El Tren Maya —uno de los proyectos faraónicos del presidente Andrés Manuel López Obrador— está generando diversos problemas a la población, sobre todo, a los que habitan sobre el Primer Tramo, que tiene extensión de 232 kilómetros.
Gracias al “derecho de vía” las autoridades encargadas de esta obra, literalmente, pueden devastar o dejar a las personas sin su vivienda, tal y como será el caso de una pareja de ancianos del Ejido de Guadalupe —cerca de Palenque— que prácticamente perderán su propiedad.
Básicamente el derecho de vía podría provocar que miles de personas sean desplazadas del lugar donde viven, porque corrieron con la mala suerte de que sus hogares quedaron en medio del lugar de las obras.
“Ahorita quieren que nosotros busquemos caminos alternos, porque va a pasar el Tren Maya, ya se metieron con las obras y nos cortaron los pasos. Si no tenemos paso para movilizar ganado, hay que recorrer al menos kilómetro y medio para cruzarlo de un corral a otro”, manifestó Homero Cambrano, de la Ranchería San Marcos.
Fonatur no ve irregularidades
Sin embargo, para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Despacho Barrientos y Asociados —que es el encargado de liberar el derecho de vía—, no se está cometiendo ningún delito al momento de afectar a los habitantes de la región.
No obstante, y de acuerdo con el reportaje ‘Prevén daños colaterales por Tren Maya‘, 30/11/2020, publicado en Aristegui Noticias, el pasado 20 de noviembre, se hizo pública una carta de seis relatores de derechos humanos de la ONU, enviada al gobierno de México.
En dicho documento, denunciaron diversas violaciones contra derechos humanos cometidas hacia ciudadanos que habitan en los lugares por donde pasará el Tren Maya.
Con todo esto, queda claro que la administración de López Obrador no solo afectará al medio ambiente con el Tren Maya, ya que también podría generar un severo problema de desplazados en el sureste del país.
Con información de Aristegui Noticias
JZ
