El tema de la corrupción es prioritario en la agenda de nuestro país. Desafortunadamente, aunque se habla mucho, poco hemos avanzado para combatirla.
El viernes pasado, el periódico Reforma publicó los resultados del ranking del World Justice Project (WJP) que sitúa a México en el lugar 135 de 139 países, sólo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y Congo.
El resultado del ranking levantó ámpula. Las reacciones no se hicieron esperar y le llovieron descalificaciones para el World Justice Project en redes sociales.
@FedericoArreola consideró que la medición era una ‘tontería‘ y que no la realizaba una institución seria. El @ProfesorChairo descalificó la información alegando que la enviaba el IMCO donde trabaja un ex-colaborador de Felipe Calderón.
Otros empezaron con teorías de la conspiración como @ekktor al que le pareció curioso que WJP tenga operaciones en México y ve la mano de la oposición en ello. Grace More @GraceMo97873238, por su parte, ve la mano de Claudio X. González en esto.
Ante las noticias molestas o dolorosas, resulta más fácil “matar al mensajero” (en este caso descalificarlo) que poner atención y enfrentarnos al mensaje. El que México haya pasado del lugar 117 al 135 en el índice de WJP en dos años, es un claro indicador de que no vamos bien.
El combate a la corrupción es un tema central en la administración del presidente López Obrador. Sin duda ha sido muy eficiente en detectarla, pero no en combatirla.
Probablemente había corrupción en la construcción de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pero a la fecha no hay nadie en la cárcel por ello. Lo mismo sucede con los fideicomisos cancelados. El 8 de octubre de 2020 el presidente se comprometió a mostrar en 10 días un diagnóstico de los fideicomisos que pretendía cancelar.
Sergio Negrete Cárdenas (@econokafka) se ha dado a la tarea de revisar el cumplimiento de ese (y otros compromisos) que a la fecha no se han dado. Las asignaciones directas son la regla y no excepción.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al primer semestre de este 2021, el actual gobierno federal ha otorgado 80.6 por ciento de los contratos a los principales proveedores del gobierno mediante adjudicación directa. No nos engañemos. La corrupción sigue siendo una asignatura pendiente (y urgente) en el país.
México no está solo en ese problema. De acuerdo con Transparencia Internacional, en su Indice de Percepción de la corrupción (CPI) 2020 reveló una tendencia preocupante de que “la mayoría de los países lograron poco o ningún progreso en la lucha contra la corrupción en casi una década”.
Descalificar a los mensajeros, o en este caso al WJP, puede hacer ruido en redes sociales, pero no ayuda en nada al país.
Necesitamos presionar al gobierno para que tome acciones serias y concretas para combatir la corrupción. Queremos resultados, no palabras. De lo contrario, pasará otro sexenio en que la lucha contra la corrupción se quedará en “mucho ruido y pocas nueces”.
Buen domingo a todos. Gracias por leerme.
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