso a la información pública, a la libre concurrencia, la división de poderes y la lucha anticorrupción.
“El acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.
“Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, alertó el CCE a través de un comunicado.
Como era de esperarse, la IP mexicana advirtió que el decreto está por encima de la ley en tiempos de la “Cuarta Transformación”.
#Comunicado | En #CCE manifestamos rechazo al Acuerdo Presidencial de proyecto y obras que vulnera el Estado de Derecho. pic.twitter.com/poQMQLF7QZ
— CCE (@cceoficialmx) November 23, 2021
Con información de Reforma
JZ