Los consejeros electorales de las células locales del INE en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz fueron designados el año pasado. El responsable de estos nombramientos fue el Consejo General del mismo INE.
Como seguramente recuerda, el proceso comenzó el 11 de mayo, con el registro de aspirantes. El trámite concluyó el 30 de octubre, cuando todos los consejeros fueron palomeados por el árbitro electoral.
En cada estado se designaron candidatos para ocupar el cargo de: consejero presidente –el cual estará en funciones por siete años–; tres consejeros electorales –que estarán un periodo de seis años–; y por último tres consejeros electorales que ocuparán el puesto por tres años. En total se nombró a 92 los consejeros. Ellos serán los encargados de organizar las elecciones estatales del próximo 5 de junio.
Se sabe que para ser consejero electoral es necesario contar con título académico, cédula profesional y residencia de cinco años en la entidad que representan.
Y destaca, además, que la elección de los nuevos consejeros cumplió con el mandato de la Reforma Política Electoral. Es decir, existe equidad de género en los consejos estatales.
El recuerdo viene a cuenta porque, durante el proceso para elegir a los consejeros, muy pocos se dieron a la tarea de investigar quiénes eran los seleccionados, cuáles eran sus credenciales y si, como se prometió, eran independientes del gobierno estatal.
Es decir, que mientras muchos verán fraudes y cochupos luego del resultado del cinco de junio, pocos se tomaron el tiempo para conocer a los árbitros electorales.
Algunos, como los consejeros electorales de Baja California, llegaron al cargo y se umentaron el sueldo. Anteriormente, el consejero presidente percibía 63 mil a 95 mil pesos mensuales, luego del cambio, el titular del órgano electoral, Javier Garay Sánchez, ganará 44 mil pesos más, es decir, un salario de 110 mil pesos.
¿Esos son los responsables de certificar la viabilidad y legalidad de los procesos electorales?
