Hace poco más de una semana, Enrique Solana –presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo–, advirtió que el Estado Mexicano tiene una gran deuda en materia de corrupción.
Según Solana, la falta de crecimiento se debe, en buena medida, al peso de la corrupción.
Este jueves, el presidente Enrique Peña –reunido con empresarios–, recordó que la corrupción empieza en la empresa privada.
La pregunta es quién tiene razón.
En entrevista para La Otra Opinión, Alexandra Zapata –investigadora del IMCO–, advirtió que la corrupción puede venir de la esfera pública y también de la privada. En consecuencia, se debe combatir al fenómeno y no sólo a los actores públicos que, con alguna frecuencia se ven involucrados en escándalos de corrupción.
Es así que el Instituto Mexicano para la Competitividad –IMCO–, promueve una iniciativa ciudadana de Ley General de responsabilidades administrativas. Es decir, un intento por atacar la corrupción en todos los sectores, ya el público, ya el privado.
Zapata comentó que la iniciativa de Ley que plantean integra la responsabilidad que los privados adquieren en sus tratos con el gobierno. O si lo prefiere, se consolida la figura de sociedad corresponsable que, eventualmente, permitirá conocer –y combatir–, la responsabilidad de los privados en escándalos de la corrupción.
Una parte esencial de este proyecto es la reconocida declaración #3de3, es decir, la iniciativa para que los servidores hagan públicas:
Uno. Su declaración patrimonial en la que expliquen qué patrimonio tienen antes de asumir el cargo, cómo evoluciona y cómo es dicho patrimonio una vez que concluya su gestión.
Dos. Su declaración de intereses para saber en qué empresas tienen participación y sea posible prevenir los conflictos de interés.
Y tres. La declaración fiscal que demuestren que los responsables de decidir cómo se gasta el dinero público, aporten su parte a las arcas públicas.
Toda esta información –de acuerdo a la iniciativa del IMCO–, sería entregada y procesada por instituciones públicas con la capacidad de dar seguimiento a los datos y de actuar en caso de que se detecten anomalías
Por donde se vea, la iniciativa resulta tan atractiva como necesaria. Y es que, insistimos, no importa de donde venga la corrupción; lo importante es dónde termina y cómo combatirla.
