Al menos tres candidatos de oposición que ganaron el cinco de junio, crecieron su popularidad con la promesa de enviar a prisión a los gobernadores salientes. Nos referimos a Miguel Ángel Yunes de Veracruz, a Javier Corral de Chihuahua y a Carlos Joaquín González de Quintana Roo.
Los tres virtuales gobernadores aprovecharon el mal desempeño de los gobernadores salientes –Javier Duarte, en Veracruz, César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo–, para montar verdaderos circos mediáticos, y para asegurar que una vez en el poder, enviarán a prisión a sus antecesores.
A su vez, los mandatarios que van de salida explicaron que los señalamientos en su contra son, en buena medida, parte de las campañas de contraste que marcaron la elección.
Algunos, como Javier Duarte, insisten en que las versiones acusatorias no tienen fundamentos. De hecho, el señor Duarte propuso desaparecer el fuero a los gobernadores, para que se le investigue como se debe.
Y otros, como Jaime Rodríguez “El Bronco” –en Nuevo León–; prometieron mandar a prisión a su antecesor –Rodrigo Medina–, pero convirtieron el tema en un ariete mediático y en una táctica política.
Por eso preguntamos, ¿podemos creer en las amenazas de los candidatos? ¿deben preocuparse los gobernadores salientes?
Para el Maestro Jorge Lara, exsubprocurador jurídico de la PGR, lo importante no es enviar a prisión a los gobernadores sino evitar la impunidad.
En entrevista para La Otra Opinión, Lara dijo que la prisión de los exgobernadores no acaba con el problema. En realidad, sería más provechoso que se diseñen cruzadas contra el peculado, el desvío de recursos, o el enriquecimiento ilícito; antes de encerrar a los malos gobernantes.
Para Lara, es elemental que se vigile a los gobiernos salientes; que se evite la desaparición de evidencias o el maquillaje de cifras y que más allá de las cacerías mediáticas, se trabaje en cerrar el paso a las malas prácticas y a la corrupción.
Finalmente, el Maestro Jorge Lara urgió a destrabar las negociaciones de las leyes de combate a la corrupción. Y es que mientras no existan mecanismos e instituciones que investiguen y sancionen a los funcionarios corruptos, los gobernadores abusivos seguirán quedando impunes.
