Un comando armado disparó y provocó la muerte a Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex), en San Luis Potosí.
El atentado ocurrió el pasado lunes 1 de marzo cuando el dirigente empresarial viajaba en su automóvil, en la colonia Lomas, de donde fue llevado a un hospital en el que falleció a causa de tres disparos a quemarropa.
El atentado provocó el rechazo del empresariado de todo el país, ya que muchos hombres de empresa recordaron que hace medio siglo, en otros gobiernos populistas, el blanco del odio oficial fueron los emprendedores.
Hoy, de nueva cuenta los empresarios parecen blanco de grupos criminales. Pero contrario a los años 60, a pocos parece importarle un crimen de escándalo como ese.
Sin embargo, también es cierto que en los populismos del mundo no es novedad la desaparición y hasta el crimen de los opositores.
Incluso, en algunos casos es una regla.
En México, como saben, en los populismos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo la tónica fue la represión, la desaparición y hasta el crimen de Estado contra los opositores.
Por ejemplo, en la gestión de Echeverría –en los años 60 del siglo pasado–, el gobierno federal no sólo conoció y toleró, sino que estimuló el crimen de hombres de empresa –de Nuevo León y Jalisco–, a quienes la Liga Comunista 23 de septiembre asesinó con la complicidad oficial.
Los casos emblema fueron los reputados Eugenio Garza Sada, en Nuevo León y Fernando Aranguren, de Jalisco, a quienes casi de manera simultánea –en septiembre y octubre de 1963–, secuestraron y asesinaron comandos del grupo radical, motejado como “la 23 de septiembre”.
A Eugenio Garza Sada lo secuestraron y asesinaron en Monterrey el 17 de septiembre de 1973 y su muerte se produjo el mismo día del plagio, luego de un presunto error de logística.
Sin embargo, hoy se sabe que se trató de un crimen de Estado, ya que el periodista, Jorge Fernández Menéndez, localizó documentos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, los cuales fueron publicados en su libro “Nadie supo nada” –editado en 2006–, en donde se confirma que el gobierno de Luis Echeverría conoció previamente del atentado, lo tolero y lo estimuló
A su vez, Fernando Aranguren fue secuestrado en la primera semana de octubre de ese 1973, para luego ser asesinado y “encajuelado”. También en este caso los autores del secuestro y crimen fue acreditada al grupo radical clandestino que, en realidad, fue comparsa de los populistas de la época.
En su momento los crímenes estremecieron a la opinión pública nacional y al empresariado todo, ya que los atentados se cometieron contra emprendedores emblema de las regiones más industrializadas del país.
Además de que los crímenes se cometieron luego de un choque abierto y público entre los empresarios de la época y el gobierno de Echeverría, al que cuestionaron precisamente por sus políticas populistas y estatistas.
Lo cierto, sin embargo, es que a nadie debiera sorprender la persecución del gobierno de Obrador contra distintos sectores empresariales, a quienes amenaza, somete o persigue –como el caso de Alonso Ancira, entre otros–, si es que no se convierten en lacayos de su gobierno.
Y si lo dudan, vale recordar que, por ejemplo, el 27 de marzo de 2018 –en el Itinerario Político titulado “¡En 2018 chocan Echeverría y la IP!”–, documentamos precisamente la confrontación entre AMLO y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) ante la eventualidad de que el aspirante más aventajado de la contienda presidencial pudiera destruir el NAIM.
Y es que hoy, igual que en los años 60, un sector empresarial y el presidente en turno se enfrentan a causa de las políticas populistas.
La diferencia, sin embargo, es que hoy, los más poderosos hombres de empresa están sometidos al gobierno lopista, sea por miedo, sea por intereses económicos. Incluso, muchos pertenecen al Consejo Asesor de Palacio.
Por eso, a causa del sometimiento oficial, son pocos los empresarios que han cuestionado el crimen de Julio César Galindo, líder empresarial de la Coparmex de San Luis Potosí.
Y precisamente sobre el peligro de someter a los emprendedores al poder de AMLO, en el Itinerario Político del 6 de mayo de 2018 –titulado “¡Empresarios ojetes!”–, dijimos que el objetivo de AMLO era confrontar a empresarios con trabajadores, a ricos contra pobres…
Por eso, recordamos que los adjetivos preferidos del más aventajado de los candidatos eran, entre otros, los siguientes: “minoría rapaz”, que “lanzan la piedra y esconden la mano”, “ingratos”, que “no quieren dejar de robar”, “siniestros”, que “se sienten dueños de México”, “traficantes de influencias”, “corruptos” y “apátridas”.
Y dijimos que para todo gobierno populista, una parte fundamental de su estratagema para confrontar a la sociedad es exaltar la lucha de clases.
Y en aquella nueva confrontación con los hombres de empresa –y cual perdonavidas–, Obrador aseguró “que no perseguiría a nadie”, en una fea confesión de que aspiraba a ser un rey.
Hoy, los empresarios que no se “doblan” al poder presidencial, son perseguidos, amenazados y, en algunos casos, son llevados a prisión.
Y también de manera nada clara, otros emprendedores que no comulgan con el régimen resultan muertos de manera sospechosa, por decir lo menos.
¿Hasta cuando el silencio de los empresarios?
Al tiempo.
