“Intimidado, presionado, instrumentalizado”

Especial
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“Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”, dijo ayer el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su primera comparecencia judicial en México, once días después de haber llegado al país, extraditado, por propia voluntad, desde España. Lo hizo desde su habitación en uno de los mejores hospitales privados de México, en forma virtual y sin que se permitiera a los medios siquiera escuchar la comparecencia. La información se obtuvo vía mensajes de WhatsApp.

Lozoya, que hoy tendrá una segunda presentación por el caso Odebrecht, la de ayer fue derivada de la compra de la planta de Agronitrogenados, se acogió al llamado criterio de oportunidad y aseguró que denunciará a los autores de esos hechos de corrupción. Se confirmó su intención, aceptada, de convertirse en un testigo colaborador de la Fiscalía.

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El problema es que no entiendo cómo comprobará Lozoya, más allá de sus dichos, que fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”, cuando todas las operaciones realizadas, tanto en torno al caso Odebrecht como en la compra de Agronitrogenados, terminaron en las cuentas bancarias de empresas que estaban relacionadas con él y con su familia. Incluso una de las principales acusaciones, de que con unos recursos que supuestamente habrían ido a la campaña de Peña Nieto en 2012 compró una casa en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, ratificada por la Fiscalía General de la República ayer mismo, demostraría que ese dinero no terminó en la campaña, sino en su bolsillo.

Ya veremos qué sucede hoy con el caso Odebrecht, pero los testimonios brindados por Luis de Meneses y otros funcionarios de la empresa brasileña confirman que Lozoya recibió poco más de diez millones de dólares, pero en ningún momento esos funcionarios de Odebrecht, procesados como testigos colaboradores en Brasil y Estados Unidos, dicen que fueron para alguna otra persona que no fuera el propio Lozoya, que termina distribuyendo parte de esos recursos entre su madre, su esposa y su hermana.

De ninguna forma niego que haya existido un esquema de corrupción en torno a Lozoya que alcanzó muchos otros ámbitos y empresas, de Oceanografía hasta Oro Negro y otras, que Lozoya trató a través de distintas maniobras absorber para quedarse con ellas o entregar el sector a nuevos socios (aprovechándose, en ocasiones, de las propias debilidades y asociaciones previas de esas empresas), pero el problema será demostrar que, para ello, el exdirector de Pemex fue “intimidado, presionado, instrumentalizado”.

Se puede comprender que Lozoya haya operado para el PRI o para el gobierno, aunque no haya datos al respecto más allá de lo que esté dispuesto a declarar el propio Lozoya, pero es mucho más difícil entender el porqué en esas operaciones hubiera tenido que terminar involucrando a su madre, a su hermana y a su esposa. Si no era en un esquema de beneficio personal, ¿por qué diablos tendría que haber involucrado a su propia familia en un esquema de financiamiento ilegal del PRI o del gobierno de Peña Nieto?

Para entender mejor este contexto también hay que ir a la declaración presidencial del día de ayer, cuando en la mañanera López Obrador pidió escuchar la declaración de Lozoya que desnudaría los esquemas de corrupción en las pasadas administraciones. El llamado, dijo, “es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco”. Esa declaración exhibe la intención del proceso, por lo menos cómo está planteado hasta ahora y la base del acuerdo con Lozoya: lo determinante no es lo que ocurra en el ámbito judicial, sino que los presuntos responsables sean exhibidos en el “tribunal ciudadano, popular”.

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Se trata de un juicio más político que judicial, donde los dichos sean más importantes que las pruebas. Si a eso le sumamos el llamado del propio Presidente de que todos los que sean nombrados sean presentados a declarar y sean exhibidos ante ese tribunal popular, la intención se cumple plenamente.

Olvidemos por un minuto que el Presidente no tendría que referirse al contenido de un proceso judicial en curso, protegido por el secreto sumarial, de ninguna forma, porque al estar enterado de él y declararlo públicamente está violando el debido proceso no sólo de Lozoya, sino de cualquier ulterior inculpado, lo preocupante es que, además, se reclame la justicia popular en lugar de demandar, como debería ser su responsabilidad, un estricto proceso judicial.

Por lo pronto, con base en las acusaciones y lo que se sabe hasta ahora, Lozoya no es una víctima, es el principal inculpado de todo este esquema de corrupción, un esquema donde, hasta ahora, el beneficiario ha sido él, su familia y sus socios. A ver qué se devela en la comparecencia del día de hoy.