De no ser por las graves implicaciones que aparecen, desde lo más alto del poder, el “sainete” Bartlett resultaría de risa loca.
Y es que un recuento elemental de hechos arroja claras evidencias de que el otorgamiento de contratos –sin licitación y por adjudicación directa–, a empresas de la familia Bartlett habría recibido el aval de Palacio y, por tanto, de la propia Secretaría de la Función Pública.
Es decir, que desde el 17 de abril pasado, la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval, analizó, valoró y validó la contratación de la empresa Cyber Robotics –propiedad de León Bartlett–, como proveedora del IMSS en la compra de ventiladores clínicos.
Resulta, por tanto, que son “juez y acusado” Eréndira Sandoval y sus subordinados en el IMSS y en las dependencias implicadas en el caso Bartlett.
¿Por qué?
Porque Irma Eréndira Sandoval y/o sus respectivos subordinados investigarán y juzgarán sobre un presunto delito del que, en realidad, son coparticipes, ya que analizaron, valoraron y validaron la compra de equipo médico, a las empresas de Bartlett.
Pero el asunto se complica más cuando se confirma que el presidente Obrador expidió el nuevo reglamento de la Secretaría de la Función Pública, sólo 24 horas antes de que el IMSS, de Hidalgo, asignara el contrato para la compra de ventiladores médicos a la empresa de la familia Bartlett.
En pocas palabras, son contundentes las evidencias de que desde la casa presidencial, en Palacio, se habría fraguado la entrega del negocio de los ventiladores a la familia de Manuel Bartlett, al amigo del presidente.
¿Lo dudan?
1.- En los primeros días de abril pasado –como consta en los medios de comunicación–, la armadora Volkswagen anunció que, ante la emergencia sanitaria, su planta de Puebla fabricaría un total de 90 respiradores al día, los cuales serían donados –sin costo alguno–, al Ejercito Mexicano, para atender al mayor número posible de mexicanos enfermos.
2.- Sin embargo, días después del anuncio de Volkswagen, la Cofepris publicó los estándares técnicos que debían cumplir los respiradores, los que según la armadora “eran muy estrictos” y llevaría meses desarrollar un prototipo con esas características. En pocas palabras, fue evidente que manos interesadas dejaron fuera la potencial fabricación gratuita de los equipos.
3.- De manera simultánea, el 16 de abril se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública”, que entró en vigor al día siguiente, el 17 de abril. El decreto, como es normal, fue emitido y firmado por el presidente López Obrador.
4.- En su artículo 12, tal decreto faculta a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, “a designar y remover libremente a los titulares de los Órganos de Control Interno y a los titulares de las Áreas de Auditoria Interna de las dependencias…” Secretarías de Estado y organismos descentralizados y entidades paraestatales, del sector público federal.
5.- El mismo 17 de abril, a las 18.00 horas, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en su calidad de responsable del Órgano Interno de Control de la Auditoria del IMSS, de Hidalgo, Margarita Espinosa Ruiz, firmó el acta de notificación del fallo de la adjudicación directa mixta que favoreció a la empresa de León Bartlett, Cyber Robotics.
6.- Vale recordar que ese mismo 17 de abril, cuando Cyber Robotics resultó ganadora de la adjudicación, ya estaba en vigor el nuevo Reglamento de la Función Pública decretado por el presidente Obrador, en el Diario Oficial del 16 de Abril. Es decir, que la Secretaría de la Función Pública es coparticipe de tal contratación, a través del Órgano Interno de Control.
7.- Y es que, por si no lo sabían, la página de transparencia del IMSS establece que “El Órgano Interno de Control representa a la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social”.
8.- ¿Por qué razón, entonces, el Órgano Interno de Control de la SFP, no se enteró del conflicto de interés de la empresa Cyber Robotics, si su papel era “prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción”?
9.- ¿O será que el presidente Obrador firmó el decreto que expidió el Nuevo Reglamento de la Función Pública, justo para favorecer a las empresas familiares de su amigo, Manuel Bartlett?
10.- Queda claro que el presidente Obrador y la señora Sandoval sabían que la licitación de equipo médico favorecía a la empresa de León Bartlett. Por tanto, son juez y parte y deben excusarse de la investigación.
Y si dudan del engaño y la trampa, la titular de la Función Pública dijo, desde el viernes 1 de mayo, a través de uno de sus subordinados del Órgano de Control Interno, del IMSS, que se inició una investigación.
¿Qué van a investigar? ¿Qué desde Palacio el presidente favoreció a Bartlett? ¿Qué la SFP es parte de la trama fraudulenta?
Al tiempo.
