Para blindar sus megaobras faraónicas inservibles y evitar que alguna administración de la oposición quiera cancelarlas, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el control y administración de sus obras a empresas creadas por el Ejército Mexicano.
Una de ellas es el conglomerado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GOOM), un consorcio coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que está integrado por el Tren Maya y cuatro aeropuertos: El Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), el de Palenque, en Chiapas; el de Chetumal y el de Tulum, en Quintana Roo –cada uno de ellos constituido como sociedad anónima de capital variable–, en el sur sureste del país, zona de influencia del tren y de mayor recepción de turistas del país.
De acuerdo con el observatorio México, ¿Cómo Vamos?, los activos de este inédito grupo empresarial-militar se estimaban en 2022 en 305 mil 677 millones de pesos, en los que el Tren Maya tiene activos por 200 mil mdp y los aeropuertos, 105 mil 677 mdp.
De acuerdo con la organización, para el cálculo de activos se contempló el valor de los inmuebles y la infraestructura actual y de adecuaciones estimadas hasta el ejercicio presupuestal 2022, por lo que el valor podría modificarse.
Aunque la Constitución impide que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos civiles en tiempos de paz, los militares han sido la mano derecha del mandatario tabasqueño, pues lo ha instalado en casi todos los ámbitos públicos del país.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró 246 asignaciones civiles al Ejército y a la Marina en su ‘Inventario Nacional de lo Militarizado 2011 a 2021’.
Empresas militares serán opacas y obtendrán subsidios para su operación
Sin embargo, el futuro de dichas empresas está entre obtener subsidios para compensar pérdidas así como el riesgo de corrupción y desaliento a la inversión.
Ante este panorama, expertos en turismo, seguridad y finanzas públicas han advertido que si bien no está en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para construir u operar instalaciones, advierten que dedicarse a tareas ajenas puede conducir a un ‘Sedenaproa’, que deba rescatar a las empresas que fracasen bajo administración militar.
“El riesgo que corremos es tener empresas productivas del Estado que si no son rentables, acabemos rescatándolas todos”, advirtió Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Estudios Presupuestales (CIEP).
Para Gerardo Herrera, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y experto en el sector turismo, el riesgo es que se deben subsidiar los “eventuales yerros” de estas empresas, como el que puedan entrar al ramo hotelero y turístico sin preparar modelos de negocio.
“Históricamente, las empresas públicas en México son muy poco rentables o no lo son, y requieren recursos públicos para financiarse. Y en ese caso, el Ejército incursionará en una área sin tener experiencia ni alguna habilidad desarrollada”, subrayó.
Pero el problema, dijo, es que “si el Ejército incurre en un emprendimiento de cualquier tipo que no es rentable, no veo cómo simplemente lo van a cerrar. Por el contrario, lo van a mantener, lo van a subsidiar con dinero de todos los mexicanos”.
Fernando Gómez, especialista en el sector aeroportuario y profesor invitado de la Universidad Panamericana, opinó que el AIFA comienza a perfilarse como el primer descalabro de las empresas del Ejército.
“Todo indica que pudiera tratarse del primer año en que subsidiaremos a ese aeropuerto, que no ha resultado el éxito esperado”, dice Gómez, al señalar que los ingresos obtenidos no son suficientes”, opinó.
Y añadió: “Antes de abrir, el AIFA debió recuperar el grado de aviación 1 y amarrar aerolíneas para tener, al menos, el 10% de los movimientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es decir, cinco millones de pasajeros al año, para un mínimo operativo y de ingresos”.
Fuerzas Armadas niegan entregar información de megaconstrucciones de la 4T
Los expertos ven con preocupación otro aspecto en la constitución de empresas militares y es que, a diferencia de lo que cree el presidente, no garantizan transparencia, rendición de cuentas, ni menores niveles de corrupción.
En el reporte ‘El negocio de la militarización’, México Unido Contra la Delincuencia documentó la opacidad en la Sedena:
En 2021 se negó a transparentar el 78% de la información pública que se le solicitó y la reservó por seguridad nacional y en el 22% restante alegó su inexistencia.
En tanto, la investigación ‘El aeropuerto del ‘dedazo’ militar’ de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), concluyó que “prácticamente el 100%” de los contratos del AIFA fueron asignados directamente o por invitación restringida.
Pudo revisar 1,233 contratos, pero 75% de ellos se los negaron.
Ante ello, los expertos advierten que se deberá poner lupa especial a las utilidades de las empresas, luego de que el presidente López Obrador anticipó que las utilidades derivadas de la aerolínea y del conglomerado de la Sedena, así como las del tren del Istmo, los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, operados por la Secretaría de Marina, se utilizarán para solventar las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Militares pueden concentrar un gran control político
Para Óscar Fonseca, director de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, las Fuerzas Armadas pueden adoptar prácticas empresariales eficientes, son ágiles en tecnología y fuertes en la administración y gestión de personal, pero al darles tareas empresariales también se corre el riesgo de que concentren un gran control político.
“El uso de fuerzas armadas para funciones de administración (…) no es bueno para el Ejército ni para el fortalecimiento de nuestro sector privado. Tampoco es bueno para el control político de las instituciones democráticas: Al César lo que es del César’; se debe reforzar al Ejército para que haga funciones de apoyo a la sociedad y a las instituciones privadas para que sigan aportando al crecimiento de la nación”, consideró.
A su vez, David Saucedo, consultor independiente en seguridad pública, recordó que el Ejército no es impermeable a la corrupción, por lo que es necesario que las empresas civiles y militares tengan los mismos controles.
“Desde hace rato el Ejército incurre en prácticas de corrupción ¿Qué es lo que va a ocurrir teniendo más dinero, más atribuciones y con opacidad con la que se maneja pues todo lo reserva? Pues va a haber más corrupción, de eso no tengo ninguna duda”, sostiene.
Y agregó: “El Ejército no es impermeable a la corrupción. Esa es una narrativa falsa del presidente para justificar la presencia del Ejército en todas estas actividades”.
Con información de Expansión Política
MSA
