Durante el segundo año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se disparó la letalidad del Ejército a tal grado que, en el 2020, en enfrentamientos con la delincuencia organizada murieron 39.5 civiles por cada militar fallecido.
Esta cifra, que forma parte de un extenso análisis elaborado con información oficial por la organización social Intersecta.org, rompió el récord en la materia de los últimos 15 años.
La cifra también desmiente al primer mandatario, quien el pasado 31 de marzo declaró que en su gobierno “impera el respeto a los derechos humanos”, mientras que con Calderón “había más muertos que detenidos” y “la letalidad estaba hasta arriba”.
De acuerdo con el análisis de Intersecta.org, durante el 2020 hubo 260 enfrentamientos en los que estuvieron involucrados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante los cuales murieron 237 civiles y solo seis militares.
Además, durante el año pasado, en el 26 por ciento de los enfrentamientos –la cuarta parte— todos los civiles involucrados en tales eventos murieron. Es decir, no hubo civiles ni heridos ni detenidos, todos perdieron la vida sin que ningún militar resultara ni herido ni muerto.
Durante el 2019 la cifra fue del 18 por ciento, lo que habla de un incremento importante de los eventos en los que los elementos del Ejército barren con los sicarios de la delincuencia organizada sin dejar ni heridos ni detenidos.
Otro dato interesante es que durante el 2020, de los civiles que murieron en enfrentamientos con el Ejército, el 71 por ciento perdió la vida en eventos en donde no hubo ni heridos ni detenidos.
Se trata de enfrentamientos en los que, al final, los únicos que quedan como testigos son los militares, pues no queda vivo ninguno de quienes participaron de parte del crimen organizado.
El incremento en los índices de letalidad del Ejército es alarmante, porque habla de una falta de control en el uso de la fuerza por parte de la institución que puede derivar en violaciones a los derechos humanos y en un obstáculo a la procuración de justicia, al no dejar vivos a quienes podrían fungir como testigos en los procesos judiciales.
Sin embargo, no le puede atribuir al Ejército toda la responsabilidad sobre este incremento en la letalidad y mucho menos se le puede pedir que busque disminuir su capacidad de fuego al enfrentar a la delincuencia organizada.
Hacerlo equivaldría a pedirle a las Fuerzas Armadas que permitan algunas muertes de militares para que no solo haya sicarios muertos durante los enfrentamientos y se evite así la crítica de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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Las fuerzas armadas, lo hemos dicho en otras ocasiones, están adiestradas para la guerra, es decir, para el uso de las armas encaminado a buscar el mayor daño al enemigo y evitar el propio. No se les puede pedir a los militares que se comporten como policías.
El problema está, entonces, en los civiles que están en el gobierno y que obligan a los militares a salir a las calles para enfrentar a la delincuencia organizada, a falta de una policía especializada y confiable que cumpla con esa función.
El presidente López Obrador no solo no ha promovido el regreso de los militares a los cuarteles, sino que ha incrementado su uso en tareas de policías, con las consecuencias ya descritas.
Actualmente hay cerca de 146 mil elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional –híbrido formado con policías militares, policías navales y ex policías federales— en labores de combate contra la delincuencia organizada, una cifra que supera con mucho las de los dos sexenios anteriores.
Mandos militares están además en diversos cargos de gobierno, en el Instituto Nacional de Migración, en las aduanas y en proyectos de obra pública, como el Tren Maya.
La militarización de la vida nacional que ha llevado a cabo el presidente López Obrador tiene consecuencias. Insistimos: no podemos pedirle a los militares que “le bajen” a su índice de letalidad. Lo que debemos hacer es promover que dejen de hacer una labor que le corresponde a las policías.
OFF THE RECORD
**IMPUESTO A NETFLIX
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para imponer un impuesto del 7 por ciento a Netflix y a todas las plataformas de servicios de streaming.
La propuesta afectaría a empresas creadoras de contenido como Apple Tv, Disney +, Hulu, Netflix, Roku y otras.
Pero quien pagará el pato será, claro, el consumidor final.
**SALGADO, CON LA CONTRA
El expediente de Félix Salgado Macedonio fue turnado al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ildafer Infante Gonzales, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia.
Ildafer se ha caracterizado por asumir posiciones contrarias a la del presidente del Tribunal, José Luis Vargas, quien abiertamente simpatiza con la causa de Félix.
La resolución del TEPJF sobre el caso Félix es de pronóstico reservado.
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