La pérdida del Estado de Derecho en México, ha sido exhibida por múltiples acontecimientos que afectan el orden jurídico, económico, político social y militar.
Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, junto con los familiares de los 43, y simpatizantes de ambos, han colocado a la autoridad de Palacio Nacional en situación endeble, al sentirse usados por el poder político y manifestar el incumplimiento de compromisos que no han podido realizarse respecto a la devolución, con vida o con la identificación de los cuerpos o con los responsables de esa tragedia, que va a cumplir diez años.
Las manifestaciones a la Ciudad de México, la toma de casetas o tramos de la Autopista del Sol, o los apoyos económicos gubernamentales, no ha podido limitar el malestar de los familiares y simpatizantes de las víctimas.
CAMPAÑAS EN MEDIO DE VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN
La escalada reciente condujo a la destrucción de una puerta de acceso a Palacio Nacional, la guarnición militar que resguarda el inmueble y a las personas que ahí laboran o viven, no ha tenido capacidad de respuesta, de hecho el presidente ha pedido que no se realice un proceso judicial de investigación ni de acción alguna en contra de quienes realizaron el ataque; días después, uno de los manifestantes que participó en esa acción de ataque, falleció por policías que mantenían un retén en la carretera que va de Chilpancingo a Tixtla, donde se ubica la Normal de Ayotzinapa, posteriormente el policía que había sido retenido, pudo escapar del penal local en que estaba recluido.
Al mismo tiempo, las instalaciones de la Fiscalía Estatal de Guerrero, fueron atacadas con bombas molotov por manifestantes normalistas, causando heridas por esquirlas y clavos del personal que labora en la Fiscalía, previamente habían quemado vehículos de la dependencia y la Guardia Nacional, reteniendo secuestrados al
menos a dos elementos de seguridad.
¿EL PRESIDENTE, UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL?
Estos eventos ocurren junto con la difusión de golpes, amenazas, tortura y secuestro de dos transportistas del servicio público, en Acapulco, que expone el crecimiento e impacto del derecho de piso por parte de la delincuencia; desde el año pasado y más recientemente el transporte público, y los operarios y algunos de sus dirigentes han sido objeto de vejaciones y muertes por parte de quienes desean controlar a los transportistas, a los gobiernos municipales, a los grupos de autodefensa y a la población en general, afectando la movilidad social por semanas; el control de servicios públicos, de compra venta de productos como el pollo, la carne, las tortillas, y varios más, ocurre en Chilpancingo, Acapulco y en varias comunidades del estado, la violencia criminal ha impuesto el terror en casi todo el estado, y la autoridad responsable de la seguridad y justicia ha sido rebasada por estos grupos delincuenciales, sea la Familia Michoacana, los rusos, los tlacos, los ardillos y cualesquiera otro grupo que impone sus reglas, controla y mantiene en estado de indefensión a la población guerrerense.
El polvorín social en que se ha convertido la entidad, las muertes ocurridas, la indignación por los ataques de que han sido objeto los guerrerenses, la indiferencia de la autoridad por atender esta situación, presenta los rasgos de una pronta guerra por justicia y de defensa por propia mano, un enfrentamiento que puede conducir a un baño de sangre que destruya la gobernabilidad en Guerrero.
MIEDO O COMPLICIDAD FRENTE A LA DELINCUENCIA
Si bien esta situación ya lleva demasiado tiempo y ocurre en otras partes del país, como se ha visto y exhibido en los recientes eventos en Guerrero, en sus ciudades y comunidades, en sus carreteras y calles, la violencia va en ascenso.
La constante violación de la ley y que haya sido rebasada la autoridad en sus tres niveles de gobierno por estos grupos criminales, muestra la impunidad en que actúan. El tiempo no borra estas huellas en las personas y familias que han sido atacadas, esperemos que pronto, aún en proceso electoral, se tomen en serio estos hechos de violencia, producto del enfrentamiento y control de plazas, que muchas veces cuenta con el contubernio de la autoridad local.
La inseguridad cabalga en Guerrero y todo México.
